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Durante esta semana, Dabeiba (Antioquia), un municipio de 30.000 habitantes, volvió a ser noticia en el país. Ya lo había sido en diciembre del año pasado, cuando se conoció que un grupo de militares fue hasta su cementerio, junto con magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a buscar, al menos, 45 cuerpos de civiles que habrían sido asesinados y presentados ilegalmente como bajas en combate. En esta ocasión, la JEP llegó con una buena noticia: de los 17 cuerpos que exhumó en esa primera diligencia pudo identificar a uno: el de Édison Lexánder Lezcano Hurtado.
Lezcano era un campesino de 23 años, casado y con tres hijos, que había sido asesinado y desaparecido por los militares el 18 de mayo de 2002. Tan solo un año después de su crimen, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar su caso, con el argumento de que no pudieron encontrar a los responsables. Aunque su padre, Gustavo Lezcano, intentó todo para buscarlo, tuvo que resignarse. Solo había silencios como respuestas de las autoridades y las amenazas de quienes se llevaron a su hijo no cesaban.
En 2010, un fiscal de Justicia y Paz, en medio de las investigaciones que realizaba sobre los nexos entre los militares y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se encontró con el caso de Édison, a pesar de estar archivado. Trató de indagar más y le pidió a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalìa (CTI) entrevistar a la familia Lezcano en Dabeiba. En ocho años fue la primera vez que el padre y la esposa de este agricultor, Rubiela Manco, pudieron contar qué fue lo que pasó.
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De esa visita quedó un informe, conocido por este diario, donde quedaron registrados los hechos. Con el miedo a cuestas, esta familia campesina contó minuciosamente al CTI cómo el Ejército y los paramilitares ingresaron a su casa con la mentira de que había un guerrillero, agarraron a Édison Lexánder, lo golpearon hasta matarlo y luego se lo llevaron. Según la gente del pueblo, después lo enterraron en el cementerio de Las Mercedes, ubicado en la cabecera municipal, junto con un guerrillero. Además, dejaron en evidencia la inoperancia de la Fiscalía, porque nunca tomó declaraciones ni visitó el lugar de los hechos antes de cerrar el caso.
¿Qué pasó con Édison?
El 18 de mayo de 2002, Rubiela tuvo que llevar a sus hijas al médico. Su esposo se quedó trabajando con su papá en unas plantaciones de yuca. La situación de orden público en esa época era difícil, sobre todo en la zona rural, donde los grupos armados se enfrentaban con frecuencia.
Después de la visita al médico, Rubiela se iba a encontrar con su esposo en la vereda Alto Bonito, donde vivía su madre. Iba en camino cuando, a pocos minutos de llegar, escuchó varios disparos. “En ese filo había un poco de gente armada, un poco de bultos negros. Yo del susto me quedé en la casa de mi amiga Flor María”.
Flor le pidió a Rubiela que se quedara con ella, pues era peligroso pasar hasta donde su familia. También le comentó su preocupación porque su hermano Javier estaba arriba, en la zona donde se escuchaban los disparos. Después de dos horas de refugiarse, Rubiela decidió ir hacia la casa de sus padres. De acuerdo con su relato, entró y de inmediato se dio cuenta de que su casa estaba “llena de Ejército revuelto con paramilitares”. Le preguntaron que si era la esposa de Édison Lexánder y si sabía qué ropa tenía en la mañana. Alrededor todos lloraban, pero Rubiela no entendía qué sucedía.
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Detrás de él apareció un grupo de militares y paramilitares que preguntaban por el otro “guerrillero que estaba corriendo”. Buscaron y revolcaron la casa hasta que encontraron a Javier. Lo sacaron a golpes y lo tiraron al piso: “Se le paraban encima y le daban patadas en todo el cuerpo”. De nada sirvieron los ruegos de quienes explicaron que no pertenecía a la guerrilla.
A los demás, entre ellos a Édison Lexánder, también los agarraron, los golpearon y se los llevaron a la escuela vecina, donde tenían el cuerpo de otro hombre que, decían los militares, también era guerrillero. Rubiela explicó que “cuando estaban en la escuela los aporreaban y les decían ‘guerrilleros hijuetantas, están muertos’. Llamaban al pueblo y decían que tenían a unos guerrilleros capturados. Les preguntaban por el radio si tenían armas y ellos decían que no y les respondían que nos los fueran a matar porque se encartaban. Ellos decían ‘¿entonces qué hacemos?’. Los separaron a todos y los metían en sitios diferentes. Luego empezaron a dejarlos ir y les decían que corrieran. Pero ellos no podían por lo aporreados que estaban. Aparecieron todos menos el marido mío”.
Les ordenaron a todos entrar a la casa. Los encerraron en una alcoba. Rubiela recordó que su hermana pudo ver hacia el exterior por las rendijas de madera con las que estaba construida la casa y vio sobre un caballo los cuerpos del supuesto guerrillero que habían matado y el de Édison Lexánder.
“Los tenían amarrados a todos ahí. Todos empezaron fue a llorar, en esas llegué y ya se lo habían llevado para la carretera. El único que logró verlo fue Jorge, porque lo sacaron para afuera, para que les mostrara el camino. Pero Jorge dijo que él no les iba a mostrar nada, entonces se vinieron y le dijeron a un muchacho que se llama Wilson que los sacara a la carretera y la bestia era de ese muchacho Wilson. Le preguntaban al muchacho Wilson que si distinguía a esos guerrilleros, pero les contestó que al guerrillero no lo distinguía, pero al otro muchacho sí, refiriéndose a mi marido. Les decía que él no era ningún guerrillero y se le enojaban y le decían que tenía que decir que era guerrillero, o si no lo mataban y lo tiraban al agua. Que ya sabían dónde vivía y venían y lo buscaban. Los trajeron hasta la quebrada La Serrasón, que está antes de la bomba de abajo, y ahí los bajaron”, aseguró ante la Fiscalía.
El domingo siguiente la familia fue al pueblo de Dabeiba a buscar su cuerpo. Llegaron a donde los militares, quienes le respondieron: “¿Cuál guerrillero van a reclamar?”. La madre de Rubiela les dijo que su yerno no era guerrillero y que vestía un pantalón blanco. Les pidieron que fueran al hospital, porque allá estaba el cuerpo, pero era mentira. Un testigo de los hechos les comentó que “ya se los habían llevado para El Jague, una finca ubicada en el cementerio de Dabeiba, donde funcionaba la base militar del Batallón número 26” y que después, en la noche y sin que nadie se diera cuenta, los enterraron en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Esa persona lo sabía porque fue quien les entregó las llaves a los uniformados para ingresar. Eso mismo confesó ante la JEP, 18 años después, y por eso pudieron rescatar el cuerpo.
Sobre los responsables, Rubiela comentó que no sabía sus nombres, pero que ella y su familia recibieron amenazas de los paramilitares de la zona: “A mi mamá le dijeron los del grupo que mataron a mi esposo que se fuera de ahí, ‘porque si no la mataba la guerrilla la matamos nosotros’. Y a mi cuñado, cuando venía aquí al pueblo, como nos veían volteando con los de mi esposo, un paramilitar que se llamaba Hernán, que le decían Taque Taque, le hacía a mi cuñado con la mano como si le fuera a cortar la nuca si se ponía a hablar más de lo que debía”.
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La misma historia la contó Gustavo Lezcano, el padre de Édison. Sin embargo, aclaró que él se enteró hasta el día siguiente de lo que pasó. “Al otro día me avisaron a mí y yo bajé al pueblo porque una señora de Choromandó me dijo que lo habían traído para el pueblo y yo bajé y lo busqué en todos lados, pero no lo pude encontrar (...) La señora que me dijo que a mi hijo lo habían traído para el pueblo de Dabeiba fue una indígena. Ella me dijo que viniera, que lo habían traído para la morgue, pero resulta que no había nada”.
No se quedó quieto. Fue hasta la vereda y, según lo que dijeron sus habitantes, los militares lo confundieron porque acababa de llegar “con un costal de yucas, cargado al hombro, estaba maltratado y lo tildaron de guerrillero”. El jornalero le explicó al investigador que seguramente provenían del batallón de Carepa, que patrullaba la zona, y aclaró que Édison “nunca estuvo detenido, no tuvo problemas con nadie, ni conoció cárcel ninguna. Nunca perteneció a un grupo armado ilegal, llámese paramilitares o guerrilla”.
Quienes quedaron vivos prefirieron no ir al hospital. Tenían pánico de que los militares y los paramilitares los estuvieran siguiendo. De acuerdo con el documento, “les daba miedo que los detuvieran en el pueblo y los mataran”. Aunque el funcionario del CTI señaló que intentó contactarlos, pero fue imposible porque “no les llegó la razón a zona rural, donde estaban”.
El investigador dejó en el registro que no visitó la base del Ejército donde, según testigos, llevaron los cuerpos del presunto guerrillero y de Édison. Dijo que lo intentó, pero en la zona estaban “en plena temporada de elecciones presidenciales” y no fue posible que los atendieran, “pues se encontraban desplazando tropas para zona rural, para todos los sitios donde iban a haber mesas de votación”. Tampoco se desplazó hasta la casa de la víctima argumentando problemas de orden público.
Desde Dabeiba, y a partir de los testimonios de los testigos, la Fiscalía reseñó que los cuerpos fueron escondidos en la finca El Jague, para que nadie los identificara “y así pasarlos como guerrilleros dados de baja en combate”. También quedó claro que la entidad conocía el paradero del cuerpo, a partir de un testigo que “pudo observar los montículos de tierra” donde se hicieron las inhumaciones. El funcionario, incluso, construyó un mapa donde explicó dónde sucedieron los hechos y los recorridos posteriores de los grupos armados con los cuerpos.
También dejó por escrito que las denuncias de la familia Lezcano sobre los nexos del Ejército con el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) no eran una novedad, pues ya había denuncias de casos similares en lugares aledaños: “No conocían la zona rural de Dabeiba y el Ejército les sirvió de guía, trabajaban juntos, lo que llama la atención es que no es la primera familia de una víctima que menciona la unión entre los dos bandos, ya me lo han mencionado en varias entrevistas de diferentes víctimas”.
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Con el objetivo de saber si se adelantó alguna investigación por el homicidio en los primeros ocho años, el funcionario del CTI fue hasta la seccional a buscar el expediente, pero se llevó la sorpresa de que ni siquiera pudieron encontrarlo. “Revisé los libros radicadores de investigaciones previas, encontrando que por este hecho se adelantó la previa número 2582, pero no se ha logrado encontrar hoja de radicación que nos indique la ubicación del expediente. Está pendiente la búsqueda en el archivo, la cual no se hizo por falta de tiempo. Estamos pendientes de la ubicación, para realizarle inspección judicial y poder documentarlo”, agregó.
Además de las declaraciones, la Fiscalía descartó que Édison Lexánder tuviera antecedentes judiciales y, aunque no les diligenció el formato nacional para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas porque la familia sabía dónde estaba enterrado, le tomó al padre muestras de ADN y las envió al laboratorio de genética en Bogotá, para su almacenamiento y perfilamiento. Gracias a ellas, 10 años después, pudieron dar con Édison.
La intervención de la JEP
Pasaron 18 años para que la familia Lezcano recibiera un avance real del caso de Édison. Pero esta vez no llamó a la Fiscalía, sino a un magistrado de la JEP, una entidad que ni siquiera conocía porque se creó hace dos años tras la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Farc y el Gobierno Nacional. Les dijo que había un 80 % de probabilidad de que un cuerpo encontrado en el cementerio fuera Édison.
¿Cómo llegó la JEP a este caso? En el marco del caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas en combate, varios militares confesaron que en el camposanto de Dabeiba, miembros de la Brigada XI asesinaban a civiles para hacerlos pasar como bajas en combate. En diciembre del año pasado viajaron con el magistrado Alejandro Ramelli, quien lidera la investigación, para señalar exactamente los puntos donde los enterraron.
A la diligencia comenzaron a llegar nuevos testigos. Uno de ellos le comentó a los magistrados auxiliares Hugo Escobar y Juan Carlos Losada que en 2002 vio cuando un grupo de militares cavó un hueco grande al lado izquierdo del cementerio. En este punto, llamado después la fosa seis, hallaron a Édison Lexánder. De acuerdo con la investigación, estaba junto con otro cuerpo que vestía un camuflado y quien podría ser el guerrillero que Rubiela y Gustavo mencionaron. Al campesino lo enterraron solo con su ropa interior, que fue identificada por sus familiares. Ambos tenían un disparo en la frente.
Más cuerpos
Una vez fue entregado el cuerpo de Edison Lexander, la JEP y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) comenzaron con la segunda etapa de exhumación en este cementerio. A partir de nuevos testigos y de más detalles de los militares, cavaron 13 nuevos puntos, donde recuperaron 37 cuerpos, uno de ellos de un menor de edad. En total, han sido hallados 54, que hoy están a disposición de Medicina Legal para empezar con la etapa de identificación.
Algunos de los cuerpos, según la JEP, tenían impactos de balas y vestían camuflados y botas. Esto coincide con las versiones de los militares, quienes en sus versiones contaron que asesinaban a civiles con una ametralladora M60 en la cara y el pecho y luego les ponían este vestimenta para hacerlos pasar por guerrilleros y así mostrar resultados en sus operaciones. A cambio de ello recibían beneficios, como permisos, condecoraciones y ascensos.
Con estos resultados, la JEP anunció que continuarán las diligencias en este municipio. Nuevos testigos se acercaron a la justicia transicional para revelar verdades que llevan sepultadas durante décadas. Con la información hasta ahora recibida, los magistrados fijaron cinco puntos en la zona rural de Dabeiba, donde estarían enterradas personas desaparecidas por las extintas Farc. Uno de los lugares es conocido como Llano Gordo, aunque los pobladores le comentaron a este diario que lo llaman “el cementerio de Leonardo”. Leonardo era un excomandante de la guerrilla, conocido por ser el responsable de decenas de asesinatos en la zona.
Los más entusiasmados con estas noticias son los habitantes de Dabeiba. Aunque no quieren cargar con el estigma de ser un pueblo conocido por los falsos positivos, sienten que por primera vez el país, y sobre todo el Estado, presta su atención a sus reclamos de verdad y justicia. El día de la entrega del cuerpo de Édison, el alcalde Leyton Urrego terminó su discurso con un aviso parroquial: “Quienes tienen familiares desaparecidos y no se han tomado muestras, pueden ir hasta el Palacio Municipal y empezar el proceso con funcionarios de Medicina Legal”. En cuestión de dos horas, el segundo piso ya tenía una fila de 20 personas. Todas tenían uno y hasta dos o tres familiares desparecidos.
Nadie se resigna a perder un familiar para siempre. Nadie está dispuesto a no hacer un último esfuerzo para hallar, así sea, “un huesito”. Así lo dijo María, cuya hija fue reclutada con 16 años. “A uno le viene la esperanza con ese caso. Vamos a ver. Ha pasado mucho tiempo, pero la peor diligencia es la que no se hace”. Con ese mismo pensamiento, Gustavo Lezcano se tomó unas pruebas de ADN con las que se pudo identificar a su hijo.