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Al inicio de esta semana, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 14 miembros de la antigua guerrilla de las Farc-EP a rendir su versión voluntaria dentro del caso 007, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Aunque la noticia fue reportada por los medios, para las organizaciones sociales, el país no entendió la dimensión de este pasó: por primera vez este delito es atendido por la justicia colombiana.
“Esto no sólo es crucial para nosotros como organizaciones, sino para el país, porque por fin se van a develar conductas que no se conocieron en el conflicto. Solamente un porcentaje muy pequeño de casos llegaron a una sentencia. La Jurisdicción habla de 4.219 investigaciones y hasta el momento se han dado 10 sentencias condenatorias. La mayoría viene de las versiones libres de Justicia y Paz. Entonces este paso es enorme, casi sin precedentes”.
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Las palabras son de Marcela Briceño, asesora jurídica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), una de las organizaciones que entregó informe a los magistrados sobre este flagelo y que pidió su priorización. Aunque no conocen el auto que emitió la JEP tomando la decisión y están a la espera de que esta justicia se contacte con ellos, destaca la rapidez con la que se llamaron a los máximos responsables a declarar sobre la verdad de estos hechos.
Desde el próximo 9 de diciembre empezarán las diligencias con la dirigencia del hoy partido Farc. Primero comenzarán con Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, pero la lista se extiende hasta Abelardo Caicedo Colorado o Solís Almeida. También comparecerán Pastor Lisandro Alape, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, entre otros excomandantes.
Briceño confía que los excombatientes asistan a las versiones y se comprometan a contar la verdad, como lo han hecho con los casos de secuestro. Lo que le preocupa ahora a la abogada es el número de víctimas que se acrediten ante la JEP, que espera que aumente al finalizar este año cuando haya mayores decisiones tomadas: “Hay muchas dificultades para esclarecer estos casos. El primero es el reconocimiento de las personas como víctimas. No lo hacen por varias razones. Hay riesgos de revictimización, hay temores fundados, hay personas que no quieren saber más del tema”.
Otro de los argumentos para destacar la decisión es que este delito está asociado con otros crímenes también desconocidos. Dentro del reclutamiento, explica, también está el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los tratos crueles y degradantes, y la violencia sexual.
Este último delito ha sido una de las preocupaciones de otra organización que también destaca el avance en el caso 007: Women’s Link Worldwide. Para esta plataforma, es muy positivo que a raíz de los informes de varias organizaciones se llame a responder a los exjefes guerrilleros de las Farc por esto, así como se ha hecho con las fuerzas militares y las ejecuciones extrajudiciales. En el informe que presentaron a la JEP, por ejemplo, mostraron el caso de Helena, una mujer reclutada siendo menor de 15 años y que sufrió una planificación y aborto forzado al interior de las filas de las Farc.
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Mariana Ardila Trujillo, abogada de la dirección legal Women’s Link Worldwide, destaca, además, otro paso importante: “Es la primera vez que la JEP llama a un actor armado a responder por crímenes de violencia sexual, esta vez en el marco del reclutamiento ilícito”. Esto es, según Ardila, un avance de la justicia para las mujeres y niñas, quienes durante años han reclamado esclarecimiento de sus casos hoy impunes en un 95%, de acuerdo con las cifras de las autoridades. Hasta ahora las Farc nunca ha sido condenado por este delito.
Sin embargo, para esta organización, no es suficiente. Por eso le siguen pidiendo a la JEP que priorice el caso de violencia sexual, un delito que al igual que el secuestro, fue una política de las Farc en todos los territorios en los que operaban. “Nosotras revisamos más de 80 fuentes documentales, entre informes del Centro de Memoria Histórica, de ONGs nacionales e internacionales, instituciones académicas y del Estado. Ahí se recogen 35 testimonios de mujeres adultas y niñas que describen cómo en las Farc era obligatoria la planificación desde la Conferencia Nacional Guerrillera de 1997 y cómo la implementación de esta anticoncepción primero era hormonal y luego derivó en abortos forzados, en caso de que no funcionara”.
Las organizaciones aplaudieron el inicio de las versiones voluntarias y siguen convencidas de que la justicia transicional es una oportunidad para acabar con la invisibilidad y la impunidad de estos delitos sistemáticos en el conflicto armado. Y esta decisión, según ellas, lo demuestra: hasta ahora los responsables nunca se habían visto obligados a comparecer ante la justicia. Pero sobre todo es el momento para que los actores armados reconozcan su error y reparen a las víctimas.
“Es muy grato que los casos estén moviéndose y que, en el caso de Helena, a quien representamos, se rompieron 11 años de silencio. Nunca había denunciado lo que le pasó y ahora está viendo por primera vez en su vida que una institución judicial está respondiendo a sus peticiones. Esperamos que se siga avanzando de forma ágil”, agrega Ardila.
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Ahora están a la espera de que la JEP notifique la decisión y les permita participar en las versiones voluntarias que se adelantarán, teniendo en cuenta que el principio más importante de la JEP es la centralidad de las víctimas.
Las versiones voluntarias
Desde el próximo 9 de diciembre hasta el 30 de enero de 2020, los 14 exjefes guerrilleros tendrán que contar su versión sobre lo sucedido en el reclutamiento forzado. Deberán entregar información relacionada con las decisiones que orientaron la política de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y las medidas que se adoptaron en todo el país para su desarrollo.Los excombatientes tendrán que explicar las reglas generales a través de las cuales se promovía, toleraba o permitía el reclutamiento y otros delitos asociados, como asesinato a consecuencia de consejos de guerra, contracepción, abortos forzados y tratos crueles, inhumanas o degradantes.
También deberán enumerar con nombres propios quiénes tomaban las decisiones en materia de reclutamiento y revelar el grado de conocimiento y control que pudieron haber tenido los miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de la extinta guerrilla.
Los magistrados de la Sala de Reconocimiento pedirán ahondar en el caso particular de la conformación y recorrido de la Columna Móvil Arturo Ruiz. Según la JEP, “se buscará indagar por la relación entre el reclutamiento de niñas y niños y las políticas de crecimiento de la organización, de desdoblamiento y creación de nuevos frentes, aporte de personal a distintas unidades armadas”.
El caso 007 fue abierto en marzo de este año, después de cruzar los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Coalico, Women’s Link Worldwide y Benposta.