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Para ayudar a esclarecer si hay personas desparecidas en la zona de influencia del megaproyecto de Hidroituango, ubicado al norte de Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que buscar pruebas en el laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia. Allí reposan 349 cuerpos de tres municipios de influencia del megaproyecto, que fueron exhumados a través de un convenio entre esta universidad y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En marzo del año pasado, en los medios de comunicación salió la noticia de que EPM había trasladado tres cementerios de la vereda de Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y del poblado La Fortuna (Buriticá), que estaban en la zona del embalse. En ese entonces, la compañía aseguró que se trataba sólo de una actividad que hacía parte del plan de manejo ambiental del proyecto y de una petición de las comunidades para trasladar sus muertos.
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Sin embargo, esta historia volvió a salir a flote y no precisamente sólo como una actividad más de este plan. Los magistrados de la JEP decidieron indagar sobre esta decisión de exhumar los cadáveres de la comunidad de Orobajo, donde se encontraba principalmente la comunidad indígena Natube, en medio de la audiencia sobre las medidas cautelares sobre la zona de influencia de Hidroituango, que incluye 12 municipios, solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Movimiento Ríos Vivos.
En la diligencia judicial, que se lleva acabo este 8 y 9 de octubre, en Medellín, ni EPM ni autoridades gubernamentales, como el Ministerio del Interior o la Gobernación de Antioquia, han salido ilesas de los reclamos de los togados, que durante ocho horas interrogaron a funcionarios sobre las medidas que han tomado para indagar o proteger a las personas desaparecidas que, de acuerdo con las comunidades y organizaciones civiles, están en este territorio.
De acuerdo con las cifras del Movice, cerca de 600 desaparecidos se encuentran en la zona de influencia de la hidroeléctrica. De ellas, 287 estarían en Ituango, 236 en Puerto Valdivia, 65 en Peque, 54 en Briceño, 24 en Sabanalarga y 22 en Toledo. Pero la respuesta de las entidades llamadas por la JEP no dan cuenta de este flagelo.
Una de las intervenciones que más preocupó a la JEP y la Procuraduría, que también participó en la audiencia como garante de los derechos de las víctimas, fue la decisión de EPM de trasladar los cementerios nombrados anteriormente sin tener en cuenta realidad de la desaparición forzada que se vivió en la región, principalmente, en la década de los 90 y los primeros años del 2000, a causa de las incursiones paramilitares y la presencia de grupos guerrilleros.
Aunque la antropóloga Timisay Monsalve Vargas intentó explicar en reiteradas ocasiones que la actuación de su equipo se hizo bajo los parámetros de la ley y con el permiso de la Fiscalía General de la Nación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento expresó su preocupación, por un lado, por la falta de acompañamiento del ente investigador en estos procesos. Y, por el otro, por los procedimientos científicos realizados por el grupo de investigadores sin tener la certeza de que los cuerpos que allí estaban inhumados no eran víctimas del conflicto armado colombiano. Monsalve aseguró que sólo dos cuerpos tenían traumas, pero no se analizó si estaban relacionados con hechos violentos.
“Nosotros preguntamos primero a la Fiscalía si esos cuerpos estaban en procesos legales. Nos dijeron que no y por eso continuamos con la exhumación. Nosotros no podemos intervenir ningún sitio que tengan alguna prioridad o archivos abiertos de procesos legales… si hubiéramos sabido que eran víctimas no hubiésemos intervenido”, respondió Monsalve.
Sin embargo, esta respuesta no dejó satisfechos a los magistrados, quienes cuestionaron que este grupo realizara prácticas y protocolos forenses, como la ficha antemortem, que sirve para la identificación de un individuo, aunque la investigadora insista en que sólo se trataba de una práctica “bioantropológica” que se realizó junto con la comunidad.
Pero este hecho no fue el único que inquietó a la JEP. Otra de las preocupaciones que salió en medio de la audiencia fue la ausencia de la problemática de la desaparición en el plan de manejo de Hidroituango. Si bien EPM afirmó a la jurisdicción que la Fundación Socya era la encargada de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para la megaobra, el representante de esta organización, Jorge Iván Arango, dijo que no era cierto.
“Nosotros sólo anotamos lo que nos contó la población barequera de tomar los cadáveres y enterrarlos en las playas del río y se lo contamos a EPM. Luego la compañía le transmitía esa información a la Fiscalía. Nosotros volvíamos a ayudar en el acompañamiento de los procesos de exhumación”, agregó Arango.
Contradiciendo a EPM, dejó claro que Socya no presta ese servicio y que la información que tenía sobre 32 enterramientos aislados solo hacían parte de un componente de reconstrucción de memoria cultural: “Ahí llegaba la información de qué hacían ellos con los cadáveres. Pero no era una enfoque para buscar a las víctimas, sino más bien cultural, es decir, de su acercamiento con la muerte. No era nuestra prioridad la búsqueda de lugares de inhumación de personas dadas por desaparecidas”.
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El magistrado relator, Gustavo Salazar, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar por qué esta fundación no abordaba la desaparición forzada si su labor, de acuerdo con la declaración de Arango, era articular la relación entre la empresa privada y las comunidades afectadas por Hidroituango y diseñar el plan de manejo social de acuerdo con las necesidades y las realidades de estas.
Pero quien llevó la peor parte fue el Ministerio del Interior que debió hacer valer el derecho de las comunidades afectadas por el proyecto. La Sección de Ausencia de Reconocimiento citó a la entidad a la audiencia para que diera una respuesta sobre por qué sólo se hizo hasta 2017 el reconocimiento de la comunidad indígena Natube, a pesar de que el país sabía de su existencia e incluso de la masacre que vivió en 1998.
También quería indagar en la realización tardía de la consulta previa, un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos cuando se van a realizar proyecto de infraestructura o explotación en sus territorios ancestrales, entre esta población y EPM. La magistrada María del Pilar Valencia señaló que no hay excusas para no haberla llevado a cabo, pues esta comunidad, a pesar de haber sido reconocida de manera tardía por el ministerio, estaba en el territorio y era posible su ejecución.
Sin embargo, Hilduara Dianasneth Barliz, directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y Luis Fernando Bastidas Reyes, director de Consulta Previa, encargados de responder ante la JEP, no sólo no entregaron la información sino que tampoco asistieron a la audiencia. Como resultado, la JEP decidió abrirles un incidente de desacato en su contra. Los magistrados expresaron que no permitirán acciones, como la evasión, omisión o displicencia de las responsabilidades de las entidades, que pueden amenazar o truncar derechos de las víctimas y que incluso podrían revictimizarlas.
Finalmente, y no por eso menos importante, la JEP le llamó la atención a la Gobernación de Antioquia como accionista mayoritario de EPM por no indagar con la importancia que amerita la protección de las zonas donde hay personas desaparecidas. Cuando le preguntaron a María Clara Sierra, directora de derechos humanos, sobre el universo de las víctimas de desaparición forzada en el departamento, la funcionaria no dio una sola cifra. Sólo aseguró que su cartera “se limita a los números de la Fiscalía General de la Nación”, a pesar que, de acuerdo con la Ley de Víctimas, una de sus labores es tratar de ofrecer atención a las víctimas que, por miedo o desconfianza, deciden no denunciar sus casos.
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Sierra mencionó que dentro de las acciones de la Gobernación para ayudar a las víctimas de desaparición forzada están los proyectos con sepultureros, cartillas de pedagogía y una mesa técnica de desaparición forzada. Pero los magistrados recalcaron que estas medidas son insuficientes. De hecho, le preguntaron por los indicadores en el plan departamental sobre el caso puntual de la desaparición forzada, sin embargo, tampoco hubo respuesta.
Sin duda, una de los momentos más tensos de la audiencia fue cuando el magistrado Alejandro Ramelli preguntó: “¿Hoy para ustedes hay desaparecidos en la zona de Hidroituango?”. En un principio, respaldándose en las versiones de las víctimas, la funcionaria dijo que sí. Pero minutos más tarde se retractó y agregó: “No le puedo dar un sí exacto de si hay desaparecidos en la zona”. De inmediato, la Procuraduría se declaró insatisfecha con la respuesta de la Gobernación, pues teniendo en cuenta que es socia mayoritaria del proyecto hidroeléctrico debería develar por las implicaciones jurídicas que tenga el desarrollo de la obra y establecer si en el área de construcción hay sitios de inhumación.
Mientras los funcionarios pasaban a declarar sobre sus acciones, las organizaciones sociales y los campesinos y campesinas de la región, que durante años han denunciado la existencia de fosas comunes en las zonas donde se construyó Hidroituango, no pudieron evitar las lágrimas. Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos, recordó que fueron ellos y ellas quienes tuvieron que enterrar los cuerpos que bajaban por el río Cauca. Les pidió a los magistrados que, en nombre de las víctimas, no sólo tengan en cuenta los 12 municipios que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dice que fueron afectados, sino el total de 27, que los movimientos sociales han registrado.
Las organizaciones destacaron que hoy en el país hay alrededor de 100.000 víctimas de desaparición. Por eso creen tan necesaria la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que actualmente avanza en su diseño del Plan Nacional de Búsqueda y que acompaña, desde su labor humanitaria, estos casos de las otras entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, según su directora Luz Marina Monzón.
Martha Soto, integrante del Movice, les pidió a los magistrados no olvidar que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales “son la consecuencia de intereses políticos y económicos en los territorios”. Y también, según ella, de empresarios nacionales y extranjeros ligados a proyectos minero energéticos, ganaderos o terratenientes “sin ningún tipo de ética y respeto por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, que han impuesto sus proyectos de explotación de los recursos naturales por encima de la vida, la seguridad y la dignidad de sus pobladores”.
Al cerrar la audiencia los campesinos y campesinas hicieron una presentación musical en la que narraron, a través del canto, cómo llegaban los cuerpos hasta las playas donde ellos trabajaban como barequeros. Con la misma tristeza de ese entonces, mostraron a los magistrados de la JEP que su intención siempre ha sido darles una sepultura digna a esas personas desaparecidas. Ahora están a la espera de la segunda parte de la audiencia, que se lleva a cabo hoy, en la que se espera la intervención de los miembros del partido Farc, la organización Equitas, la Fiscalía y el colectivo José Alvear Restrepo.