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En un oficio dirigido a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila Peñalosa aseguró que cumplirán su petición de extender el tiempo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para que sea la entidad encargada de monitorear, acompañar y verificar las sanciones propias que se impongan a los comparecientes de la JEP.
Las sanciones propias a las que hacen referencia son las penalidades que no contemplan la cárcel sino proyectos o actividades simbólicas con las que se busca la reparación de las víctimas. Estas sanciones tienen restricciones y se aplicarán solo a los comparecientes -excombatientes de las Farc, exmilitares o terceros civiles- que hayan reconocido los crímenes cometidos y hayan hecho un aporte pleno a la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado interno.
Sin embargo, estas no son las únicas sanciones de la JEP. A quienes no reconozcan responsabilidad e insistan en su inocencia aún cuando se compruebe lo contrario, el Tribunal de Paz de esta justicia los podrá condenar a penas ordinarias punitivas que pueden ir entre 15 y hasta 20 años de prisión. O las sanciones alternativas que serán para quienes durante todo el proceso de juzgamiento alegaron ser inocentes y solo antes del juicio, acepten su culpabilidad: para estas personas se contemplarán entre cinco a ocho años de prisión.
Las sanciones propias deben ser consensuadas entre las víctimas y la JEP, de acuerdo a los parámetros establecidos por esta justicia. Por ejemplo, las víctimas pueden acordar que el compareciente desarrolle labores educativas para la paz en una zona, que trabaje en actividades rurales resarciendo el daño que hizo a una comunidad o incluso, dentro de un cabildo indígena ejerciendo labores propias que beneficien a las personas que padecieron el conflicto.
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En este punto también es fundamental la coordinación que los magistrados tengan con el Ejecutivo y las autoridades departamentales y municipales, pues su labor es dictar sentencias y no crear políticas públicas. Por eso desde hace unos meses se han intensificado las reuniones con Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, quien le propuso a la JEP que las personas que sean sancionadas con este tipo de pena trabajen para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan mejorar las condiciones de vida de más de 170 municipios afectados por la violencia y la pobreza.
Sin embargo, para la implementación de estas sanciones, Patricia Linares le había pedido al presidente Iván Duque Márquez, el pasado 2 de junio, que ampliara las labores de la Misión de Verificación, dado que hasta el momento la tarea de este organismo internacional en el país es monitorear el proceso de reincorporación a la vida civil de excombatientes y la lucha contra grupos sucesores de paramilitarismo o cualquier organización armada ilegal que quiera atentar contra el Acuerdo de Paz.
De acuerdo con la petición expresa de Linares, “en el Acuerdo Final se prevé que el monitoreo y verificación de las sanciones será apoyado por un mecanismo internacional que hará parte de la Misión de Verificación de la ONU, lo que hace necesario y urgente, dado el avance de la operación de la JEP, especialmente de los macro casos y, por ende, la proximidad de la imposición de las primeras sanciones, que se incluya como una de las funciones de la Misión, el monitoreo y verificación de las sanciones propias que se impongan a todos los comparecientes sometidos a la JEP”.
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A esta petición, Emilio Archila dio respuesta mencionando que el presidente Iván Duque desde el 15 de enero de 2020, había solicitado en una sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, que el trabajo de la Misión de Verificación se mantuviera “hasta el último día de gobierno, el 7 de agosto del 2022″, señaló en la respuesta.
Reiteró que el 9 de marzo en una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, el jefe de Estado pidió que dentro de las tareas de la Misión se aborden “las sanciones propias a los excombatientes Farc”. Aunque en la respuesta no fue expresa que las sanciones también se aplicarán a miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP, esta justicia ha sido explícita en mencionar que la verificación de las sanciones propias debe ser para todos los grupos (excombatientes, integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles que financiaron el conflicto).
“El Gobierno Nacional considera que ese apoyo constituirá un aporte a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señala la respuesta del Gobierno a la presidenta de la JEP, que además asegura que desde el pasado mes de marzo, ”la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y el Ministerio de Relaciones Exteriores están adelantando las gestiones necesarias para cumplir con lo pactado de la verificación de la ONU en este asunto”.