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Seuxis Paucias Hernández, o Jesús Santrich, fue ayer un hombre libre por escasos segundos. Contaba en su favor con la orden de liberarlo inmediatamente que dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 15 de mayo. Esa orden, además, estaba secundada por el Tribunal Superior de Bogotá, que el viernes en la mañana le otorgó un hábeas corpus y reconoció que su detención ya era “arbitraria”. El viernes en la tarde, su libertad parecía una realidad: en silla de ruedas y vestido de blanco, Santrich cruzó la puerta de salida de la cárcel. Pero su deseo de ser libre se diluyó ante hombres del CTI que le informaron que estaba de nuevo capturado.
Mientras los noticieros mostraban los momentos de confusión que se vivían en La Picota, donde ni Santrich ni sus abogados daban cuenta de lo que sucedía, la Fiscalía envió un comunicado de prensa en el que notificó que, “como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández”. Una de esas pruebas, anunció el ente investigador, es “la declaración del señor Marlon Marín”.
Así quedó claro que la Fiscalía abrió un proceso contra Jesús Santrich por los mismos hechos por los que Estados Unidos lo requiere en su territorio, pues Marín fue capturado el mismo día que Santrich (9 de abril de 2018) y es quien aparece hablando en todos los videos y audios que se han conocido en este caso. Días después de su detención, Marín viajó a Estados Unidos, tras una negociación con la DEA, para volverse testigo de la supuesta red de narcotráfico. Según Noticias Caracol, el mismo miércoles que la JEP ordenó la libertad de Santrich, Estados Unidos le ofreció a la Fiscalía las evidencias que hoy lo tienen de nuevo detenido.
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“Colombia es suscriptora del Convenio de Viena, que obliga a los Estados a perseguir delitos como el narcotráfico. También llama a la cooperación internacional, y extraditar es una forma de cooperación. Pero si un Estado decide no extraditar a un ciudadano, tiene la obligación de investigar el delito. Hasta ahí se entiende que no hay problema con la decisión de la Fiscalía”, le explicó a este diario un reputado penalista. Añadió, sin embargo, que “el problema es que esa decisión de la JEP no está ejecutoriada (pues está pendiente la apelación que presentó la Procuraduría). Se puede generar un vicio o presentar otro conflicto”.
Por este proceso que la Fiscalía recién le abrió, el exjefe guerrillero no puede ser extraditado. El ente investigativo tiene 36 horas para legalizar su captura y luego proceder a la imputación de cargos. Es decir, debe comunicarle cuáles son los hechos por los cuales le abre oficialmente una investigación. En esa audiencia se espera que se ventilen detalles de las nuevas pruebas que, dice la Fiscalía, hay contra Santrich, aunque parece que el organismo pedirá que se realice a puerta cerrada. Una vez la diligencia acabe, la Fiscalía le pedirá al juez de control de garantías que reciba esta papa caliente que deje a Santrich detenido mientras la investigación continúa.
“El narcotráfico es un delito transnacional y, por ende, se puede investigar tanto en Estados Unidos como acá”, explica otro reconocido penalista. “Lo que uno no entiende es por qué la Fiscalía no abrió también un proceso penal acá, cuando Santrich fue capturado con fines de extradición (en abril de 2018). En su momento también contaba con evidencias para ir ante un juez de control de garantías, decirle que era un delito después del 1º de diciembre de 2016 (es decir, luego de la firma del Acuerdo de Paz), pedir su exclusión de la JEP y que lo investigara la jurisdicción ordinaria. Si eso hubiera pasado se habrían evitado todo este show”.
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Una duda que ha surgido tras la recaptura del exlíder guerrillero —que fue uno de los negociadores de las Farc con el gobierno Santos— es si la demora en dejarlo en libertad fue una jugada intencional de la Fiscalía, pues el organismo estaba obligado a acatar el fallo de la JEP, que exigía que Santrich quedara libre de inmediato. O sea, el miércoles pasado. “A ese hombre le prolongaron ilícitamente la privación de la libertad para conseguir nuevas pruebas y dejarlo preso”, dice uno de los penalistas consultados por este diario. “No creo que haya sido a propósito, pero sí extrañan estas coincidencias. Igual lo habrían capturado en otro momento”, dice otro.
Detenido en el búnker de la Fiscalía, a la espera de ser trasladado ante un juez para que se legalice su captura, este viernes cerró para Santrich de una manera tan agitada como empezó, aunque totalmente inesperada para el resultado que tanto él como el partido FARC anhelaban. En la mañana del viernes, el Inpec confirmó que Santrich se había causado daño a sí mismo y que recibió suero, pues llevaba al menos un día sin probar alimentos. La noticia de su lesión se supo horas después de que empezara a crecer en círculos políticos el rumor de que el presidente Duque se aprestaba a declarar el estado de conmoción interior para extraditarlo, el cual fue desmentido.
La conmoción por la nueva detención de Santrich se sintió en varios sectores. Mientras algunos políticos aplaudían la determinación de la Fiscalía, en la sede del partido FARC la desilusión era palpable. “Esta es una afrenta al proceso de paz”, dijo el también exguerrillero Carlos Antonio Lozada.
En la noche, la JEP —que pidió se investigaran posibles irregularidades de parte de la Fiscalía en el recaudo de pruebas contra Santrich— emitió un comunicado en el que señaló que las nuevas pruebas de las que habla la Fiscalía contra el exjefe guerrillero nunca fueron aportadas a su sección de Revisión, que estudió dicho caso. Recordó, además, que al conceder la garantía de no extradición a Santrich, ordenó que, una vez esté ejecutoriada la sentencia, "las autoridades judiciales colombianas investiguen debidamente la conducta que se le imputa al compareciente en los Estados Unidos de América". La sentencia no estará ejecutoriada hasta que ese tribunal resuelva la apelación que anunció la Procuraduría. Mientras, el presidente Duque citaba a su gabinete a reunión de emergencia. “Respetamos la institucionalidad”, dijo la vicepresidenta Ramírez al entrar a Casa de Nariño.
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