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La Jurisdicción Especial para la Paz ha aceptado las solicitudes de sometimiento de cuatro generales en retiro del Ejército que han sido investigados o condenados en la justicia ordinaria. Se trata de Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui, Mario Montoya Uribe y Henry Torres Escalante, cuyos casos ahora los asumirá esta entidad de justicia transicional. Ellos han insistido en que su sometimiento no implica que reconocen los hechos por los cuales han sido investigados.
Uno de los casos más sonados es el del general (r) Rito Alejo del Río, quien fue condenado en la justicia ordinaria a 25 años y 10 meses por la muerte del líder chocoano Marino López Mena, ocurrida en 1997. Hace un año, luego de que solicitara cupo en la JEP, quedó en libertad con el compromiso que cumpla con los requisitos de la justicia transicional: aportar al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse a que los hechos en los que estuvo involucrado no se volverán a repetir.
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Del Río también estaba siendo investigado por otros casos, como la masacre de Mapiripán (Meta), cometida en julio del mismo año por los paramilitares y el magnicidio del periodista Jaime Garzón, caso por el cual rindió versión libre en 2016.
Por otra parte, José Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 37 años de prisión por la Masacre de Mapiripán (Meta), solicitó someterse a la JEP en marzo de 2017 y en mayo -debido a que aún no había empezado a funcionar la justicia transicional- la jurisdicción ordinaria le concedió la libertad. Uscátegui, asimismo, ha insistido en que defenderá su inocencia en la JEP.
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Otro de los generales que firmó el acta de sometimiento ante la JEP es el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe. Para recibirlo en esta jurisdicción, se tuvieron en cuenta hechos como la Operación Orión, registrada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, y los denominados “falsos positivos” de Soacha. Montoya Uribe ha insistido en que la JEP, ahora, es su “juez natural”.
El cuarto general (r) es Herny Torres Escalante, quien en 2007 fue el comandante de la XVI Brigada del Ejército. Torres estaría relacionado con casos de falsos positivos registrados en 2007 en Casanare, como se denominaron a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego se hicieron pasar como "bajas" de la guerrilla para acceder a beneficios dentro de la institución. De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, el oficial estaría relacionado con la muerte de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate y quienes habrían denunciado otras ejecuciones extrajudiciales en esa zona. El oficial indicó en julio pasado que acudía a la JEP debido a que no tenía garantías para defenderse en la justicia ordinaria.
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Mientras ellos han sido aceptados por la JEP, hay otros cinco oficiales de insignia que piden cupo: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.