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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un nuevo presidente: se trata Eduardo Cifuentes Muñoz, magistrado de la Sección de Apelación. Desde este momento y durante los próximos dos años, Cifuentes será la voz del Tribunal de Paz ante las otras entidades del Estado y organismos del mundo. En su mandato lo acompañará Alexandra Sandoval Mantilla, togada de la Sala de Amnistía e Indulto, como vicepresidenta.
La decisión se tomó en sala plena virtual, en la que participaron 33 de los 38 magistrados. El único postulado para el cargo fue Cifuentes, quien ganó por 29 votos contra el voto en blanco, que obtuvo cuatro. Por su parte, la vicepresidenta Alexandra Sandoval obtuvo 22 votos, superando a Sandra Castro, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (otra de las candidatas a la vicepresidencia), quien alcanzó los 10 y un voto blanco.
Según relataron fuentes a este diario, con la aprobación del quórum y la presencia de una comisión escrutadora y la Procuraduría General de la Nación, los togados ejercieron su deber de elegir al nuevo presidente y vicepresidenta a través de una herramienta tecnológica. El voto, a diferencia de otros tribunales, fue secreto “para mantener la armonía dentro de la Jurisdicción”, señaló un asistente.
(Puede leer también: El pulso por la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz)
Cifuentes fue magistrado de la Corte Constitucional desde 1991 hasta el 2000, y presidente de esta corporación en 1999. Tan solo un mes después de dejar este cargo fue Defensor del Pueblo hasta 2003. En la Corte lideró cambios doctrinales sobre el derecho al mínimo vital, el derecho a la igualdad, la acción de tutela contra sentencias judiciales, los estados de cosas inconstitucionales, la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, la titularidad de derechos en cabeza de las comunidades étnicas, el control de la declaratoria de los estados de excepción y la autonomía territorial, entre otros asuntos.
“Es un jurista importante y destacado, una persona con credibilidad y respeto. Como magistrado de la Corte Constitucional lo hizo muy bien. Cuando se desempeñó como defensor del Pueblo no concluyó su periodo, renunció”, contó otra fuente a este diario. Como defensor del Pueblo creó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el mecanismo de las resoluciones defensoriales y promovió la ratificación del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional).
Su renuncia a la Defensoría del Pueblo, según su versión, fue para dirigir la oficina de derechos humanos de la Organización Educativa, Científica y Cultural de la ONU (UNESCO). Lo cierto es que desde esta entidad fue un crítico de las políticas del presidente Álvaro Uribe, entre ellas, la suspensión de garantías fundamentales en las “zonas de rehabilitación” de los departamentos de Arauca y Bolívar, así como los intentos para restringir los fondos de los defensores públicos encargados de la defensa legal de los pobres.
Este oriundo de Popayán (Cauca) también ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes desde 2005 a 2011. Durante este tiempo hasta que llegó a la JEP fue socio y gerente de Cifuentes & Cifuentes abogados, bufete en el que tuvo clientes como Bancolombia.
La jurista Catalina Botero, quien fue su magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y lo acompañó en su paso por la Defensoría del Pueblo, le dijo a Colombia 2020 que Cifuentes es un jurista integral: “Entiende la estructura del sistema jurídico, sus categorías e instituciones, y en ese sentido puede puede mover con total tranquilidad por las distintas ramas del derecho, que no es usual. Es buen abogado en derecho civil, comercial, privado, pero también público”.
Botero agregó que “es una persona profundamente íntegra, que no tiene otra agenda más allá de la que asume con la institución para la cual trabaja”. Y resaltó su rigurosidad, estudio juicioso de los problemas sociales, capacidad de escucha y de reconocimiento de los otros, cualidades que, cree, son fundamentales en ámbitos novedosos como la justicia transicional.
En la Jurisdicción Especial, Cifuentes asumió el cargo de presidente de la Sección de Apelación y fue quien salió a los medios de comunicación a explicar la decisión de la JEP de por qué negaron la entrada a Alberto Santofimio y Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Si bien dentro de la JEP aseguran que “se ha caracterizado por ser un hombre prudente” y tiene "cancha en manejar las tormentas y sabe cómo alejarse de las tensiones que puedan presentarse”, también señalan que, al igual que Patricia Linares, quien respaldó su candidatura, defiende la autonomía y estructura de la JEP.
En una de las múltiples ocasiones en las que el Centro Democrático ha querido transformar este alto tribunal, Cifuentes le dijo a este diario que cambiar la estructura de esta nueva justicia podría abrir la puerta para una Corte Penal Internacional. Agregó que “los órganos del Estado deben colaborar y asumir como función propia los encargos que provengan de la propia JEP”. En la Jurisdicción esperan que siga asumiendo esta postura.
Cabe recordar que ahora el magistrado Cifuentes deberá ser “la representación social e institucional y la vocería única de la jurisdicción”; ser el canal de comunicación con otras entidades, como la Fiscalía, y encargarse de la coordinación con los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, es decir, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Por otro lado, la nueva vicepresidenta Alexandra Sandoval ha centrado su carrera profesional jurídica y académica en la protección de los derechos humanos. Fue abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este tribunal internacional estuvo a cargo del manejo de expedientes y pruebas en casos de graves violaciones, y realizó el análisis jurídico para cada caso. También fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado en 2016.
Hizo una maestría en derechos humanos y derecho penal internacional en Utrecht, Holanda, donde también estuvo en contacto directo con los tribunales penales internacionales. Fue la encarga de la línea de justicia transicional de Women’s Link Worldwide, una organización que usa el derecho para lograr la protección de las mujeres y niñas y que trabajó por la implementación del enfoque de género establecido en el Acuerdo de Paz.
En la JEP ha sido coordinadora de la Comisión de Género, que tiene la misión de eliminar las barreras de acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTI y garantizar que las decisiones que emita esa entidad protejan sus derechos.
De acuerdo con el reglamento de la JEP, en ausencia de la presidencia, la vicepresidencia tendrá las mismas funciones y atribuciones. En caso de que la ausencia de Cifuentes sea absoluta, Sandoval deberá asumir el cargo de presidenta por lo que reste del periodo. Por el volumen de trabajo, quien sea elegido presidente se le reducirá el reparto de asuntos de sala o sección en un 75%. También habrá una reducción en el reparto en un 50% a quien sea elegido vicepresidente.
Para Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, hay varios retos que ambos deberán enfrentar, como “avanzar rápidamente en las primeras grandes decisiones de la JEP, como las resoluciones de conclusiones”, al menos, en los casos de secuestro y los mal llamados “falsos positivos” .
También, según Ospina, deberán trabajar en la confianza y reputación de la institución, promover apoyos nacionales e internacionales y generar mayor cohesión interna. Eso sin contar que deberá “atender un contexto complejo en el que continuarán las propuestas de reforma de la JEP y ataques a su labor”. Será especialmente desafiante el contexto electoral, pues se acercan las campañas presidenciales que inician en 2021.