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Con la tranquilidad del deber cumplido, y con cierta ansiedad por recuperar la vida anónima que perdió en enero de 2018, cuando fue designada como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares dejará el cargo la próxima semana para entregárselo a Eduardo Cifuentes, quien acaba de ser elegido como su sucesor. En esta conversación, que pretende ir más a allá de las cifras de audiencias realizadas, de comparecientes y víctimas acreditadas ante este tribunal, la magistrada reafirma su convencimiento de que esta institución creada por el Acuerdo de Paz va por buen camino. Atendió las preguntas con el mismo espíritu sereno con el que enfrentó tres años de ataques y montajes institucionales y personales. Y con la misma seriedad que explicó las más polémicas decisiones de este tribunal, hizo el balance de su presidencia. Solo que esta vez permitió que las lágrimas, que seguramente derramó en la intimidad de su hogar, se dejaran ver durante la entrevista.
Ya han pasado algunas semanas desde que se conoció la carta de aceptación de las Farc en seis magnicidios, ¿Qué lecciones le dejó este episodio?
La principal obligación de todos los comparecientes forzosos y voluntarios de la jurisdicción (ex-Farc, miembros de la Fuerza Pública, otros servidores públicos y terceros) es decir toda la verdad. Esa obligación no se agota en una mera manifestación verbal o escrita, exige relatos exhaustivos, detallados, aporte de pruebas y manifestaciones expresas de arrepentimiento. Este proceso apenas comienza y nosotros, el sistema y el país, necesitamos de toda nuestra capacidad para asumir el impacto doloroso, pero necesario, de aceptar las verdades que empiezan a emerger.
¿Las versiones de los comparecientes en estos casos serán públicas?
El principio rector de las actuaciones judiciales es la publicidad. La ley prevé que en ciertos casos los jueces puedan imponer la reserva; por ejemplo, cuando los derechos fundamentales de las víctimas puedan estar en riesgo. También cuando se pone en riesgo la integridad física o la vida de quienes participan en el proceso, incluso de los comparecientes, como ha pasado en el caso de amenazas muy fuertes para comparecientes de la Fuerza Pública, pero también puede hacerlo si concluye que hacer públicas sus actuaciones puede afectar el desarrollo del proceso.
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¿Qué tanto afectó la pandemia el trabajo de la Jurisdicción?
Esta Jurisdicción está diseñada para estar en territorio, para hacer audiencias donde estén los comparecientes y las víctimas, para que los informes, que son la base para armar los macrocasos, sean construidos a través de ejercicios dialógicos de personas que vienen de diferentes territorios, que reciben el apoyo jurídico y psicológico, y que a la vez les sirven de catarsis para su dolor. Eso es todo lo contrario que impone la pandemia, que es el aislamiento social, el autocuidado y distanciamiento. Debimos suspender los términos, adecuar nuestra operación a la virtualidad. Se han hecho muchas cosas, a pesar de las limitaciones. Ya levantamos la suspensión de términos.
¿Podremos ver el cierre de los macrocasos de secuestro y falsos positivos este año?
Quienes están a cargo de dos de los casos más avanzados en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad me dicen que es muy probable que antes de finalizar el año en esos dos casos se presente el escrito de determinación de hechos y conductas o escrito de acusaciones. Este es el paso previo a la audiencia de reconocimiento de responsabilidad y a la resolución de conclusiones. La pandemia sí nos afectó, pero aspiramos a que esto suceda antes de finalizar el año.
¿El año entrante se impondrán las primeras sanciones?
Al finalizar el macrocaso la Sala dejará consignado cuáles son los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y son candidatos a obtener sanción propia, cuáles son los de sanción alternativa y quiénes irán a la UIA a enfrentar un proceso adversarial por no haber cumplido los compromisos. Esa resolución va al Tribunal a la sección que corresponda.
A la sección con reconocimiento de responsabilidad que diseña e impone las sanciones propias o a la sección sin reconocimiento previo que se encarga del proceso adversarial. ¿Cómo va el diálogo con las entidades del Estado para la aplicación de esas sanciones propias?
Hay un trabajo fructífero y coordinado con el consejero para la Consolidación, Emilio Archila, con otras entidades, con instancias internacionales y con la Misión de Verificación de la ONU, mirando cómo será esa construcción. Ya quedó sentado en la última prórroga del mandato de la Misión la disposición del Consejo de Seguridad para seguir avanzando en la definición y los términos en los que se haría la verificación técnica y objetiva de manera que se cumpla el criterio de no impunidad y la satisfacción real de derechos de las víctimas.
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¿Cuál fue el mayor avance de la JEP en estos tres años?
Le aclaro que los logros son de todos, no solo de la presidencia y se los pongo en términos gráficos: el 15 de enero de 2018 se posesionaron mis colegas, el 16 de enero llegaron al edificio y no había absolutamente nada, no había teléfonos, no había computadores, no había escritorios y desde ese punto cero empezamos a construir, en medio de un ambiente políticamente hostil, con muchas dudas por parte de una sociedad adolorida, desconfiada, que ha sido defraudada cuando se ha intentado alcanzar la paz. Hoy puede ver una Jurisdicción en pleno funcionamiento, con todas las herramientas para trabajar, que nos ha permitido funcionar muy bien en medio de la pandemia, con un compromiso a toda prueba, convencidos de que este es el camino y mostrando resultados que propician debates intensos, porque confrontarse con la verdad es doloroso, para las víctimas es revivir las tragedias que han marcado sus vidas, una sociedad revive dolores que no quisiera volver a recordar. En tres años de funcionamiento pasamos de un punto cero a 7 macrocasos abiertos, con más de 33 mil decisiones judiciales tomadas, más de 12 mil comparecientes que se han sometido. Me siento orgullosa de lo que hemos hecho, estoy agradecida con mis colegas y con todos los funcionarios de la Jurisdicción.
¿Cuál fue el momento más difícil en estos tres años?
Fueron muchos, algunos previsibles, porque cuando se trata de dar el paso de la guerra a la paz, en medio de un conflicto que no ha cesado, se hace más difícil consolidar este proceso. Y súmele casi 8 meses de pandemia. Hubo momentos de debate intenso, de dolor, de cuestionamientos severos, de estrategias desleales, fue duro. Pero el momento que me marcó, porque me produjo mucho dolor, fue el incidente del fiscal de la Unidad de Investigación (Carlos Bermeo fue capturado cuando recibía US$40 mil supuestamente por un soborno para favorecer a Jesús Santrich). Hizo mucho daño con su actuación por fuera de la ley.
¿Por qué ese, si hubo ataques y montajes fuertes, y las objeciones a la ley estatutaria y el caso “Santrich”, y el rearme de varios líderes?
Porque todo eso que usted menciona es producto del debate que se da en democracia. Las objeciones eran una herramienta que tenía el presidente de la República, cada institución cumplió con su tarea y se concluyó lo que se concluyó. En el caso Santrich se dio una discusión alrededor de decisiones judiciales y la ciudadanía estaba en su derecho de hacer preguntas y cuestionamientos, hubo una traición al proceso de estas personas, traicionaron a las Farc, a las víctimas, al país; todo eso fue doloroso, pero en el caso que le menciono, me afectó más porque es el dolor que produce la traición de alguien que se supone está trabajando por el proceso y por las víctimas.
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¿Cuánto le ha aportado la JEP al país en la construcción de verdad?
Mucho. En corto tiempo se han sabido cosas que nunca se habían sabido. El país ha visto cómo los comparecientes han dicho aquello que las víctimas necesitaban oír, las víctimas han encontrado un escenario en el que son oídas, hay una estructura en disposición de brindarles asesoría jurídica y psicológica, los comparecientes cuentan con defensa técnica. Estas son situaciones inéditas para el país, que han conducido a que hoy por hoy la verdad empiece a emerger y eso genera choques, cuestionamientos. La verdad duele, la verdad confronta, revive el dolor, pero es necesaria si queremos no repetir.
¿Qué ha encontrado en las víctimas?
Hemos identificado en ellas algo que nos compromete mucho, y es una constante esperanza. En la entrega de informes, en actos solemnes, esas víctimas nos dicen aquí yo consigno lo que ha sido la tragedia de mi vida, el dolor del secuestro, de la desaparición, de la tortura, del reclutamiento. Le doy mi verdad para que avance en la verdad plena, quiero saber por qué pasó, quién lo promovió. Hemos encontrado un nivel de apropiación del proceso y lo defienden como suyo; cuando atacan al sistema, sienten que las atacan a ellas y por eso se movilizan. He sentido en los jóvenes, hijos y nietos de familias que han tenido la tragedia de la guerra en su casa, que se involucran reclamando no más guerra.
¿Siente que ganaron la credibilidad que no tenían cuando empezaron?
Se ha ganado y mucho. Si mira las encuestas, la credibilidad en la Jurisdicción crece y entre las cortes es la que tiene imagen más positiva. Es un tema de tiempo, de pedagogía, de paciencia.
¿Cuál es el momento más gratificante?
Tengo una lista enorme, están grabados en mi memoria: cuando se recibieron los primeros informes, las primeras audiencias, cuando estuvieron las primeras salas de audiencias, los reconocimientos de carácter internacional, ver tantas personas que creen en lo que estamos haciendo y que valoran lo que hemos dado. Hay un momento especial cuando le comuniqué a una víctima que aquella verdad que estuvo esperando por años había llegado... (llanto), la reacción de esa persona me hizo sentir que el peso de la tragedia que llevó por más de 20 años empezaba a ser más liviana. Me dio las gracias y me pidió que se las diera a la Jurisdicción. Ahí sentí que todo esto ha valido la pena.
¿Qué le quedó por hacer?
Hay mucho por construir, pero están las bases sentadas, los cimientos están firmes; no hay marcha atrás.