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Jacqueline Castillo estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro. Movía las manos. Colgaba una pancarta. Daba una entrevista. Acomodaba fotos. En cinco minutos debía subir a una sala que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adecuó para que las víctimas del conflicto armado pudieran presenciar las versiones voluntarias, un encuentro entre los actores de la guerra y los magistrados de esta justicia. Jacqueline estaba a unos minutos de escuchar la verdad que el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos contaría sobre el asesinato de su hermano, Jaime Castillo Peña, dentro del fenómeno de los mal llamados falsos positivos.
Jaime desapareció el 10 de agosto de 2008 en Bogotá y fue hallado muerto dos días después en Ocaña, Norte de Santander. Han pasado diez años y la justicia no les ha dado respuesta. No es la primera vez que se encuentran frente a frente con Tamayo. En las audiencias de los tribunales ordinarios tenían que escuchar sus declaraciones, pero no podían intervenir. En la JEP, después de que organizaciones defensoras de derechos humanos lo solicitaran, se abrió la oportunidad de expresar sus dudas al exmilitar.
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Nunca se está preparado para escuchar verdades dolorosas. Parece una obviedad, pero a Jacqueline no deja de contradecirla. Ha buscado este encuentro durante más de 10 años y ahora que sucedió los nervios la desbordaron. “No me siento tan fuerte. Nos recomendaron descansar mucho. Pero no es fácil”, dijo antes de ingresar.
“Han pasado 11 años. Estoy esperando una verdad plena, en la que no sólo cuente que sus jefes, como el general Mario Montoya, le exigían litros de sangre, sino que también esperamos escuchar su recorrido en el Ejército, su responsabilidad en otros hechos. Nuestros casos son de Soacha y Bogotá, pero sentimos que debemos ayudar a las demás víctimas de Colombia”. Respiró para tomar fuerza y se despidió.
El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos es una ficha clave para esclarecer la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, el caso 003 de la JEP. En 2008, Tamayo era el comandante del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander. De acuerdo a las evidencias que reposan en los procesos de la justicia ordinaria, el exmilitar habría participado directamente en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes de Soacha.
Según la fiscal a cargo del proceso en la justicia ordinaria, María Cecilia Jaimes, “a partir de la información legalmente obtenida, se estableció que el coronel Tamayo buscaba los recursos para pagar los tiquetes de traslado y asimismo pagar el costo de las víctimas y conocía cómo se iba a llevar ese modus operandi, cuándo se hacía la entrega por parte de un militar a la tropa de la víctima y cómo se procedía el acto de homicidio en completo estado de indefensión”.
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Las organizaciones que defienden a la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) aseguran que, de acuerdo con las evidencias de la Fiscalía, bajo la comandancia de Tamayo se utilizaron recursos del Batallón Santander para realizar pagos a los reclutadores, quienes se acercaban a las víctimas con la mentira de una oferta laboral.
Es la primera vez que Tamayo, quien fue edecán del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, dialoga con los magistrados. Esta versión voluntaria es un gran paso para las víctimas, debido a que, hasta el momento, el coronel no había cumplido con contar la verdad, como prometió que lo haría el 3 y 4 de abril de este año, en unas diligencias programadas por la justicia ordinaria que fueron canceladas y reprogramadas. Por ello, las familias de las víctimas esperan que Tamayo diga verdad de manera libre, voluntaria, detallada y sobre todo exhaustiva sobre su participación en los crímenes que se le endilgan.
“Él debe contar muchas cosas. Estamos seguras de que esto no venía de bajos rangos, sino de altos mandos. Lo que queremos escuchar es quién les dio la orden de hacer todos estos crímenes. Ahora todos están en libertad por las garantías que les ofrece la JEP. Esperamos que cumplan con su compromiso de decir la verdad. De todas formas, me parece triste que no paguen por estos crímenes”, afirmó Jacquelin.
Jacqueline no estaba sola. Beatriz Méndez, quien también colgaba pancartas, fotos y telares, la abrazó antes de la declaración. A ella le desaparecieron, torturaron y asesinaron a su hijo, Weimar Armando Castro Méndez, y a su sobrino, Edward Rincón Méndez. Hoy no fue el turno de Beatriz de asistir a las versiones voluntarias, pero estaba ahí por solidaridad.
Desde hace 10 años están juntas en la lucha por la verdad y la justicia. Y en estos momentos, en los que la verdad se acerca para bofetearlas, ella quiso ofrecerle su cariño a Jacqueline como aliciente para continuar con un proceso que ellas catalogan como lento y torpedeado.
“Hay días en los que uno se levanta mal y ellas están siempre. A veces ellas se sienten tristes y yo soy la que apoya. ¿Sabe? Todos los días las saludo en nuestro grupo de WhatsApp “Hola, familia”, porque eso somos: una familia. Y hoy van a escuchar una verdad dura, cruel. Esas mamitas saldrán mal. Pero aquí estaremos”, explicó Beatriz.
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Cuando le preguntaron qué verdad quiere escuchar, Beatriz pensó en escenas y detalles: “Toda. Desde quién dio la orden hasta si suplicaron para no ser asesinados. Quiero saber si me nombró en el último momento. Si suplicó por sus hermanos y por mí. Pienso en esa imagen, la invento, me pongo en los zapatos de mi hijo, porque él era mi apoyo. Pero quiero saber la real”.
Jacquelin y Beatriz confían en que después de la verdad vuelva la calma. Y luego, como un devenir irremediable, no les quede más opción que el perdón. No, no saben si lo lograrán. Tampoco conocen su reacción después de estas declaraciones que las dejan exhaustas emocional y físicamente. Pero quieren intentarlo. El odio, aseguraron, esperan soltarlo. Beatriz lo dejó claro: “Primero está la conciliación y luego la reconciliación”.
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