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Por primera vez en la historia de Colombia, un alto tribunal tiene como magistrados titulares a cuatro representantes de las comunidades indígenas. Una kankuama, un wayuu, una arhuaca y un totoró imprimirán el enfoque étnico y diferencial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, harán parte de la selección de 38 juristas que tendrán la misión más importante para consolidar la paz, que será juzgar a los responsables de los peores crímenes que se cometieron en más de 50 años de conflicto armado.
Los indígenas representan el 10 % de la JEP y ayudarán a materializar el corazón del Acuerdo de Paz: la protección de las víctimas. Y es que entre los grupos más vulnerables y olvidados por la justicia ordinaria están los pueblos indígenas, quienes, además del olvido estatal, aportaron miles de muertos y víctimas, fueron desplazados de sus territorios sagrados y en algunos casos los extinguieron bajo la ley del más fuerte.
Los cuatro nuevos magistrados coinciden en una premisa: respetar la autonomía de la justicia indígena, que más que un obstáculo se convierte en una de las principales aliadas para imponer un sistema de justicia restaurativa. No sólo por su cosmovisión, sino por la forma en que entienden el castigo y la sanción, pues velan por un proceso de armonización y recomposición del tejido social que fue destruido por el conflicto.