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“Desde cuando tomé la decisión de someterme a este proceso de justicia transicional de paz, le juré a Dios, a mi esposa e hijos, a mi familia, amigos, a las víctimas, que participaré de forma decidida, con la confianza y la conciencia de que este camino iniciado a recorrer es el correcto (…) Señoría, hoy como hijo de Dios, absolutamente arrepentido y con la firme convicción de mi acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y la reconciliación del pueblo colombiano, me comprometo a realizar todo lo que esté a mi alcance con el fin de garantizar que dichos hechos atroces no se vuelvan a repetir, con seguridad de que el acto máximo y pleno de no repetición es precisamente contar la verdad plena”. Así empieza el documento del programa de verdad que el exalcalde de Magangué (Bolívar) Jorge Luis Alfonso López le formalizó a la JEP para que lo acepte como tercero civil y agente del Estado que cometió delitos relacionados con el conflicto.
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Alfonso López, procesado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y varios homicidios, actualmente purga una condena de 29 años de prisión por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, perpetrado el 19 de febrero del año 2005. El reportero, que venía revelando detalles sobre el mandatario regional y su familia —incluida su madre Enilce López, más conocida como La Gata—, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto en inmediaciones del Parque de la Energía, en Magangué. Los sicarios le dispararon a mansalva. Como determinador de ese asesinato, Alfonso López fue sentenciado a 29 años de prisión. El fallo concluyó lo siguiente: “Jorge Luis Alfonso López no solo era integrante de las autodefensas en Magangué, sino que las lideró y promovió”. Sin embargo, en su oferta de verdad Alfonso López solo anticipó que tuvo relaciones con grupos paramilitares, pero no reconoció haber sido uno de sus líderes.
En el documento de 59 páginas conocido por El Espectador, el exalcalde insistió en su propósito de aclarar varios crímenes impunes y revelar “las razones que motivaron la comisión de tan execrables y abominables acontecimientos que llenaron de muerte, dolor y lágrimas la zona norte de Colombia”. No sin antes advertir que el sistema judicial fue usado “como herramienta del conflicto para invisibilizar a los verdaderos responsables” y que la Fuerza Pública “participó en esos hechos delictivos involucrando a civiles”. Entre las verdades prometidas, anunció que contará cómo fueron asesinados, desaparecidos y desplazados 10 integrantes de la Unión Patriótica en Magangué a finales de los años 90, “hechos en los cuales tuve participación o conocimiento en forma directa o indirecta, lo que me permite hacer relatos sobre la identificación de los autores intelectuales y determinadores (…) De estos hechos también tiene conocimiento mi señora madre Enilce López”.
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Según explicó, los responsables de ese exterminio nunca han sido procesados. Igualmente ofreció contar cómo se planeó y ejecutó en 1998 la fuga de varios miembros de la organización criminal Las Águilas de la cárcel La Vega de Sincelejo, en donde actuaron miembros de la Policía y el Ejército. “Conozco los nombres, grados, modus operandi y formas de financiación, pues tuve participación”. También se comprometió a destapar cómo algunas autoridades de Sucre involucraron a la población civil, especialmente a comerciantes y ganaderos, en actividades de inteligencia y actos delictivos y cómo integrantes del Inpec facilitaron crímenes para silenciar testigos. “Ayudaré a esclarecer cómo combatió ilícitamente el Ejército a las guerrillas y personas afines a sus pensamientos”, añadió, así como altos dignatarios de la Costa Atlántica terminaron al servicio del jefe paramilitar del Bloque Norte Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, extraditado a los EE. UU.
Para saldar su deuda con las víctimas de Bolívar y Sucre, además de garantizar actos públicos de perdón y de promover unas “cartillas ilustrativas sobre derechos humanos”, Jorge Luis Alfonso López presentó un particular programa de reparación “en el cual hay un equipo interdisciplinario trabajando con el suscrito”, para desarrollar programas de salud, educación, recreación, deportes, cultura, literatura, música y proyectos productivos autosostenibles. Dichos programas se harían en Magangué y varios de sus corregimientos como La Pascuala y Juan Arias, así como en los municipios sucreños de Sincelejo, Galeras, San Pedro y Canutalito. Para implementar estos proyectos, que tendrían una duración de al menos dos años y estarían dirigidos a unas 5.000 víctimas, el exalcalde sostuvo que algunas asociaciones de víctimas ya contactadas por sus colaboradores estarían dispuestas a administrarlos, pero que, de ser necesario, crearía una fundación sin ánimo de lucro.
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Llama la atención que la propuesta de Alfonso López se plantea “objetivos específicos” tan vagos como los siguientes: “Contribuir a la iniciación y fortalecimiento de las capacidades de las víctimas que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos, brindar servicios de atención psicosocial y jurídica con el fin de restaurar la salud psicológica y social, fomentar el acceso a la educación de manera que puedan prepararse intelectualmente y así tener mejores oportunidades de crecimiento personal y laboral e incentivar el uso de prácticas deportivas y culturales para proporcionar espacios de superación y autorreflexión que promuevan la sana convivencia”. Como colofón, añadió: “Me comprometo con la JEP y las víctimas con la calidad de los conferencistas y personas encargadas de las capacitaciones en derechos humanos. (Éstas) serán dictadas por personas con las mejores cualidades y aptitudes académicas y reconocidos profesionalmente”.
Otro de los programas propuestos se llama “Sin violencia mejor” y, según el documento, pretende “entrenar a las víctimas en habilidades como la asertividad, gestión de conflictos e intervenir las formas en que éstas se relacionan entre sí, analizando y trabajando diferentes ejes como el familiar, individual y social”. Además, “busca educar a la comunidad en derechos humanos, de manera que se dé un reconocimiento y respeto por los derechos propios y del otro. Dichos talleres tendrán una duración de dos horas y serán dictados tres veces a la semana por una sicóloga durante un mes”, se lee en la propuesta. Lo más peculiar es el pénsum que se especifica en el programa. En el primer día, por ejemplo, los jóvenes tendrán que meter su mano en una bolsa llena con “papelitos” sobre los derechos humanos. “Su tarea inicial es escribir ese derecho en un folio haciendo algún dibujo o resaltando las palabras que creen más importantes. Recursos: Papel, lápices y marcadores”.
En el segundo día —dice la propuesta— los asistentes desarrollarán la actividad “La peregrina de Derechos” y el tercer día, la actividad titulada “Voluntarios de Paz”, donde “se realiza la lectura del cuento La Historia de Pazita, haciendo uso de títeres”. En la semana siguiente el asunto pedagógico se refina aún más. Las víctimas “inflarán un globo imaginando que depositan sus emociones adentro; una vez inflado escribirán dichas emociones sobre el globo, luego entre todos se ayudarán entre sí para explotar los globos”. También se plantea la composición de canciones para recordar las violencias sufridas, construir un árbol genealógico con pinturas para narrar las raíces familiares, juegos de roles y hasta actividades como “Abre tu mano” que se explica así en el documento enviado a la JEP: “Una persona alza la mano y cierra el puño. La tarea de su compañero es encontrar una manera de hacer que abra el puño. Luego se discutirá la manera de darle solución a la situación”.
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La oferta de Jorge Luis Alfonso, al final, es becar a 200 estudiantes hijos de víctimas en carreras tecnológicas como auxiliar de enfermería, asistentes contables, operadores de computadores o maquinaria pesada, agentes turísticos o estilistas, entre otros, con un costo de $600 millones. “Otra forma de dignificar a las víctimas y restituirles sus derechos es con el aporte de 100 becas de estudio que se entregarán para la validación del bachillerato”, cuyo valor estimado ronda los $250 millones. En otra línea de reparación se ubica el programa “Cultivando la paz”, que se sintetiza en la entrega de cuatro fincas de propiedad de Alfonso López avaluadas en casi $15.000 millones para que las víctimas desarrollen proyectos agrícolas. El exalcalde ofreció los predios Cabaña de Salgar, ubicado en Puerto Colombia (Atlántico), las fincas Santa Lucía y Bellavista en Magangué y el predio rural El Garzal, ubicado en el Magdalena.
Así mismo, el hijo de la condenada empresaria del chance ofreció vender un lujoso apartamento de 376 metros cuadrados en Sincelejo, valorado en $1.200 millones, para construir un complejo deportivo para las víctimas. El documento, además, contiene algunas reflexiones sobre los modos de reparación y los alcances productivos de la tierra en Colombia. “Conversar con las víctimas nos ha mostrado que la entrega de una cantidad significativa de tierra no es suficiente, por lo que el compromiso de reparación integral propuesto comprenderá la capacitación, preparación, cultivo y cuidado de la tierra e irá hasta cuando se dé la primera producción-cosecha, asumiendo la totalidad de los costos. ‘Cultivando paz’ está estructurado para que se beneficien directamente 500 familias, es decir, más o menos 2.000 personas”. En el listado de propuestas curiosas también figura “Inténtalo”, cuya idea es crear entre las víctimas un equipo de rugby. Sí, sí, de rugby.
De acuerdo con las razones expuestas, este deporte “es un excelente catalizador, clave para la transformación social y se convierte en una herramienta conveniente para fomentar valores sociales como respeto, disciplina, trabajo en equipo, humildad, tolerancia, solidaridad, colectividad y diálogo (…) ‘Inténtalo’ tiene como filosofía principios y valores del rugby, donde quien es derribado por su contrincante debe volver a levantarse lo antes posible”. Una alegoría, dice, del conflicto. Este programa costaría $30 millones, estaría dirigido a 60 víctimas e incluye, entre otros, “preparación y adecuación física de los deportistas, evaluación funcional, capacitación estratégica, planificación del programa de entrenamiento”, así como la adquisición de “25 balones, 10 sacos de choque, 60 uniformes de entrenamiento, 60 uniformes de competencia, seis arañas, 50 discos, 50 conos, 50 cuerdas, 60 petos, 10 silbatos, 60 protectores bucales, 10 cascos y 60 pares de guayos”.
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No es lo más exótico de la oferta de Alfonso López. También tiene pensado implementar un programa que llamó “AmArte” que consiste en “potencializar las habilidades artísticas y literarias de las víctimas del conflicto como elemento de catarsis, transformación y elaboración del dolor”. Las escuelas para esta iniciativa estarán destinadas en principio para víctimas mayores de seis años, jóvenes y adultos, que asistirán a talleres de artes plásticas o música durante seis meses. Quienes resulten beneficiados con “AmArte” y la escuela de música, trabajarán —dice la propuesta— en “la elaboración de una melodía, ritmo y armonía de una canción de autoría de Jorge Luis Alfonso”. De esta manera, asegura, “tanto víctimas como victimario contribuyen a divulgar el perdón y la reconciliación”. Para este proyecto el exalcalde se comprometió a construir un centro especial para atender víctimas de delitos sexuales y un museo de memoria histórica en Magangué.
Por último, Jorge Luis Alfonso López quiere promover el proyecto “Todo comienza por un abrazo” que consiste en la realización de un concierto masivo, gratuito y al aire libre en donde pedirá perdón luego de que toquen “por lo menos cuatro artistas de primer nivel, tanto regional como nacional”. Su variada oferta de reparación a la JEP terminó como inició: reconociendo de manera pública su “participación directa e indirecta en lamentables hechos delictivos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto, con los que causé dolor, tristeza, miedo, angustia, no solo (con) mi silencio cómplice, sino también (con) mi actuar y el de esos actores armados e instituciones del Estado colombiano que en mi calidad de tercero apoyé”. Un catálogo que incluyó una confesión más: dijo que en 2002 las autodefensas crearon el llamado Frente social para la paz que utilizó personalidades de Sucre y Bolívar “para acceder a cargos de elección popular y colocarlos a su servicio”.
También mencionó a un coronel de la Policía de apellido Contento que hizo parte de la organización, salpicó a la Brigada XI con sede en Sincelejo, mencionó con nombres y apellidos al exdirector del DAS en Atlántico Emilio Vence relacionándolo como “colaborador” y a algunos políticos de la región que estuvieron muy cerca del proyecto paramilitar: los excongresistas Álvaro García Romero, Erik Morris, Jairo Merlano y David Char –quien ya aterrizó en la JEP– , así como los exgobernadores de Sucre Salvador Arana y Jorge Anaya, el diputado Fredy Villa Uparela o el líder indígena Pedro Pestana, quien falleció en abril pasado. Todos procesados por parapolítica. Eso sí, a pesar de reconocer sus nexos con las autodefensas, Jorge Luis Alfonso negó categóricamente haber hecho alianzas económicas, políticas o burocráticas con este grupo ilegal cuando ofició como alcalde de Magangué entre 2004 y 2007.
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Y dejó como constancia lo siguiente: “Honorable magistrado, con la misma honestidad y transparencia como me he dirigido a usted en el presente escrito, le aseguro que cuando fui alcalde no favorecí de forma alguna las actividades ilegales de grupos armados de autodefensas u otros criminales, así como tampoco a políticos, servidores públicos o empresarios durante mi administración”. Una afirmación que riñe con lo descubierto por la justicia colombiana que documentó cómo durante su paso por la alcaldía de Magangué hizo parte orgánica de los ‘paras’. Por eso, tras analizar estas confesiones y ofertas prometidas, el Ministerio Público conceptuó el pasado 11 de septiembre que no debe ser aceptado por la JEP. “Considera la Procuraduría que el señor Jorge Luis Alfonso focalizó exclusivamente su programa de verdad hacia ‘otros’, eludiendo completamente la participación suya y la de su núcleo familiar en el conflicto armado”.
El organismo de control fue tajante: “Si bien el potencial de contribución a la verdad sobre el vínculo de terceros civiles y agentes de Estado con el paramilitarismo reviste suma importancia, deja una preocupación sobre la actitud asumida por el solicitante, consistente en negar sus propios vínculos con las autodefensas y con fenómenos de delincuencia organizada sobre los cuales existe un amplio acervo probatorio en la justicia”. Además, la Procuraduría recordó que su madre, Enilce López, según múltiples versiones rendidas por desmovilizados tuvo varios nexos con el paramilitarismo: como auspiciadora de ejércitos privados en el sur de Bolívar; como empresaria que financió la estructura criminal de Salvatore Mancuso y como determinadora de graves violaciones a los derechos humanos. En suma, para el Ministerio Público, Alfonso López se excedió en promesas de reparación, pero poco en ofertas de verdad. ¿Qué decidirá la JEP en este caso?