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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le pidieron a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que llame al general Adolfo León Hernández Martínez para dar su versión de lo que pasó con 23 casos de personas presentadas como guerrilleros muertos en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, que él comandó entre diciembre de 2007 y junio de 2009.
Estos hechos son la base del informe ¿Qué futuro nos espera?, realizado por las tres entidades defensoras de derechos humanos, y que le fue entregado a los magistrados este jueves en la mañana. Según el documento, durante el año y medio que Hernández estuvo como comandante se registraron 39 víctimas de homicidio bajo una posible práctica de ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”. De ellas, a 26 personas se les logró establecer su identidad, cinco eran menores de edad y diez pertenecían a un sector económico vulnerable.
Los homicidios ocurrieron principalmente en Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia, en el Cesar. Llama la atención que uno de los hechos ocurrió en el municipio de San Ángel (Magdalena) donde no tiene jurisdicción el Batallón “La Popa”, lo cual para las organizaciones es un indicio de que el entonces comandante Hernández tenía conocimiento sobre esta irregularidad y fue tolerante con esta práctica.
Además, el documento afirma que en el Batallón se simularon los combates, se cumplieron misiones tácticas sin previo informe de inteligencia y en por los menos 16 casos de presuntas ejecuciones falsificaron documentos de control, actas de munición y minutas. También recopilaron evidencia de que los cuerpos recibieron disparos a una distancia muy cercana, por la espalda y que las prendas de vestir no correspondían a sus tallas.
Otra de sus conclusiones es la existencia de un patrón de encubrimiento, ya que algunas de las investigaciones a sus miembros fueron designadas a la justicia penal militar para que cerraran prontamente, por lo cual la impunidad ha sido muy alta en estos casos.
Las organizaciones aseguran que en las seis compañías que conforman el Batallón ocurrieron estos asesinatos a través de dos modus operandi. Una forma fue a través de la detención de estas personas mientras estaban caminando por su pueblo, en sus casas o usando transporte público para posteriormente ser desaparecidas. La otra modalidad fue el uso de promesas de trabajo en ciudades distintas con la ayuda de terceras personas para que se desplazaran hasta el lugar donde se montaron los combates. Se señala, además, que hubo participación de una red de cooperantes.
Por estas razones, las tres organizaciones le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz llamar al general Adolfo Hernández, cuatro oficiales del batallón y a los suboficiales que estuvieron a cargo de los pelotones que cometieron directamente los hechos para que presenten su versión ante la Sala de Reconocimiento.
Además, como medida cautelar y para garantizar la no repetición, le solicitaron a la jurisdicción suspender de su cargo al general y de quienes también haya sospecha de que cometieron este delito. Asimismo, se realicen actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón que sean concertados con los familiares de las víctimas.
El general Adolfo León Hernández está actualmente al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, cargo al que fue ascendido por el gobierno de Iván Duque desde el 21 de diciembre de 2018. Su nombre fue mencionado en 2016 y 2019 por José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien pidió que se frenaran sus ascensos por su presunta implicación en estas ejecuciones extrajudiciales.