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La violencia sexual no son solo las violaciones. También son los tocamientos indebidos, los abortos forzados y muchas otras manifestaciones que han afectado a mujeres, pero también a hombres y población LGBTI. En el conflicto armado, específicamente, la Unidad de Víctimas tiene reportadas 32.092 personas que sufrieron este tipo de agresiones, de las cuales 29.035 son mujeres, es decir, más del 90 % de los casos.
(Lea también: Piden esclarecer abortos forzados y violencias sexuales ocurridas en el conflicto armado)
En el conflicto armado interno los cuerpos, sobre todo de mujeres, fueron instrumentalizados y utilizados como botines de guerra por distintos actores armados. Para explicar mejor cómo ha sido ese flagelo, Yolanda Perea, integrante de la Comisión de Paz y representante de las mujeres afros y víctimas de violencia sexual, dice: “A los victimarios que nos violaron y nos hicieron daño lo que más los afecta es reconocer lo que hicieron, porque saben la gravedad de ese delito, por eso la verdad a nosotras nos va a liberar”.
Como parte de ese proceso de conocer la verdad sobre por qué ocurrieron estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde sus inicios creó la Comisión de Género, un espacio en el que participan seis magistrados de diferentes salas y del Tribunal de Paz de esta justicia, dedicados a analizar y asesorar los diferentes casos relacionados con temas de género.
En palabras de la magistrada Alexandra Sandoval, “es una comisión consultiva que busca servir como guía o herramienta para la implementación del enfoque de género dispuesto en el Acuerdo de Paz”. Desde la creación de esta justicia, según la magistrada, se han recibido 27 informes de violencia sexual en diferentes territorios de Colombia, cometida por distintos actores armados.
En la JEP hay tres categorías para determinar la competencia que tiene esta entidad en los casos que llegan. Según la magistrada, “es una forma de entender cómo se dio la violencia sexual y de identificar su relación con el conflicto armado”.
La primera es la violencia sexual política que, en palabras de la togada, es cuando un comandante o un cabecilla del grupo armado da la orden de que cometan esos hechos en la población. La violencia sexual práctica es cuando no hay una orden específica, pero el hecho es cometido por combatientes y aun habiendo conocimiento de los superiores, no se hace nada al respecto. Y la categoría de violencia sexual oportunista, que se da cuando puede que no haya una práctica o política, pero el conflicto le da los medios o herramientas para cometer el acto. “El hecho de tener un uniforme le dio las herramientas o la capacidad para cometer esos delitos”.
La forma como la JEP ha tratado los casos de violencia sexual ha generado múltiples sensaciones.
La alianza 5 claves, compuesta por las organizaciones Colombia Diversa, Corporación Humanas, Sisma Mujer, Red Nacional de Mujeres y Women’s Link, presentó en marzo de este año un informe titulado “Conexidad entre la violencia sexual y el conflicto armado: un llamado al no retroceso en la JEP”. En este documento de 86 páginas manifiestan su desacuerdo con que la Comisión de Género solo sea de carácter consultivo y no decisorio, pues las recomendaciones no son obligatorias para la toma de una decisión. También fueron críticas con la categoría de violencia sexual oportunista de la JEP.
(Vea: “Violencia sexual no fue cometida solo por Farc”: vocera Cinco Claves)
Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, señala que “no existe una violencia sexual oportunista, porque todas las violencias sexuales son planeadas, premeditadas y con algún fin específico. Eso no es porque un grupo armado estaba ahí y quiso violentar a una mujer solo porque tiene poder (...) esa categoría no responde a los estándares internacionales”, señala.
Aunque, según Benjumea, ya han solicitado varias veces replantear esta categoría y entender todas las violencias como prácticas para avanzar en el análisis de los patrones en los que se cometieron, la JEP insiste en que esta no es una forma de probar si hubo o no violencia sexual, sino comprender el contexto en el que se dio y cómo fue. En el informe también hacen hincapié en la importancia de que se abra un macrocaso dedicado a investigar los patrones de violencia sexual en el conflicto armado.
Pese a que en cuatro de los siete macrocasos de la JEP se implementa el enfoque de género, con el fin de identificar los patrones de estos delitos, las víctimas reiteran en que esto incumple con lo pactado en La Habana. “La violencia sexual en el conflicto ha tenido unas causas, unos efectos y unos nexos causales con la guerra innegables, por eso creemos que lo más importante es que se prioricen estos casos en la justicia transicional”, señala la directora de Humanas.
Comentan que no tiene mayor validez presentar informes de violencia sexual en territorios que no están priorizados en los macrocasos de la JEP porque, por ahora, no tendrán ningún impacto. “Por ejemplo, todos los informes que se han presentado sobre los Montes de María van a quedar quietos hasta que la JEP abra un caso, porque si siguen pensando que es transversal, ¿dónde van a quedar esos hechos que ocurrieron en otras zonas del país que no están priorizados por esta justicia?”, reclama Benjumea.
Sobre esto, la magistrada Sandoval afirmó que el hecho de tener transversalizado todos los macrocasos existentes no implica que no se pueda abrir un macrocaso solo para este tema y tener ambas opciones para tratar el delito.
Sin embargo, hay quienes opinan que mientras eso sucede, se debería cumplir con otras obligaciones como la atención psicosocial a estas personas. Ángela Escobar, víctima de violencia sexual, comenta que aunque el Papsivi (Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado) funcionó en los territorios, no hay una política de atención integral en salud. Según ella, es fundamental trabajar todos los problemas tanto biológicos como psicológicos que dejan estos hechos, como la incontinencia urinaria o diferentes tipos de lesiones físicas tanto en los órganos genitales como en el resto del cuerpo.
(Lea: #YoHagoPaz rompiendo el silencio sobre la violencia sexual)
Por eso, una de las propuestas que han surgido de varias víctimas es que en las sanciones propias que impondrá la JEP, cuando comiencen a concluirse algunos de los casos, esté la creación de un centro médico integral para atención a personas que han sufrido violencia sexual.
Pero este tema no es solo un asunto de mujeres. Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca, dice que ellos también fueron botines de guerra, y aunque todavía no estén participando activamente de la Jurisdicción Especial, presentarán un informe en agosto sobre la violencia sexual que vivieron 27 hombres en los departamentos de Risaralda, Valle, Quindío y Tolima a manos de excombatientes de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.
