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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través del Auto 023 decretó una medida cautelar sobre varias zonas del cementerio La Dolorosa, ubicado en Puerto Berrío (Antioquia), donde, según investigaciones forenses, estarían enterrados al menos 400 cuerpos de víctimas de desaparición forzada que están en peligro por exhumaciones irregulares, el mal tratamiento de los cuerpos no identificados por parte de la comunidad y los riesgos ambientales a los que se ven expuestos. Estos factores, según el documento judicial, “amenazan la posibilidad de recuperarlos y entregarlos de manera digna a sus familias”.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento, que es la encargada de decretar estas medidas cautelares y garantizar la protección de los sitios donde se presume que podría haber cuerpos de personas desaparecidas, identificó 352 puntos de interés forense, entre los que están cinco osarios comunes y una “celda común” donde habría 42 cuerpos que fueron exhumados ilegalmente por la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (quienes administran este cementerio).
Sobre el primer caso, la JEP le prohibió a la parroquia exhumar o inhumar cuerpos en algunas zonas específicas del cementerio que serán protegidas hasta que otras entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), la Fiscalía o Medicina Legal adopten los protocolos adecuados para los desenterramientos e identificación de cadáveres. En el caso de la celda, el documento judicial especifica que "se realizará una inspección judicial con el fin de recibir los cuerpos que presentan el mayor nivel de amenaza y que fueron ubicados por la parroquia en una ‘celda de custodia’ que no reúne los requerimientos técnicos para la conservación y cuidado de restos óseos”.
(Vea: JEP decretó medida cautelar preventiva a cementerio Universal de Medellín)
Además, los togados le pidieron al alcalde de Puerto Berrio que haga un encerramiento perimetral del área del cementerio municipal por un término de dos meses (a partir de la recepción de la orden judicial) y que, junto a la Personería, realicen campañas de sensibilización para evitar prácticas que puedan afectar estos lugares en los que podría haber rastro de, por lo menos, 400 personas desaparecidas. Esta medida se adoptó luego de que el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda hiciera la petición formal a la JEP y a la UBPD de hacer pesquisas judiciales en este lugar.
El Movice ha solicitado protección a la JEP sobre 17 lugares en todo el país donde se presume que podrían haber cuerpos no identificados. Según el Auto mencionado, argumentaron que por el contexto histórico de conflicto que se ha vivido en el municipio, era pertinente decretar la medida cautelar: “Puerto Berrío Antioquia, es un municipio rivereño altamente afectado por la violencia y el conflicto armado. Se conoce que las personas desaparecidas por los grupos armados eran arrojadas al río o enterradas en el cementerio municipal. Esto fue confirmado con declaraciones en versiones libres que dieron distintas personas desmovilizadas de los grupos paramilitares”, se lee en el documento.
De acuerdo con la información recopilada por la JEP, autoridades municipales reportaron que en este lugar existen bóvedas con cuerpos no identificados que han sido “adoptadas” por la comunidad quienes “les colocan nombres, lo que dificulta la obtención de la información”. Asimismo, el secretario de Gobierno del municipio le dijo a esta entidad que "hasta el momento estas inhumaciones no se han coordinado con ningún juez ni fiscalía, únicamente atendiendo a la necesidad pastoral antes mencionada (atendiendo a la necesidad de contar con disponibilidad de bóvedas para nuevas inhumaciones de caridad). Ahora bien, los restos sacados de dichas bóvedas se proceden a guardar en 'celdas de custodia’ debidamente identificados con los datos con que contaba la placa de la bóveda en que se encontraban inhumados”.
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Para la magistratura “es necesario adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los lugares donde se ha evidenciado que existe presuntamente cuerpos no identificados de víctimas del conflicto en riesgo (...) y que sin lugar a dudas constituyen además de un significado moral y espiritual para los familiares de las víctimas, evidencias o medios de prueba de los delitos que sobre sus familiares se hayan perpetrado”.
La decisión llega después de que, en marzo de este año, antes de la cuarentena nacional, la JEP comenzara a inspeccionar este cementerio en búsqueda de posibles víctimas de la violencia que podrían haber sido enterrados como N.N. y que, según organizaciones sociales, muchos cuerpos no identificados eran encontrados en el río Magdalena y enterrados sin más rastros. Este fue el segundo municipio de Antioquia, después de Dabeiba, donde Sección de Ausencia de Reconocimiento de la jurisdicción comenzó las inspecciones forenses.