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El caso de Jesús Santrich ya empezó a tener repercusiones en las decisiones de los demás exjefes guerrilleros de las Farc. Jesús Mario Rojas Arenas, conocido en la guerra como Marcos Urbano, y Luis Oscar Úsuga Restrepo, o ‘Isaías Trujillo’, le pidieron a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aplazar su versión voluntaria por el Caso 001 sobre retenciones ilegales por parte de la extinta guerrilla.
Los exjefes guerrilleros, después de una reunión con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, argumentaron que, tras la recaptura de su compañero Jesús Santrich, es evidente que están en medio de una inseguridad jurídica, “que se toma en un evidente estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación”.
En la carta dirigida a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, aseguraron que no irán a las versiones voluntarias en las fechas establecidas, “hasta que no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de la JEP, pues es evidente que las decisiones de la JEP no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado colombiano”.
Los excombatientes agregan que quienes se han comprometido con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición habitan una sensación de “temor y desconfianza”, pues “va perdiendo credibilidad entre los comparecientes” ante los últimos hechos. Por eso pidieron una reunión entre los magistrados y el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para dialogar sobre esta crisis y otros hechos que les preocupan.
“No ha existido corresponsabilidad del Estado para cumplir con lo pactado en La Habana. El balance de la implementación es poco alentador en particular en lo que respecta al componente de justicia de los comparecientes ante SAI que hasta ahora sólo ha emitido alrededor de 50 decisiones desde su funcionamiento quedando a la fecha gran cantidad de prisioneros de Farc en las cárceles colombianas por la demora en la adopción de decisiones de dicha sala”, reza la carta.
Con estos argumentos, afirmaron que no asistirán a sus diligencias judiciales hasta que no se supere “el estado de irregularidades que generan el clima de inseguridad” y se respete la autonomía e independencia de esta justicia transicional.
En la misiva también reiteraron que aún tienen voluntad de “cumplir con lo pactado, como lo han venido haciendo”, para garantizar el derecho a las víctimas y propiciar el ambiente de reconciliación. Finalmente dicen sentirse todavía como “el enemigo interno”, aunque hayan “dejado las armas y hayan hecho política por otros medios”.
El viernes pasado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturaron al exjefe guerrillero Jesús Santrich por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La captura se da después de que la JEP ordenara su libertad y le otorgara la garantía de no extradición, argumentando que no pudo determinar la fecha de estos delitos que denunciaron la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el ente investigador insiste en que tiene nuevas pruebas que demuestran la comisión de delitos después de la firma del acuerdo y por eso se abrió un nuevo proceso en la justicia ordinaria.
Al igual que Santrich, Arenas y Úsuga hacen parte del grupo de 31 exjefes guerrilleros que comparecen en el caso 001, relacionado con retenciones ilegales. En esta diligencia, que es de carácter obligatoria, los excombatientes aportan voluntariamente la información que tenga y pueda ayudar a esclarecer qué sucedió con los 6.162 casos relacionados con retenciones ilegales, entre los cuales se encuentran secuestros extorsivos, desapariciones e incluso homicidios.