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En la mañana de este miércoles, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, se posesionaron Eduardo Cifuentes Muñoz y Alexandra Sandoval Mantilla, nuevos presidente y vicepresidenta de esta justicia para el periodo 2020 – 2022.
En un solemne acto, celebrado junto a los magistrados y magistradas de esta justicia, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, la presidenta saliente de la JEP, Patricia Linares Prieto, entregó su cargo luego de tres años, el mismo tiempo que lleva funcionando esta entidad gracias al acuerdo de paz con las Farc.
En una rueda de prensa, celebrada después del acto simbólico, el nuevo presidente aseguró que la JEP ya está produciendo efectos en términos de verdad y justicia, y mencionó que los macrocasos 01 y 03 (secuestro y los mal llamados “falsos positivos”) son los más avanzados y de los que pronto se entregará la resolución de conclusiones para imponer las respectivas sanciones a los responsables de estos crímenes.
En su intervención, Cifuentes hizo un llamado a aquellos sectores políticos que en reiteradas ocasiones han buscado modificar o acabar este sistema de justicia transicional. “La política debe respetar al derecho y la autonomía de la JEP; por consiguiente, resulta curioso que cuando la JEP comienza a descubrir verdad, a descubrir fosas comunes y a hacer efectivos los derechos de las víctimas, sectores políticos busquen derogarla. Es temor a la verdad”.
Sobre el caso específico del referendo que propuso el exsenador Álvaro Uribe Vélez para modificar este tribunal, reiteró que el acuerdo de paz fue incorporado en la Constitución Política, “y por consiguiente está plasmado en una norma constitucional superior” que, según él, es inderogable. Explicó que en el marco del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, esta Jurisdicción está “blindada”. Incluso, expresó que “se pueden estrellar todos los intentos electoreros contra la JEP y que busquen convertir la paz en un asunto meramente electoral”.
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Habló de tener a las víctimas del conflicto armado como centro y núcleo de este proceso y aseguró que el tren de esta justicia “funciona y va rápido”. Finalmente, el togado recordó que los exparamilitares no podrán comparecer en este tribunal, a menos que se presenten como terceros civiles, es decir, financiadores o auspiciadores del conflicto armado. “Esa verdad es importante también para el país y será objeto de contrastación”.
En su discurso de posesión manifestó que la JEP es indispensable para alcanzar la paz en Colombia. "Es una justicia que exige verdad completa y aceptación de responsabilidad. Si esto no se logra, respecto del conflicto que ha desgarrado a Colombia en los últimos 50 años, nuestro destino colectivo e individual será incierto e indigno. A la vez que juro cumplir con los deberes de mi cargo, convoco a un movimiento ético y espiritual por la paz, que nos renovemos todos los días, justamente para tener nación y derechos. En esta urna deposito ante ustedes mi compromiso irrevocable con la paz que vale por y para cada uno de los días de mi vida. ¡Viva la paz!”, agregó.
En un segundo momento, la magistrada Xiomara Balanta le entregó la vicepresidencia a Alexandra Sandoval Mantilla. En uno de los salones de esta justicia, la magistrada Sandoval dio unas palabras de agradecimiento a Patricia Linares, a su predecesora y a Eduardo Cifuentes.
Como coordinadora de la Comisión de Género de esta justicia, la togada hizo referencia a la capacidad de las mujeres de asumir cargos de mando, refiriéndose a la labor de Patricia Linares durante los primeros tres años de funcionamiento: “Han sido tres años muy complejos, pero ha demostrado que las mujeres podemos hacer un trabajo impecable en cargos de dirección”.
Eduardo Cifuentes ha sido magistrado de la Sección de Apelación del Tribunal de Paz y en su trayectoria como jurista fue presidente de la Corte Constitucional desde 1991 hasta el 2000. Un mes después de dejar este cargo asumió como Defensor del Pueblo hasta el año 2003. En la Corte lideró cambios doctrinales sobre el derecho al mínimo vital, el derecho a la igualdad, la acción de tutela contra sentencias judiciales, los estados de cosas inconstitucionales, la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, la titularidad de derechos en cabeza de las comunidades étnicas, el control de la declaratoria de los estados de excepción y la autonomía territorial, entre otros asuntos.
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Por su parte, la vicepresidenta Sandoval fue abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvo a cargo del manejo de expedientes y pruebas en casos de grandes violaciones. También fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado en 2016, y uno de los enfoques que ha asumido como abogada ha sido por la equidad de género. En Women’s Link Worldwide, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres, fungió como encargada de la línea de justicia transicional.
Desde hace tres años integra la Sala de Amnistía e Indulto y coordina la Comisión de Género de la JEP, en la que buscan eliminar las barreras de acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTI. Se refirió a la crisis mundial por la pandemia del COVID-19 y los retos que conlleva seguir adelante con el Tribunal en esa circunstancia.
También habló del asesinato de líderes sociales y expresó la responsabilidad que tiene el sistema de justicia transicional para transformar el país. “Cuando se ama una causa o un país, también hay que aceptar la esperanza que nos sostiene, pero esa esperanza no puede ser inerte, exige acción y compromiso y eso es precisamente lo que pueden esperar de mí”, dijo en sus palabras de posesión.