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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio un ultimátum de tres días hábiles (que comenzarán a partir de la recepción del documento judicial) al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para que entregue toda la información que esta justicia le había solicitado sobre la colección “Voces para Transformar a Colombia”, que al parecer habría sido modificada por esta entidad sin consentimiento de las víctimas del conflicto armado que participaron en su construcción.
La decisión se tomó luego de que el pasado 10 de junio la JEP le ordenara al Centro enviar la información anteriormente mencionada en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción del documento (cumplidos el 26 de junio). Sin embargo, el CNMH no ha respondido con la orden judicial.
En esa misma orden, la JEP rechazó la solicitud que había enviado el CNMH, en la que le pedían no estudiar las medidas cautelares a esta colección, que es el primer piloto de lo que sería el Museo Nacional de Memoria. La magistratura insistió en ese momento en que el caso debe ser estudiado en audiencia pública y, por un término de 90 días, ordenaron proteger esta obra.
Los documentos que el CNMH deberá enviar a la JEP son el guión museológico actual, modificado recientemente por el Centro; el guión original, creado con las víctimas del conflicto armado en la administración pasada; el documento y una matriz donde el Centro explique los cambios realizados en el guión y su justificación; una copia de todas las actas de reuniones del Consejo Directivo en las que se haya abordado el tema del guión y el proyecto del Museo Nacional de Memoria; listados de asistencia, archivos, matrices y bases de datos de las reuniones con las víctimas relacionadas con este proyecto y, finalmente, los trabajos de expertos que hayan emitido opiniones, informes, consultorías o contratos relacionados con esta obra.
De no cumplir con este requerimiento, la JEP señaló que podría acarrear la apertura de un incidente de desacato, que terminaría en sanciones de carácter policivo y disciplinario, pues estas decisiones y solicitudes “son vinculantes y de obligatorio cumplimiento”, se menciona en el auto 090 de 2020, conocido por este diario.
La magistratura le recordó al Centro que debe acatar sus órdenes, “no sólo por el carácter especial de esta Jurisdicción en cuanto a su término de duración, sino por la entidad de su competencia respecto al respeto y garantía de los derechos de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición” creado después del Acuerdo de Paz.
Además, explicó que este proceso no debe verse como “una amenaza a sus competencias, o una violación de sus derechos sino, muy por el contrario, una garantía procesal – por lo demás ineludible-, así como una oportunidad para cumplir sus deberes y prestar su colaboración o participación efectiva a la realización de los derechos de las víctimas y la consecución de la paz”.
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La Jurisdicción Especial comenzó este proceso de protección después de que el senador Iván Cepeda Castro, el 19 de diciembre del año pasado, expresó a los magistrados que esta obra estaba en en riesgo por la “eliminación de expresiones, metáforas museológicas, afirmaciones, cifras y guías de visita al museo” de una manera arbitraria y sin consultarlo con las víctimas.
Sobre este hecho, el CNMH señaló que las modificaciones realizadas al guión obedecieron a “aspectos locativos de los lugares donde se realizaron las exposiciones”. Y agregó que la obra no es la única forma de mostrar “los horrores del conflicto armado y reparar a las víctimas” y que, para ser precisos, se trataba de un proyecto de piloto, lo que significa que está en construcción. Según la dirección del Centro, no realizar modificaciones en esta administración sería “un desconocimiento de las voces de la sociedad que se pronunciaron frente a la muestra experimental”.
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Los magistrados de la Sección le respondieron que seguirán adelante con su estudio, “basados en los principios de la justicia transicional y en la garantía de los derechos de las víctimas”, hasta el momento de la audiencia pública, que programaron para tener una amplia discusión con universidades, organizaciones, víctimas y expertos sobre la obra y las recientes decisiones.