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A Patricia Linares le queda un año más en la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un año que ella espera sea más tranquilo que este 2019 lleno de sobresaltos, ataques, críticas, falsas noticias, pero también de demostraciones de apoyo, sobre todo de la comunidad internacional. Una mirada al año viejo.
La JEP estuvo bajo fuego desde el primer día de este año. ¿Cuál es su balance?
Fue un año muy intenso. Debimos superar muchas situaciones que, por fortuna, se dieron en el marco democrático. En algún momento muchos sectores llegaron a pensar que la existencia de la JEP podría estar en riesgo, pero cada uno de los poderes públicos que tuvieron que intervenir para resolver esas situaciones lo hizo acudiendo a la institucionalidad y fue el Estado de derecho en su conjunto el que logró darle el piso jurídico que necesitaba la jurisdicción.
¿Ya está tranquila? ¿Cree que no habrá más intentos de afectar el piso jurídico de la JEP?
Siempre confié en que se iban a cumplir las premisas del Estado de derecho y siempre asumimos con tranquilidad los debates. En esta primera etapa estuvieron muy concentrados en el marco jurídico, primero la ley de procedimiento, luego la ley estatutaria, luego las objeciones que el presidente presentó. El Congreso las debatió a fondo, con argumentos y contraargumentos. Hoy tenemos la tranquilidad de contar con un marco normativo, con jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema. Me siento tranquila porque cada día se afianza ese marco normativo.
Uno de los temas que más afectaron la imagen de la JEP fue el caso Santrich. ¿Cómo lo evalúa hoy?
Ese caso significó un desafío para todo el país, enfrentarse a una figura novedosa, explicar que el trámite de la extradición sigue siendo el mismo, pero que en el caso de quienes fueron parte de la guerrilla de las Farc tiene una etapa previa adicional para otorgar o no una garantía de no extradición. En ese caso se surtieron todas las etapas, actuaron todas las instituciones que debían actuar. La Sección de Revisión, que constitucionalmente tiene el encargo de resolver las garantías de no extradición, hizo una evaluación a partir del material probatorio y tomó una decisión como cualquier juez en el mundo, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica. Las decisiones judiciales causan diferentes efectos, y así lo asumimos.
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Criticaron a los magistrados porque fueron ingenuos o porque actuaron con dolo, señalaron que fueron débiles, que se demoraron mucho en tomar la decisión, y por eso “Santrich” se voló...
El juez debe ser objetivo, apegado a las normas, la Constitución y la ley, y no puede permitir que sus decisiones sean interferidas por presunciones como las que usted menciona. El juez puede ser tachado de ingenuo o de lo contrario, pero si se apega a la Constitución y a la ley y toma sus decisiones sin presiones mediáticas o políticas, está actuando como debe ser. La valoración que se haga de su decisión se sale del ámbito judicial.
Otro momento difícil este año fue el anuncio de rearme de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros mandos medios. ¿Qué significó eso para la JEP?
Eso hizo que la jurisdicción tomara un decisión en derecho. La tomó porque las normas que nos rigen nos permiten tomarla, porque se reunían todos los elementos necesarios para configurar la presencia de un desertor manifiesto, y así quedó consignado en las decisiones.
Muchos creen que estos mandos medios se fueron a la disidencia porque ustedes no tomaron acciones prontas en su contra...
El juez no hace ese tipo de cálculos, porque parte de la base de que todo el Estado funciona en debida forma. Estas personas traicionaron la esencia del acuerdo que firmaron, traicionaron a las víctimas, a un Estado que generosamente abrió la puerta a una mesa de negociación, y traicionaron la confianza que toda la sociedad depositó en ellos. El juez no calcula si una persona va a comportarse de una u otra manera. El comportamiento de esas personas tiene consecuencias y se materializaron en decisiones judiciales.
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Varias veces el Gobierno le dijo a la JEP que dejara a las autoridades actuar en contra de estas y otras personas…
Lo que está en las normas que guían nuestro accionar es que si una persona que hizo parte de las Farc presuntamente comete un delito después del 1.º diciembre de 2016 deja intacta las competencias de las autoridades correspondientes, la Fiscalía, los jueces, la Fuerza Pública. Son ellas las que deben perseguir el delito. La JEP en ningún momento puede, ni lo ha hecho, atravesarse en esa competencia que se activa de manera inmediata. La competencia nuestra es sobre crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, en relación directa o indirecta con el conflicto, cometidos antes del 1.º de diciembre de 2016, y nos orientamos fundamentalmente a máximos responsables.
Y varios de esos máximos responsables se rearmaron. ¿Qué hará la JEP para que esa verdad no se pierda en el monte?
En el video que se dio a conocer se ve al menos a 12 personas que se presume tienen información muy valiosa, pero en paralelo tenemos a más de 9.700 exmiembros de Farc que están cumpliendo sus compromisos y están en disposición de aportar la verdad.
Después de contar con piso jurídico, como lo llama usted, los ciudadanos reclaman de la JEP resultados concretos. ¿Qué veremos el año entrante?
Ya hay resultados, que se traducen en 16.500 decisiones de carácter judicial, y todas son importantes porque son las primeras, porque analizar una amnistía o la conexidad de un delito con el delito político supone sentar un precedente; el otorgamiento de beneficios supone construir jurisprudencia.
Esas son decisiones que no ve el ciudadano común...
Hablemos del resultado que se comunicó hace unas semanas por unas medidas cautelares que nos llevaron al cementerio de Dabeiba. Detrás de esa decisión hay más de un año y medio de trabajo de la Sección junto con la Sala de Reconocimiento, con la Unidad de Investigación, con la Secretaría Ejecutiva, con la Unidad de Búsqueda. Somos jueces, nos debemos al debido proceso, debemos garantizar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información como corresponde, que las víctimas tengan presencia activa dentro de cada etapa. Eso supone establecer medidas de protección y seguridad, supone desatar un dispositivo de seguridad para las personas que deciden colaborar con la jurisdicción.
¿Por qué los magistrados están exhumando cuerpos?
Esa diligencia se hace en el marco de unas medidas cautelares solicitadas por organizaciones sociales. Nos dan la información de que en determinados sitios del país pueden estar cuerpos de personas desaparecidas; se estudia y, en un trabajo concertado con Medicina Legal, se toman medidas para llegar a la protección de esos lugares, y luego se llega a estas diligencias de recuperación de esos cuerpos y se inicia un proceso de identificación.
¿Vendrán más medidas cautelares?
Tengo información de que la sección está analizando otras. Hasta ahí le puedo decir.
¿Por qué esos cuerpos no habían sido desenterrados?
No tengo respuesta para esa pregunta. La Jurisdicción cumple con el mandato constitucional que se le impone. Lo hace porque las organizaciones han planteado su preocupación y tenemos herramientas jurídicas para hacerlo.
Se dice que todo el país es una fosa común. ¿Le alcanza el tiempo a la JEP para estar en todos los lugares donde haya desaparecidos?
La guerra que ha vivido Colombia durante más de medio siglo, por lo extensa en el tiempo, por la multiplicidad de factores que la alimentaron, por la diversidad de los actores, es muy compleja y ha causado un dolor inmenso y prolongado. Siempre estaremos en disposición de cumplir la tarea sin olvidar que somos jueces y tenemos un marco de competencias.
¿Es exagerado decir que todo el país es una fosa común?
Como jueces nos atenemos a los hechos. Seguramente el país tendrá que confrontar verdades que van a causar aún más dolor, pero se dará vía para no repetir los errores cometidos.
¿Qué decisiones de fondo tomarán el otro año en los siete macrocasos que abrieron?
Las decisiones de fondo se traducen en la expedición de resoluciones de conclusión por parte de la Sala de Reconocimiento. Los casos son muy complejos, suponen la vinculación de miles de víctimas y de cientos de comparecientes. Y se deben abrir bajo el principio de simetría, simultaneidad y trato diferencial, convocando a todos los actores de la guerra. Es un trabajo sin precedentes y que no se ve. Aspiramos a que el primer semestre tengamos algunas resoluciones de conclusión.
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¿En qué casos?
No puedo hablar de casos porque es una competencia de la Sala de Reconocimiento.
¿Está la JEP en capacidad de abrir más casos?
La JEP debe abrir más casos para llegar a la verdad plena. Hay dos temas en los cuales hay mucha expectativa: violencia sexual y desaparición forzada. En el primero ya han presentado 15 informes y eso genera ansiedad en quienes, confiando en el sistema, se toman el trabajo de prepararlos y presentarlos. La sala está conformada por seis magistrados, cada uno tiene 10 auxiliares y cuentan con el apoyo de otras secciones de la jurisdicción, pero es insuficiente.
La gente está esperando que se impongan sanciones a los responsables, específicamente de las Farc. ¿Cuándo sucederá eso?
Esperamos tener en el primer semestre al menos una resolución de conclusiones. Por ejemplo, en el caso 001, sobre secuestro, o en el 003, sobre ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de miles de víctimas que se están acreditando para participar en las diferentes etapas del proceso. A ellas hay que entregarles las versiones de los comparecientes, los informes y el material probatorio para que puedan contrastar, aclarar y digan qué no es cierto o qué es insuficiente o lo que consideren que deben decir. El juez necesita un tiempo para determinar cuáles comparecientes, bien sean de Farc o agentes del Estado, cumplieron con todos los compromisos de aporte a la verdad plena, garantías de no repetición, información sobre desaparecidos. Los que cumplen van a una sección del tribunal donde se aplicará la sanción propia.
¿Qué es una sanción propia?
Es una sanción que no necesariamente implicará privación de la libertad. Sí implica una restricción de derechos, pero no la que conocemos. Esa sección ha venido trabajando de la mano con la Alta Consejería para la Estabilización, con los gobernadores y alcaldes electos, ya que materializar las sanciones supondrá el despliegue de diferentes instancias del Estado. En el diseño participan las víctimas.
¿Un ejemplo?
Supongamos que las acciones de excombatientes de las Farc en un territorio indígena supusieron la destrucción de cientos de hectáreas de bosques y afectación a las fuentes de agua. Una sanción podría ser destacar a esas personas durante un período para trabajar allí en la recuperación de esos bosques y fuentes de agua. Las víctimas van a manifestar cómo se debe hacer ese trabajo, se tendrá que determinar qué recursos técnicos y científicos se necesitan para hacer viable la sanción, que se traducirá en la recuperación de ese territorio destruido por acción de la guerra.
El presidente Duque le dijo en un evento público que esperaba que la JEP hiciera que las Farc entreguen los bienes para reparar a las víctimas. ¿Qué está haciendo en este campo?
Esa es una obligación en cabeza de las Farc, que debió cumplirse antes de la existencia de la Jurisdicción. Asumo que las autoridades hicieron su trabajo. El sistema integral, contrario a lo que se piensa, tiene cuatro ejes: la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la reparación, que le corresponde al Ejecutivo en cabeza de la Unidad de Víctimas. Esa reparación económica no es competencia de la JEP, pero el incumplimiento de la entrega de bienes puede tener consecuencias.
Le queda un año de presidencia. ¿Qué expectativas tiene?
Seguir avanzando. Con humildad le digo que nos sentimos orgullosos de los resultados que presentamos este año. Tenemos apoyos que son importantes, como la comunidad internacional, el poder judicial en Colombia, que necesitan que se vean resultados y que vamos por buen camino. Cincuenta años de guerra no se superan en año y medio o en dos años; es un trabajo demandante, atípico, sin precedentes. El 2020 fluirá mejor porque ya tenemos la Ley Estatutaria y jurisprudencia de las cortes, internacional y de nosotros mismos.
¿Cómo termina su relación con el presidente Iván Duque, que no fue fácil este año?
Mi relación con el presidente Duque siempre ha sido muy cordial de mi parte, muy respetuosa, siempre muy franca. Eso ha permitido que cada uno cumpla con sus funciones de manera autónoma e independiente.
¿Se ganó más enemigos que amigos en este cargo?
He ganado muchos amigos, he reconocido mucha gente que apoya a la JEP. Es muy alentador que los jóvenes han apoyado al sistema y a la jurisdicción bajo la premisa: no queremos más guerra. A estas alturas de la vida no reconozco ningún enemigo.
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