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Poca claridad de las entidades en el universo de víctimas desaparecidas después de 17 años; cuerpos recuperados que extraviaron las entidades; prórrogas a los contratos de explotación o proyectos urbanísticos en lugares donde se han denunciado enterramientos clandestinos; la demolición de una casa que las víctimas pidieron para hacer memoria, y el ocultamiento de un informe de 2010 con información reveladora sobre este crimen ponen en evidencia los obstáculos que persisten para esclarecer las desapariciones forzadas que se dieron en la Comuna 13, en especial, después de las operaciones militares y paramilitares de 2002 y 2003.
Estos fueron algunos de los asuntos que sobresalieron durante la audiencia pública que hizo esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Palacio de Justicia de Medellín, para recaudar información con el fin de establecer si debe o no proteger los lugares donde se presume existen cuerpos de personas desaparecidas forzadamente en la Comuna 13.
Se trató de la primera audiencia pública de la jurisdicción motivada en una petición de las víctimas, esta vez del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En ella el tribunal de paz reafirmó su competencia para ordenar medidas cautelares y se distanció de las formas frías de la justicia ordinaria: estuvo llena de símbolos, de fotos y de siluetas de desaparecidos, de nombres de quienes murieron buscando a sus seres queridos y de palabras de reconocimiento a esa lucha por parte de los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP que la presidieron.
Desaparecidos que desaparecieron
La Fiscalía no sabe dónde están tres de los cinco cuerpos exhumados en inmediaciones a la Comuna 13, en 2003, que pese a ser recuperados seguían sin identificar después de 17 años. También se perdieron las muestras de tejidos que el médico legista les hizo en su momento, como le confirmó Medicina Legal a la Fiscalía, en un oficio que les llegó formalmente hace 11 días, el 11 de julio. Los tres cuerpos se extraviaron en el Cementerio Universal de Medellín, aseguran.
La insólita noticia se conoció el segundo día de la audiencia:
-Con respecto a los hallazgos del 31 de julio de 2003, sucedió lo siguiente: se lograron identificar cinco cadáveres. Hay cinco cadáveres que, por tener todavía tejidos, llegaron a Medicina Legal. De acuerdo con las necropsias el médico legista dejó registrado que había tomado 10 centímetros de fémur, que había tomado sus registros dentales y que guardaban las muestras. Se hizo la petición a finales del año pasado y la respuesta que tuvimos de Medicina Legal hace una semana fue que esas cinco muestras no existen, se perdieron, dijo Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz.
-Muy grave lo que nos cuenta, comentó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
-Sí, reconoció la fiscal.
-Yo quiero aclarar el dato. En diligencias de exhumación se pudieron recuperar dos de esos cinco cadáveres, ya reducidos en condición esquelética, que tenemos en el laboratorio en custodia del Centro de Identificación Humana de Medellín. Y hay tres cadáveres que aún no hemos podido ubicar porque en los sitios que hemos verificado donde supuestamente están en el Cementerio Universal no están, apuntó la antropóloga de la Fiscalía Adriana Marcela Hernández.
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“Eso es tremendamente doloroso, son cinco cuerpos que no se han identificado después de muchos años, de los cuales dos se perdieron y nunca podrán ser entregados a sus familiares”, refirió la abogada Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña hace décadas a las víctimas de la Comuna 13.
El caso es emblemático, porque se trató de los primeros hallazgos de las autoridades, que confirmaron las denuncias, desatendidas por las autoridades de la época, de quienes decían que en la Comuna 13 desaparecieron forzadamente a decenas de personas en el contexto de las operaciones militares y paramilitares, entre 2002 y 2003.
El 31 de julio de 2003, en la vereda Bellavista, del corregimiento de San Cristóbal, la Fiscalía exhumó 11 cadáveres, enterrados en fosas individuales en este predio despojado por paramilitares de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que sirvió como centro de sus operaciones y laboratorio de procesamiento de cocaína. Seis de ellos fueron identificados: Juan Fernando Vargas Rendón, de 20 años de edad, Oscar Alexander Morales Tangarife, de 22 años, Edwin Alfonso Robledo Osorio, de 13 años, Edgar Emilio Torres Ortiz, de 17 años, Williams Londoño Correa, de 23 años, y César Augusto Flórez Herrera, de 21 años.
Diez años más para La Arenera
En la audiencia también salió a la luz que la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas del departamento, amplió recientemente por 10 años más el contrato que tiene la empresa Sociedad Constructores El Cóndor para extraer arena en uno de los lugares que, junto a la escombrera, ha sido señalado por paramilitares desmovilizados y familiares de víctimas donde enterraron y ocultaron los cadáveres de personas desaparecidas en la Comuna 13.
El asunto fue confirmado por Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia:
-En toda la vigencia de los títulos mineros, que datan de los años 90, no hay un concepto jurídico u orden de cualquier autoridad administrativa que alerte de la actividad minera para suspender el título. Por el contrario, los tres títulos se encuentran vigentes y no han tenido incumplimientos, aseguró.
-¿Por qué en estos análisis de prórroga de la concesión minera la Gobernación de Antioquia no tuvo en cuenta la información sobre víctimas de desaparición forzada enterradas en ese lugar si son denuncias públicas?, cuestionó la abogada Arboleda.
La secretaria le pasó la palabra al abogado delegado de la Secretaría Minera de Antioquia, quien atinó a decir:
-No existe ninguna sentencia judicial, ningún concepto, ningún requerimiento por parte de una autoridad competente que le haya pedido a la Secretaría de Minas que debía tener esa particular visión de derechos humanos en estos títulos.
-¿La normativa minera no contempla nada sobre lugares que presuntamente han tenido violaciones a los derechos humanos?, preguntó el magistrado Gustavo Salazar.
- No, se vela por los derechos humanos pero especificados a la actividad minera y los trabajadores. Pero si una entidad competente nos da una orden la acatamos.
-No entiendo por qué dicen que no hay sentencias. Hay sentencias del tribunal de Justicia y Paz que hablan de esto.
Galeano se refería a la sentencia del tribunal de Justicia y Paz, del 4 de septiembre de 2013, que exhortó a la Alcaldía y a otras autoridades a “suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como La Escombrera y La Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona”.
La Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión, en un auto del 20 de noviembre de 2013, y señaló: “Esas determinaciones persiguen asegurar la prueba del delito de desaparición forzada”.
Edificios cuestionados
El excomandante paramilitar de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, condenado esta semana a 26 años de prisión en la justicia ordinaria por desplazamiento, homicidio y desaparición forzada en este sector de Medellín, estuvo en diligencias de la Fiscalía buscando una fosa donde enterraron y ocultaron cadáveres de personas que fueron desaparecidas forzadamente en la Comuna 13, en los años 2002 y 2003.
Cuando llegaron al sitio no pudieron continuar porque estaban construyendo un edificio de interés social. El tema lo mencionó la fiscal Nancy Posada, y es importante porque coincide con la versión de las víctimas que por años han denunciado que, a la entrada de La Escombrera, donde se presume fueron ocultados y enterrados decenas de cadáveres, fue construida una urbanización de interés social que obstaculiza aún más la búsqueda y el esclarecimiento de estos crímenes.
Se trata del proyecto de vivienda Altos de San Juan, ubicado en la parte alta de San Javier, la Comuna 13 de Medellín, de 558 apartamentos, construido con recursos del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Medellín. Un proyecto que también ha sido cuestionado en el Concejo de Medellín y por la Contraloría en sus informes fiscales.
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“¿Cómo es posible que no haya una política para que antes de construir una obra se verifique si esa es una zona de posible presencia de estos enterramientos?”, comentó la abogada Arboleda.
En la diligencia, Herman Rincón Cuéllar, procurador judicial segundo ante la JEP, le preguntó a Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de la Alcaldía de Medellín, qué información tenían sobre “ese edificio de interés social”. A lo que ella contestó: “Hoy nos enteramos de esta información. Le pedimos a la Fiscalía que nos haga llegar el documento que sostiene que la Alcaldía de Medellín construyó un edificio de interés social aquí. En nuestros registros tampoco tenemos que las víctimas hayan mencionado ese lugar”.
El informe que ocultó la Alcaldía
En una de las intervenciones, María Victoria Fallon Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario GIDH, dio a conocer un informe que la Alcaldía de Medellín ha buscado mantener bajo reserva. El documento, realizado por la Universidad de Antioquia en 2010, por una consultoría con la entonces empresa Metroseguridad, da lugares precisos de enterramientos clandestinos y casa de torturas a partir de diversas fuentes.
Así como concluye de manera tajante: “La desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín fue parte de la política de los grupos armados de paramilitares y de las fuerzas del Estado. En esta formulación coincide la información generada en las entrevistas de diverso orden: víctimas sobrevivientes de ataques, perpetradores y familiares de desaparecidos”. “Yo creo que esa fue la razón principal para ocultar este informe por tantos años”, asegura Fallon.
La casa que no será de la memoria
Los magistrados de la JEP fueron insistentes con las entidades en que deben hacer un plan con las víctimas para honrar la memoria de sus familiares desaparecidos. De hecho, le ordenaron a la Gobernación que en 30 días les presenten la propuesta. Esa fue la razón para que durante la audiencia algunas víctimas recordaran la petición que han hecho para que la casa de Juvenal sea una casa para la memoria. Esta está ubicada en la zona rural de la Comuna 13, fue centro de torturas y crímenes de los paramilitares en los años más duros del conflicto. Desde allí se podía divisar toda la comuna y aseguraban el control del territorio. Sin embargo, la casa fue demolida por la Alcaldía la semana pasada para la construcción del parque Las Cometas, aunque la administración no dio esa precisión en la diligencia.
Al cierre de esta inédita audiencia, algunas madres que se han hecho viejas en su búsqueda le entregaron a la JEP un cuaderno con 150 nombres de familiares desaparecidos. Los abrazaron y les agradecieron. “La JEP nos devolvió la esperanza que perdimos con las instituciones. Estamos contentas y vamos a seguir adelante”, dijo Margarita Restrepo.
Pero no son pocos los obstáculos que persisten en este propósito. Por lo pronto, los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP deberán procesar todo lo que ocurrió aquí para determinar si deben ordenar medidas de protección a La Arenera y La Escombrera. “Desde el año 2004 hemos pedido eso, cuando todavía no era la montaña que es hoy, pero los negocios han sido más importantes que nuestros derechos”, recuerda Juan Diego Mejía, hermano de Erney, desaparecido el 18 de noviembre de 2002 en la Comuna 13.