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Efrén Úsuga, Mario Manco y Astrid Tuberquia tienen algo en común, aunque no son familia. Ayer, después de más de dos décadas de incertidumbre, recibieron los cuerpos de sus familiares que fueron dados por desaparecidos en 1997 y 2004 luego de que salieron de sus viviendas en zona rural de Dabeiba (Antioquia) y no volvieron más.
Fue en diciembre del 2019, en la primera jornada de toma de muestras de ADN de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en este municipio, el momento cuando la esperanza de hallar algún rastro de sus desaparecidos se encendió de nuevo. Ayer, 9 de noviembre, en medio de la pandemia, vestidos de blanco y con globos del mismo color, los familiares y un centenar de acompañantes presenciaron el acto simbólico de entrega de los restos identificados como Yulieth Andrea Tuberquia, Nelson Goez Manco, Albeiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga.
En la plaza central del municipio, junto a los magistrados de la JEP, los fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, el equipo técnico-forense y la comunidad en general presenciaron las honras fúnebres de estas cuatro víctimas que, posteriormente, fueron enterradas dignamente en el cementerio de Dabeiba.
Pero esta no es la primera vez que esto sucede en el municipio. En febrero de este año, la JEP, que investiga los mal llamados “falsos positivos” y la situación territorial del conflicto en el Urabá antioqueño, entregó el cuerpo de Edison Lexander Lezcano, la primera víctima identificada por esta justicia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército.
Desde diciembre de 2019 cuando se dio la primera visita de la JEP a Dabeiba hasta la fecha, han exhumado 63 cuerpos no identificados que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada. Pero la lucha de los familiares no es solo por encontrar a sus seres queridos. También ha sido contra la estigmatización de quienes los han sido tildado de “guerrilleros” por los informes que sacó el Ejército en la época en que desaparecieron sus familiares.
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Efrén, por ejemplo, dice que quiere limpiar el nombre de su hermano Albeiro Úsuga Uribe, que fue sacado a la fuerza de su casa en noviembre de 1997, a sus 22 años, junto con dos vecinos de la vereda Llanogrande de Chimiadó, en zona rural de Dabieba. Esos vecinos eran precisamente Nelson Goez Manco y Eliécer de Jesús Manco Úsuga, este último de 13 años.
Ambas familias, desde entonces, habían emprendido una búsqueda silenciosa y cautelosa para saber qué había pasado con sus seres queridos. Sin embargo, la justicia colombiana no había avanzado en el caso. Según el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, en el proceso de identificación encontraron que la necropsia no correspondía a las heridas de bala que tenían en el pecho y con la que fueron encontrados. De hecho, explicó que los casos habían sido archivados en la justicia ordinaria hasta que, en el tribunal transicional, reanudaron la investigación y búsqueda de los cuerpos.
El caso de los Manco y los Úsuga tiene una particularidad: todos fueron encontrados en el mismo “hueco” del cementerio; es decir, la misma fosa común. Esta zona, de donde han recuperado varios hallazgos forenses, ha sido señalada por los militares que comparecen ante la Jurisdicción y que, como parte de su proceso judicial, han confesado haber inhumado ilegalmente algunos cuerpos en varios puntos del cementerio católico de Dabeiba.
Según las indagaciones de la justicia transicional, los cuerpos fueron encontrados vestidos de camuflados y con armamento y, según militares, habían sido “guerrilleros dados de baja en combate”. Sin embargo, la Fiscalía decidió remitir el caso a la Justicia Penal Militar y, desde entonces, no había ningún avance que permitiera saber qué había pasado en realidad ese día.
Aunque cada caso es distinto, según una fuente de Medicina Legal, una de las pistas para identificar el cuerpo de Albeiro fue la manilla que llevaba en su mano izquierda que decía T.Q.M., y las características de su dentadura, aspecto que recordaron sus hermanos cuando asistieron a las entrevistas después de la toma de ADN a las familias que buscan a sus desaparecidos y que han liderado los magistrados auxiliares Hugo Escobar y Juan Carlos Lozada con el fin de que cada persona pueda aportar su material genético y así cotejar la información con los cuerpos que están identificando.
Aunque Efrén poco entiende de estos procedimientos judiciales, dice que encontraron un ángel de la guarda que desde 1997 les dijo qué había pasado con él. “Nosotros pudimos encontrar a Albeiro por doña Rosa* que vivía al lado del parque de Dabeiba y quien nos dijo que vio cuando llevaron el cuerpo de mi hermano y lo enterraron con las otras víctimas en el mismo hueco”, recuerda.
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Ese relato, de la mujer de 97 años, fue la llama de esperanza que mantuvo a Efrén y a sus siete hermanos en la búsqueda de sus familiares. Un año más tarde de la desaparición llegó otro hecho victimizante para la familia: fueron desplazados del Urabá y llegaron a Medellín a comenzar de cero. “Fueron años muy duros y ahí tuvimos que dejar de buscar a mi hermano porque no podíamos ni acercarnos al municipio. El que preguntara lo mataban”, cuenta Efrén desde el cementerio donde ahora está Albeiro. Su historia se parece a la de Mario Manco, quien está junto a él en la entrega de los restos y enterrándolos dignamente. Durante la procesión, Mario cargó el ataúd de Eliécer de Jesús (13 años), pero a la salida no dejó pasar el momento para hablar con Efrén.
- ¿Cuándo nos va ir a visitar a la finca?, le preguntó Efrén
- Eh...pero tenerme allá va ser un castigo, respondió Mario.
Ambos ríen en medio del dolor que sienten por el momento. "Nosotros jugábamos fútbol siempre. En diciembre matábamos marrano o pavo entre ambas familias, nunca nos imaginamos que esa tragedia nos fuera a tocar como vecinos. Esa misma conexión, que han tenido desde pequeños, los unió de adultos por la misma causa: buscar verdad y justicia por sus familiares.
Junto a ellos también está la familia de Yulieth Andrea Tuberquia, la joven que a sus 12 años desaparecieron los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, según indicó la Fiscalía. Su tía, Astrid, es quien tomó la vocería para hablar, en nombre de la familia, este martes. Aunque poco quiere hablar de la historia de su sobrina, se ríe cuando recuerda su forma de ser. “Ella era zafada para hablar, a veces me hacía pasar unas penas porque a ella no le daba vergüenza nada”.
La menor había sido reclutada por las Farc a sus 10 años. Luego de pasar casi dos años en las filas guerrilleras, logró escapar a rehacer su vida junto a su familia en Mutatá (Antioquia). Sin embargo, grupos paramilitares de la zona la “identificaron” y la desaparecieron cuando apenas iba llegar a sus 13 años. Desde entonces, su madre no había perdido la esperanza de que Yulieth un día volviera a tocar a su puerta: “Mi hermana apenas esta semana que la llamaron a decirle que le iban a entregar los restos fue que ya entendió que ella estaba muerta porque ella siempre cargó la esperanza de encontrarla”, dice Astrid.
Es una mujer de pocas palabras. Dice que es la primera vez en la que está frente a tanta gente y prefiere ser reservada con su vida. No obstante, dice que gracias a la labor de la Fiscalía y la JEP ahora pueden venir a visitar a su sobrina. “Al menos ya sabemos que aquí está, ya se acabó la incertidumbre”.
En Dabeiba, desde el lunes 9 de noviembre, las personas están haciendo fila para aportar su ADN. Hasta el momento se han registrado 120. Hasta el próximo sábado, 14 de noviembre, la JEP continuará las labores de búsqueda y exhumación de cuerpos de personas que fueron enterradas de manera ilegal y a quienes, posiblemente, sus familiares han estado esperando por muchos años.
*Este nombre fue cambiado a petición de la fuente
