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La semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó una decisión que dejó atónito a más de uno: rechazó la solicitud de la Unidad de Víctimas que buscaba anular el proceso de las medidas cautelares sobre 17 lugares donde habrían personas dadas por desaparecidas y que fue impulsado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), desde septiembre de 2018.
De acuerdo con la JEP, el argumento central de esta petición es que la Unidad de Víctimas no había sido tenida en cuenta dentro en el expediente. La justicia transicional le respondió que, como no es un sujeto procesal, solo puede ser vinculada cuando la magistratura lo requiera, por ejemplo, en la recolección de información o en los reportes de reparaciones, que les puedan ayudar a pintar un panorama.
La sorpresa no surgió de la respuesta de la JEP, sino de la solicitud de la Unidad de Víctimas. Después de que la noticia se publicara en los medios de comunicación, las organizaciones sociales que conforman el Movice no entendían por qué una entidad que debe velar por los derechos de las víctimas "ahora es una piedra en el zapato para ayudarlas y repararlas".
La frase es de Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movice para este caso, quien en entrevista con este diario cuenta en análisis de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos sobre este hecho. Además, explica de qué se trata esta solicitud de medidas cautelares que hicieron hace dos años y que, según el jurista, ha ayudado a revelar verdades que hasta ahora el país desconocía, como los casos de ejecuciones extrajudiciales de Dabeiba (Antioquia).
¿Por qué el Movice solicita estas medidas cautelares ante la JEP?
El proceso de paz y la implementación del punto cinco sobre la creación de un sistema de justicia transicional nos permitió empezar a generar medidas para proteger posibles lugares de inhumación de personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Las cifras oficiales hablan de más de 86.000 personas desaparecidas forzadamente, sin embargo, ese número puede ser mucho mayor. Las organizaciones acudimos a la JEP porque buscamos que estos lugares sean preservados. Si se intervienen podrían poner en riesgo los cuerpos de las personas que creemos que están ahí inhumadas y nadie nunca volvería a saber de ellas.
¿Cómo llegan ustedes a esos 17 lugares?
Los teníamos identificados. El Movice está conformado por varias organizaciones de derechos humanos y víctimas que han trabajado casos de violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). Durante años, han denunciado crímenes y le han dado pruebas al Estado de los asesinatos a manos de grupos armados legales e ilegales. El tema de Dabeiba (Antioquia), por ejemplo, no es nuevo. Ya se había contado sobre las ejecuciones extrajudiciales en el cementerio de este municipio. El tema de la Comuna 13 en Medellín tampoco es nuevo. Sólo que ahora tenemos un mecanismo que nos ha permitido dar unos pasos adelante en los procesos que empezamos en la justicia ordinaria. Le dijimos a la JEP qué habíamos rastreado hasta ahora y que nos ayudara, en las facultades que le otorga la ley, a proteger los sitios, recuperar esos cuerpos y así garantizar los derechos de las víctimas que quieren encontrar a sus familiares.
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¿Qué avances ha tenido el proceso de la solicitud de medidas cautelares ante la JEP?
Varios. Hemos avanzado en cuatro lugares. Está, por ejemplo, la Comuna 13, donde se dieron las operaciones militares, posteriormente hubo un control paramilitar y están las escombreras, lugares de inhumación donde, según las víctimas, habría 300 personas allí, pero el número aún debe esclarecerse. La JEP hizo una audiencia pública con todas las entidades públicas para recolectar información para hacer un análisis pertinente y se les preguntó qué habían hecho con estas denuncias. Vimos que las instituciones se quedaron cortas frente a los protocolos implementados, porque siempre se han hecho los sordos con las peticiones de las víctimas.
Luego avanzamos con los desaparecidos en la zona de influencia de Hidroituango, una zona afectada por el conflicto. Le hicimos saber a la justicia transicional que antes de hacer el megaproyecto, inundar la zona, se verificara si había o no allí desaparecidos. Hicimos una audiencia, donde también hubo revelaciones impresionantes.
Otro caso fue el de Dabeiba, uno de los que más impactó en la opinión pública. No era nuevo para nosotros, pero para le país fue una verdad muy fuerte sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares. Además porque se conocieron por las versiones voluntarias de militares involucrados en los casos. Creemos que el cementerio del municipio es una mínima muestra de lo que puede ser un cementerio afectado por las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros entregamos un informe del Oriente Antioqueño, donde creemos que hay muchos más casos que aquellos encontrados en Dabeiba. Pero de este episodio rescatamos que fue una puerta que nos ha llevado a verdades que se sabían en voz baja, pero no eran reconocidas por los protagonistas, como la relación entre el Estado y los paramilitares.
Y finalmente tenemos el caso de San Onofre, que visitamos pero aún faltaba avanzar. Ahora por la pandemia todo está detenido. Si me pregunta qué ha logrado todo esto, respondería que muchas cosas: la desaparición forzada es de nuevo un tema de agenda, que nos importa a todos y la JEP ahora puede acceder a información que, si bien hemos denunciado, hoy la están respaldando los responsables, como los militares. Ha habido un cambio significativo en los procesos. Pero falta mucho más por esclarecer.
¿Cuándo se enteró el Movice de que la Unidad de Víctimas solicitó la nulidad de estos procesos y qué piensa de esta acción?
Cuando los medios de comunicación lo publicaron. Nos sorprenden varias cosas de esta solicitud. Primero, la postura de la Unidad de Víctimas, porque le está dando mayor peso a su papel como entidad que a los derechos de las víctimas. Esta acción va en contra de los derechos de las víctimas. Acabamos de hablar de todos los avances que hemos tenido de verdad y protección a estos lugares, lo que está haciendo la Unidad es desconocerlo y convertirse en una piedra en el zapato para que la justicia transicional pueda esclarecer estas violaciones de derechos humanos. Lo que preocupa es que durante muchos años se han revictimizado a las víctimas de crímenes de Estado y ahora vuelve a suceder. Esto es una talanquera contra ellas. Pero además nos sorprende que su manera de expresar algún inconformismo sea jurídico y eliminando todas las posibilidades de diálogo. Su solicitud se centra en anular todo lo actuado en el expediente de las medidas cautelares, es decir, todo lo que hemos avanzado con el Movice y las verdades halladas, porque no son un sujeto procesal. Pero es que los sujetos procesales son las víctimas, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el presunto victimario, su defensa. Como intervinientes especiales están las víctimas y la Producraduría. Nunca se le da la facultad a la Unidad de Víctimas para que se constituya como un sujeto procesal. Ni siquiera el Movice está. No entendemos cómo solicitar algo que en este caso saben que no es posible. Y tampoco por qué quieren representar a las víctimas en los procesos cuando esa es una labor del Ministerio Público.
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¿Es una acción política esta solicitud de nulidad?
Sí. La postura de la Unidad de Víctimas en las medidas cautelares es un hecho revictimizante. Pero no es nuevo tampoco. Históricamente, la Unidad de Víctimas ha revictimizado a las personas afectadas por el conflicto armado. A muchas víctimas de crímenes de Estado, por ejemplo, ni siquiera las reconoce. Y ahora lo vuelve a hacer, porque quiere truncar un proceso que servirá para que estas personas sepan dónde están sus familiares. Lo triste y preocupante es que ni raja ni presta el hacha, porque tampoco ha contribuido a esclarecer los hechos.
Cuando ustedes comenzaron con este proceso, ¿en algún momento tuvieron un contacto con la Unidad de Víctimas?
Nosotros hemos tenido una postura crítica frente a la Unidad de Víctimas, pero más allá de eso creemos que la entidad competente es la JEP, quien tiene la facultad para decretar las medidas cautelares sobre los 17 lugares. En ese sentido, sería ella quien oficie a las diferentes entidades para información y otras medidas. En San Onofre, por ejemplo, le solicitó su ayuda para esclarecer dudas de las reparaciones colectivas. El Movice sólo cumplió con el papel de solicitar la protección y entregarle información de las organizaciones. En algunos casos, ayudamos en la coordinación de las diligencias, pero es un asunto operativo con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas.
¿Por qué cree que tomaron esta decisión?
La verdad no lo sabemos. La Unidad de Víctimas ni siquiera ha intentado tener contacto con el Movice para establecer una ruta dialogada para asumir este trámite de medidas cautelares. Incluso, jamás esta entidad había solicitado ante a la JEP ser vinculada a este proceso. No comprendemos las razones, pero nos preocupa tener una Unidad de Víctimas que actúe de manera contraria a los intereses de las víctimas.
¿Qué le pareció la respuesta de la JEP?
Creemos que fue una decisión acertada. Desmontó uno a uno los argumentos y le dijo que no se afectó su derecho al debido proceso y que no puede considerarse un sujeto procesal ni interviniente especial en este caso. Reconocemos que fue una buena respuesta porque protege a las víctimas. Además hay que valorar que es un ejercicio pedagógico de la JEP. En la justicia ordinaria un juez ni siquiera hubiera respondido con el argumento de que no es un sujeto procesal, pero aquí se pusieron en la tarea de responder y argumentar.
¿Hubo algo que no haya estado de acuerdo o alguna duda de la respuesta?
Al final sólo nos quedó una deuda, pues sí vincula a la Unidad de Víctimas, pero nunca especifica de qué manera. Eso tendremos que preguntarlo a los magistrados.