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En agosto de 2018, la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz le abrió las puertas de esa justicia especial al exsenador y empresario David Char Navas, quien en ese momento era procesado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, del bloque Norte de las autodefensas, liderado por Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. Hoy, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evalúa el sometimiento de Char, para lo cual debe diseñar un plan de reparación, un compromiso de verdad y la no repetición de las conductas que se le endilgan.
El primero, el plan de reparación, lo presentó el 13 de septiembre de 2018. Se trata de un proyecto agrícola de maíz tierno y ají dulce para reparar a las víctimas de los paramilitares, que se ubicaría en la zona de Repelón, en Atlántico, la cual fue golpeada con masacres y desplazamientos. En ese momento, Char también presentó una propuesta de contribución a la verdad, en la que se compromete a individualizar a líderes políticos y funcionarios que hayan actuado en complicidad con miembros del frente José Pablo Díaz entre los años 2002 y 2010. Así quedó consignado en el documento de 23 páginas, en poder de El Espectador.
Char Navas, parte de una poderosa familia de la Costa —con la que anda de pelea Germán Vargas Lleras por estos días—, fue acusado de, supuestamente, haber hecho un acuerdo ilegal con los paramilitares a cambio de apoyo a su campaña a la Cámara de Representantes en 2002 por el Partido Liberal. Entre las pruebas que llevaba el alto tribunal en su contra están los testimonios de Don Antonio y Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, así como la agenda personal de Don Antonio y la contabilidad del frente José Pablo Díaz. En la propuesta de verdad, Char presenta primero un contexto de la región entre los años 2002 y 2010 y anuncia que puede identificar a líderes políticos que hayan tenido nexos con las Auc, así como detallar qué tipo de actividades desarrollaban.
Específicamente, Char Navas se referirá a personas que estarían en el sector salud y que habrían facilitado la ejecución de negocios, como contratos de aseo y de medicamentos, para favorecerse económicamente. La idea es detallar los objetivos detrás de estos negocios y las personas implicadas, que incluirían particulares, en hechos sucedidos en agosto, septiembre y octubre de 2005. Además, el exsenador asegura que puede dar información sobre acuerdos entre el frente José Pablo Díaz de las Auc y entidades de educación superior en el Atlántico. Y sobre líderes políticos que hacia 2006, época en que él estaba en campaña para el Senado (2006-2010) por el partido Cambio Radical, habrían realizado alianzas con el paramilitarismo para beneficiarse políticamente.
El documento que está en manos de la JEP señala que Char puede relatar la verdad sobre servidores públicos de Malambo y Soledad que habrían actuado de manera cómplice con los paramilitares, así como identificar instituciones estatales que habrían sido cooptadas por el grupo ilegal, incluyendo instituciones dedicadas “al control de las apuestas” en el departamento. La propuesta se concentra en detallar contratos entre particulares, servidores públicos y las Auc, y mecanismos de financiación, así como las consecuencias políticas, económicas y sociales de los hechos de los que habría sido testigo.
El exsenador Char Navas asegura que puede hablar sobre sectores económicos vinculados con el frente José Pablo Díaz y de la manera como ese grupo ilegal “se relacionaba” con comerciantes para conseguir aliados en el departamento. Además, Char entregará a la JEP una relación de quiénes fueron sus principales aliados entre el 2002 y el 2010, las personas a las que apoyó políticamente, las fuentes de financiación de sus dos campañas, entre otra información. El abogado de Char, Mauricio Pava, aseguró a El Espectador que se ofrece aportar verdad, más allá de nombres. “No ofrecemos delatar sino relatar. En el relato necesariamente habrá nombres y episodios, pero en el contexto de lo que ha sido el conflicto, las causas, relaciones y los reconocimientos”, señaló.
Este punto es clave ya que, en auto del 17 de octubre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP analizó si Char cumplía o no con el régimen de condicionalidades, ordenó que los programas de verdad y reparación tenían que ser ampliados, y listó una serie de hechos que el exsenador debía tener en cuenta. Uno de ellos dice textualmente: “Los datos de identificación de otros miembros del Congreso de la República, de quienes no tenga la justicia ordinaria, que apoyaron el proyecto político y armado paramilitar entre los años 2002 a 2010”.
Es decir, la JEP estaría pidiendo una delación de otras personas. Sobre ese punto, el abogado Pava aseguró que en esa justicia especial se están construyendo las formas de hacer las cosas en un ejercicio de ensayo y error. “Sobre este tema, la Procuraduría, cuando pidió que David Char fuera aceptado en febrero pasado, hizo unas aclaraciones importantes. El proceso de paz no es un proceso de delación. Debe construirse verdad. Por supuesto, esa verdad implica nombres, eventos y fechas”, agregó.
Ahora, ¿en qué va el caso Char? El pasado 7 de febrero se cumplió un año desde que el exsenador, detenido en octubre de 2017 por orden de la Corte Suprema, anunciara a la JEP la intención de someterse a esa justicia especial. Desde que se le abrieron las puertas ha presentado los programas de reparación y de verdad que ahora la Sala deberá estudiar. Entre tanto, la JEP le negó una petición de libertad condicionada el 25 de enero de 2019, asegurando que “aún no se cuenta con los elementos que tornen posible adoptar una decisión sobre la viabilidad del compromiso que contrae el señor Char ante la JEP (…) La Sala no podrá conceder en este momento procesal el beneficio”.
La defensa solicitó a la JEP que le conceda una audiencia de carácter reservado, para explicar su matriz de verdad y la ampliación del programa que ya presentó, petición que aún no tiene respuesta. “Después de más de un año pedimos un voto previo de confianza, tal y como Farc y militares lo han tenido. Con la seguridad de que la justicia no será burlada, que los beneficios anticipados permitan avanzar en reparar a las víctimas. La JEP tiene una oportunidad de mostrar que el proceso de paz es para todos”, precisó el abogado Pava.