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En medio de un evento en el que la Unión Europea reiteró su apoyo político, técnico y financiero a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su presidenta, Patricia Linares, hizo un llamado al país a que se respete y se garantice la división de poderes, la base de un Estado de Derecho.
“Cualquier Estado democrático y de derecho se soporta en la división de poderes y esa división de poderes implica el pleno respeto a la autonomía e independencia de quienes hacen parte de cada poder. Los jueces de la JEP hacemos parte del poder judicial como Alta Corte y así quedó consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2017 y, en esa medida, se nos debe el respeto debido a la autonomía e independencia que debemos tener para tomar las decisiones que nos correspondan, supeditadas a la Constitución y la Ley”.
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La magistrada aprovechó el respaldo de la comunidad internacional para recordar que los jueces de la República deben tomar distancia de las presiones políticas y mediáticas, respetando la diferencia de opiniones y el disenso de quienes consideran que el camino de la paz no es el que se escogió.
Además, manifestó que la JEP responderá a la generosidad de la Unión Europea, a las expectativas de las víctimas, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Y reiteró que, aunque entiende las expectativas y reclamos de distintos sectores de la sociedad sobre decisiones más prontas, se debe respetar el debido proceso, un derecho que también toma tiempo.
Linares se refirió al tema, después de las últimas declaraciones del Gobierno y su bancada sobre los pocos resultados en los casos abiertos por esta justicia, principalmente, en el caso 07 de reclutamiento forzado. Hace tan solo una semana, el presidente Iván Duque pidió celeridad en sus resultados en sus cuatro años de funcionamiento. La presidenta le respondió que la JEP apenas lleva dos años trabajando y que hacía la precisión porque “se habla de una Jurisdicción con un horizonte temporal preciso y muy corto para las dimensiones de lo que ha sido el conflicto armado de 50 años”.
Con el nuevo apoyo de la Unión Europea, 3,5 millones de euros, la magistrada Linares aseguró que "esos recursos técnicos y financieros permitirán acelerar el ritmo de los distintos macrocasos que ha abierto la JEP, para que la sociedad y las víctimas tengan respuestas".
El dinero se invertirá en un proyecto llamado “Apoyo al impulso de las decisiones judiciales y al fortalecimiento de la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz”, que tendrá una duración de 18 meses y el que, entre varios asuntos, se espera fortalecer la difusión sobre la JEP, mediante el desarrollo de programas radiales que lleguen a los territorios y herramientas comunicativas y pedagógicas que promuevan un mayor conocimiento de esta justicia; el fortalecimiento de las salas de justicia y el componente de seguimiento a las sanciones propias.
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Sobre el caso puntual de reclutamiento, Linares señaló: “Avanzamos de manera célere pero siempre respetando esos principios que se le imponen no solo a cualquier juez transicional, sino a cualquier juez del mundo. No podemos olvidar que estamos en el ámbito judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y que las ritualidades propias del debido proceso son ritualidades necesarias que en democracia se respetan”.
Recordó que en el caso 07 se tienen documentadas aproximadamente 8.000 denuncias sobre delitos, con los que se vincularon 37 exjefes de las Farc-EP, 14 de los cuales fueron llamados a versión y se acreditaron 100 víctimas.