Falsos positivos reportados ante la JEP serían más de 6.402: ONG

La Sala de Reconocimiento anunció que le va a dar prioridad al periodo de 2002 y 2008, justo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debido a que en ese momento se presentó el 78 % de los casos.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Mientras la Fiscalía General de la Nación tiene en sus reportes oficiales que, entre 1988 y 2014, en Colombia se presentaron 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que, sólo entre 2002 y 2008, se habrían registrado, por lo menos, 6.402 víctimas. Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases datos al Tribunal de Paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.

Aunque los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y la JEP los está investigando hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, la Sala de Reconocimiento anunció que le va a dar prioridad al periodo de 2002 y 2008, justo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debido a que en ese momento se presentó el 78 % de los casos.

(Lea: Falsos positivos en la JEP: el 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Uribe)

Según la JEP, en ese lapso de seis años se habrían presentado 4.154 casos más que no tienen documentados ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A pesar de las discrepancias en los números, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.

Si bien esta es la primera vez que una entidad gubernamental presenta un consolidado de cifras de esta magnitud, para los abogados que representan a víctimas de este delito, no es una sorpresa toparse con ese número de casos. “Un número similar ya había sido expuesto años previos en informes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por lo tanto, ese reconocimiento es importante como una confirmación de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la investigación y consolidación de la información para dar a conocer la magnitud de este fenómeno de criminalidad”, asegura Sebastián Bojacá, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

La JEP fue enfática en que esta no es una cifra absoluta y que apenas este es un avance de los datos consolidados en la investigación del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), agrega que las organizaciones civiles tienen una base de datos de más de 6.000 víctimas, pero el subregistro podría estar concentrado, por ejemplo, en los casos de excombatientes de las Farc que, luego de su desmovilización y de acogerse a planes del Gobierno, “fueron puestos en condición de inferioridad y, siendo civiles, se dio su ejecución”. El abogado explica que pocas historias con estas características han salido a la luz pública.

En un comunicado, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, plataforma de derechos humanos que agrupa a 285 organizaciones sociales, explica que también hay un subregistro de casos que están en poder de la Justicia Penal Militar y que no han sido reportados como ejecuciones extrajudiciales: “Lo que ha evitado que sean investigados y que las víctimas sean ubicadas, identificadas y entregadas a sus familias. Recordemos que, en numerosos casos, la práctica de ejecuciones extrajudiciales estuvo asociada al delito de la desaparición forzada, y muchos de estos cuerpos aún se encuentran inhumados como no identificados en cientos de cementerios del país”.

En ese sentido, manifiesta su preocupación por los casos de ejecuciones extrajudiciales que todavía está investigando la Fiscalía. “También ha habido omisión de investigación en los casos que no se han considerado delito, en tanto las muertes fueron reportadas como bajas en combate por parte de la Jurisdicción Penal Militar”, advierte la Coordinación en un comunicado.

Daniela Stefanía Rodríguez, coordinadora del área de justicia transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), afirma que, aunque celebran el auto de la Jurisdicción, no deja de llamarles la atención a ella y otros defensores de derechos humanos la abismal diferencia de número de víctimas en los registros entre las organizaciones y la Fiscalía en su Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF). Para Rodríguez, “esto confirma la inoperatividad de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer hechos que involucran la responsabilidad de agentes del Estado”, pues según los datos revelados en la mañana de este jueves, sólo se había aportado información sobre cerca de un tercio del total.

Según la jurista, este ejercicio de contraste de datos permite llegar a un análisis más profundo y es que, de acuerdo a su experiencia, “la Fiscalía desestimó las denuncias de madres, hermanas, compañeras, que alertaban sobre la desaparición de sus seres queridos y su posterior presentación como resultados operacionales”. De igual forma, agrega Rodríguez, no dio trámite a las investigaciones y a la fecha en algunos casos se niega a continuar con los procedimientos iniciados bajo el amparo de la existencia de la JEP, aún cuando este organismo le ha insistido en la necesidad de continuar con ellos, en su deber de ser el titular de la acción penal en nuestro país”.

Juan Carlos Ospina, abogado de la CCJ, resalta que esta sea “la cifra global más alta que haya salido de una institución del Estado hasta ahora. Aunque es común que exista un contraste entre información de organizaciones e información estatal, esto demuestra que los “falsos positivos” más allá de un delito y de una cifra exacta, representan el horror”. Ospina advierte, además, que “sin ser esta una cifra completa y definitiva, es mucho más alta que las cifras de víctimas en procesos de países en dictadura y mucho más grave que la violencia en otros países de Latinoamérica”.

Recomendaciones a la JEP

A pesar de que las organizaciones de víctimas y la Procuraduría General de la Nación tendrán 15 días hábiles para presentar sus observaciones sobre el criterio de priorización de la JEP, una de las recomendaciones que hacen desde ya es a que se determinen primero las responsabilidades de los altos mandos militares.

(Vea: JEP indaga sobre presuntas presiones para que exmilitares cambien sus testimonios)

“De no hacerlo, esto representa un peligro para la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, teniendo en cuenta la temporalidad que rige a la JEP (10 años) y particularmente a la Unidad de Investigación y Acusación, que estaría llamada a investigar a los máximos responsables que no reconozcan su responsabilidad sobre estos hechos. El tiempo se agota”, insiste Stefanía Rodríguez.

El abogado Sebastián Escobar, del Cajar, plantea una salida para ello: “La UIA tiene un plazo máximo de 10 años, y ya han pasado 3 años. Lo idea sería que antes de tener resoluciones de conclusiones ellos pudieran ir investigando a quienes no han manifestado voluntad de aportar a la verdad”.

Escobar también le pide a la JEP que preste especial atención a las denuncias por posibles presiones para que los exmilitares cambien sus testimonios ante este Tribunal de Paz. Esto, después de que el pasado 8 de febrero, dos exmilitares aseguraran que estarían recibiendo presiones para modificar sus versiones sobre el fenómeno de los “falsos positivos”, al parecer, por parte del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondectec).

Otro de los requerimientos por parte del Cajar es que estas versiones, al igual que las del Caso 07, sobre Reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc, sean públicas. “Lo que uno puede ver en las versiones es una falta de compromiso y de reconocimiento cuando se hace la rendición de cuentas de los altos mandos del Ejército. Por eso, quisiéramos que esas versiones fueran abiertas al país”.

Por su parte, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos le sugiere a la JEP que, por la sistematicidad de los casos, estos delitos sean calificados como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, buscan que la JEP “despliegue todos sus medios para obtener información relevante sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza pública han permitido la existencia del fenómeno criminal, además del contraste de tal información con las versiones de los victimarios”.

A través del comunicado, las organizaciones de derechos humanos pidieron al alto tribunal que convoquen a una audiencia pública, en la que abogados y víctimas puedan presentar sus observaciones de manera oral y pública, y no de manera escrita y reservada como se ha hecho en otras diligencias judiciales ante la JEP.

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