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Este 1 de agosto, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá, tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y cerca de 140 víctimas provenientes de los llanos orientales le entregarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) el informe “Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales”, el cual recoge las violaciones de derechos humanos y casos de desaparición y ejecuciones extrajudiciales cometidos entre 2002 y 2011 en el Meta, Guaviare y Caquetá.
La apuesta de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo José Alvear Restrepo y el Colectivo Orlando Fals Borda es que la JEP evalúe la pertinencia de la apertura de un caso para investigar el conflicto armado en los Llanos Orientales.
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Las peticiones también se extienden a las otras dos organizaciones. A la UPBD le solicitarán la creación de una mesa interinstitucional con las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos para avanzar en la identificación y entrega de los cuerpos desaparecidos en la región. Y a la Comisión de la Verdad le pedirán promover más espacios de encuentro por la verdad y convivencia en las regiones, así como analizar el impacto de los planes militares y políticas de seguridad nacional sobre la vida de las comunidades del territorio.
¿Qué información van a entregar?
A la JEP le entregarán 63 casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (Futco), la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), los Batallones de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” y 19 “General José Joaquín París Ricaurte” y las Brigadas Móviles que operaban en los llanos orientales en la década del 2000.Con esta información pretenden contribuir al caso 003 de la JEP: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Justamente, la entrega de este informe coincide con el comienzo de las versiones voluntarias de 4 de los 83 militares que operaban en el Meta y que se acogieron a la JEP.
Según el documento, en 20 de los 63 casos hay sentencias que aseguran que las personas asesinadas no eran combatientes y en cuatro se condenó a militares. Para los otros casos es que le van a pedir a la JEP que determine las circunstancias, modo, lugar de muerte y presuntos responsables. También se asegura que además de las ejecuciones extrajudiciales “se han logrado evidenciar prácticas crueles como el ocultamiento de las víctimas, enterrándolas como no identificadas en cementerios municipales, lo que podría constituirse en posibles desapariciones forzadas”.
Precisamente, esta información sobre personas no identificadas en los cementerios de La Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare será entregada a la UPBD. Según el Colectivo Orlando Fals Borda, que ha hecho un trabajo de documentación en estos cementerios desde 2010, allí se encuentran sepultados 2.304 cuerpos sin identificar, de los cuales 1.674 fueron reportados por la Fuerza Pública como muertos en combate. Por ahora, van 899 personas identificadas de manera preliminar.
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El informe asegura que decenas de estas personas no fueron combatientes, sino presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y llama la atención sobre otros casos con estas similitudes que todavía están por identificar en estos cincos lugares y en otros 421 cementerios municipales del país.
La UBPD recibirá también la documentación de 737 casos de personas desaparecidas en esta región, de las cuales 447 están relacionados con los cinco cementerios. Y recibirá información de 290 casos de desaparición forzada ocurridos después de la firma del acuerdo de paz entre la exguerrilla de las Farc y el Estado.
Finalmente, una parte considerable del informe que será entregada a la Comisión de la Verdad está dedicada a las políticas de militarización estatales implementadas en la región por los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez para “atender” la situación de orden pública y seguridad que se presentó desde la década de 1990.
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Allí analizan las medidas excepcionales como las Zonas Especiales de Orden Público (ZEOP), del gobierno Samper, los Teatros de Operaciones Militares y el Plan Colombia de Andrés Pastrana y las políticas de Consolidación Territorial, de Consolidación Integral de La Macarena y de Seguridad Democráctica de los dos periódos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.
Estas medidas, de acuerdo con las organizaciones, fueron “creadas bajo una lógica de control territorial en esta larga guerra, que terminó por otorgar un poder amplio a las Fuerzas Militares pero puso a este territorio campesino de precarias condiciones socioeconómicas en el centro de la lucha contra el terrorismo”. Además, afectó sus vidas ya que se vieron obligadas a enfrentar la “maquinaria de la guerra” a través de controles como la restricción del derecho de circulación y residencia, el control de los servicios del comercio, el registro domiciliario sin orden judicial previa o la aprehensión preventiva sin orden judicial previa.
“Los indicadores sociales de Colombia para el año 1999 reportaban un panorama dramático en términos de pobreza, desempleo, analfabetismo, concentración de la propiedad rural, desigualdad, entre otros. Y, aun así, la guerra como política pública fue privilegiada antes que la inversión social”, dice el documento.
A la entrega asistirán el senador Iván Cepeda, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; Luz Marina Monzón, directora de la UPBD, líderes sociales regionales y representantes de la JEP. Comenzará a partir de las 9:00 a.m. y será transmitido a través de las redes sociales de las organizaciones autoras del informe.