Entre 2001 y 2011 en los Llanos Orientales desaparecieron civiles. Varios de estos recibieron ofertas de trabajo y luego resultaron “muertos en combates” con el Ejército, a pesar de que, según sus familias, nunca hicieron parte de grupos armados. En todos los casos la escena del crimen fue desnaturalizada. Los cuerpos fueron levantados por el mismo Ejército y en varios casos fueron llevados a cementerios para inhumarlos bajo ninguna identidad, a pesar de que algunas de las víctimas portaban sus documentos. Todo esto se ha ido conociendo en los últimos 15 años y lo han ido documentando organizaciones que defienden los derechos humanos, como el Colectivo Orlando Fals Borda. Según Ramiro Orjuela, abogado de esta colectividad, las víctimas han enfrentado diversos obstáculos para el acceso a la justicia, y por esto, finalmente, buscan que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conozca sus casos y los investigue. De estos, 20 fueron acreditados dentro de la JEP en un acto virtual en el que participaron víctimas que perdieron a sus familiares en estos hechos.
Esta acreditación, la primera de tres que están planeadas, se hizo a propósito del caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de miembros del Ejército Nacional, específicamente de los batallones de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” y de Infantería No. 19 “General José Joaquín París Ricaurte”; así como a las Brigadas Móviles No. 4 y No. 12; adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional.
El acto tenía la intención de avanzar en el esclarecimiento de los casos, así como ir aportando condiciones para que se abra un macrocaso de desaparición forzada. En esta jornada se expusieron los principales patrones que el Colectivo OFB ha podido detectar en los Llanos Orientales. El primero es el enterramiento de los civiles, sin identificar, en cinco cementerios del Meta y el Guaviare. De hecho, según información de la Fiscalía y el Colectivo, en estos lugares habría 2.304 cuerpos enterrados como no identificados. De estos, 1.674 fueron reportados por Unidades de la Cuarta División del Ejército y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega como muertos en combate.
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“Para el agrupamiento de los casos hemos buscado la estructura de máximo responsable, los elementos de tiempo, modo y lugar con relación a estos 20 casos particularmente. Cómo se procedió por parte de las personas involucradas a dar con estas personas que fueron victimizadas; cómo desaparecieron y aparecieron luego reportadas como dadas de baja en combate algunas de ellas; y cómo a partir de allí se establecieron algunos patrones de comportamiento o de ocultamiento de los cuerpos, porque el ejercicio que hicimos en los cementerios de los Llanos Orientales fue prácticamente descubrir que había una práctica de ocultamiento de cadáveres ahí, porque no teníamos la identidad de personas que en algún momento tuvieron una noticia criminal o fueron reportadas como dadas de baja en combate. Esa doble situación también la estamos reportando ahí para que la JEP pueda ayudar a establecer cuáles fueron las motivaciones o cómo se procedió para que estas dos situaciones sucedieran”, explica César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo.
Estos patrones son los mencionados al principio: alteración de la escena del crimen, levantamientos de cadáveres de manera irregular, inhumaciones sin identificar a la persona fallecida, inconsistencias en las heridas de los cuerpos y la ropa, e incluso en las municiones disparadas o las armas que supuestamente portaban las víctimas.
De hecho, en al menos seis de estos casos ha habido avances judiciales en determinar la responsabilidad de los militares que cometieron los delitos. No obstante, llama la atención de los abogados de las víctimas que, a pesar de que se cometieron este tipo de actos de manera continuada, “los jueces y fiscales vieron estos hechos como aislados. Nunca se hizo una acumulación de procesos ni se ligaron”, explicó la abogada Olga Lucía Naizir.
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La representante de las víctimas también expuso casos aún más extraños, como el de Nicolás Delgado Piñeros, a quien en 1999 reportaron como muerto en combate, y cuyo caso fue llevado a la Justicia Penal Militar. Naizir dijo que, a pesar de que en numerosas ocasiones la representación de las víctimas ha solicitado copias del proceso penal a esta justicia, la respuesta ha sido que el combate no existió y por lo tanto no existe tal proceso.
Por esta razón, el colectivo OFB y las víctimas fueron enfáticos en determinar la cadena de mando en los años en los que se cometieron las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, aparecen los nombres del brigadier general Carlos Alberto Ospina Ovalle, en la comandancia de la Cuarta División Nacional en 1999, cuando ocurrió el caso de Nicolás Delgado Piñeros, y del teniente coronel Jhon Carlos Vigoya Arango, comandante del Batallón 21 para la misma fecha. Luego, también como comandantes de la Cuarta División, de diciembre de 2000 a octubre de 2002, el brigadier general Arcesio Barrero Aguirre; del 16 de noviembre de 2005 al 21 de febrero de 2006, el mayor general Luis Antonio Coronado León. Y en la séptima brigada, entre del 2 de enero de 2002 al 9 de diciembre de 2003, el comandante era el brigadier general Carlos Oviedo Saavedra Sáenz; del 14 de noviembre de 2005 a 30 de diciembre de 2007, el brigadier general Francisco José Ardila Uribe. Entre otros nombres que fueron entregados a la JEP.
Los magistrados Alejandro Ramelli y Óscar Parra, correlatores del caso 003, saludaron la participación de las víctimas. “Por esa participación de ustedes nosotros hemos podido obtener información sobre hechos que nunca han sido investigados en la justicia ordinaria, que estaban en la total impunidad, y vincular a personas que jamás han sido investigadas. Nuestra labor va más allá de obtener una información que ustedes ya saben. Nuestra labor es ir más allá y garantizar su derecho a la verdad”, dijo el magistrado Ramelli.
A su turno, el magistrado Parra precisó que la jurisdicción lleva “más de 220 versiones voluntarias que hemos desarrollado durante poco más de 2 años en el caso. Hemos priorizado siete territorios en el país, entre ellos lo que ocupa la victimización en el Meta, los Llanos Orientales y sitios aledaños, como Casanare. Tratamos de identificar las particularidades que este fenómeno pudo haber tenido, y poco a poco estamos empezando a cruzar la información de diversos territorios para en una segunda fase empezar a consolidar patrones y responsabilidades de alcance nacional”.