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Holmes Fabián Ordóñez dice que tiene dos frustraciones en este momento: una, que ni la justicia ordinaria ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estén investigando los casos de las víctimas de artefactos explosivos en el conflicto armado y la segunda, que en 2017 cuando comenzaba la implementación del Acuerdo de Paz y los excombatientes iniciaron su reincorporación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), tenía la intención de ir hasta una de estas zonas en Miravalle (Huila) a buscar a las personas responsables de minar el territorio que pisó cuando tenía apenas 17 años.
Su idea, dice, no era buscar venganza por un hecho que le ocurrió hace ocho años sino encontrar en ellos una respuesta a las preguntas que se ha hecho durante este tiempo. “Desde que yo supe lo del Acuerdo de Paz me llené de esperanza y creí que esta iba ser una oportunidad para nosotros como víctimas de esos explosivos, entonces creé la Asociación Huilense de Sobrevivientes de Minas Antipersonales para que las personas que vivimos esto en la guerra podamos ser reparadas y trabajar en conjunto”.
Pero como pocas veces ha pasado en la historia del país, esta petición la comparten algunos militares que, aunque también son actores del conflicto armado, piden ser reconocidos como víctimas. Desde 1990 a la fecha, 7.180 miembros del Ejército Nacional han pisado artefactos explosivos improvisados, de los cuales 5.736 han resultado heridos y 1.444 fallecieron, según información suministrada a El Espectador por Descontamina Colombia, dependencia del Alto Comisionado para la Paz.
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El tema dio un giro en el país en 2001 cuando entró en vigencia la Convención sobre la Prohibición de Minas, momento en el que el que fue prohibida la producción, utilización, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales por miembros de la Fuerza Pública. Desde ese momento, la utilización de artefactos explosivos puede llevar a condenas de hasta por 20 años. Sin embargo, para los grupos al margen de la ley que buscan controlar algunos territorios del país y enfrentarse a las fuerzas armadas, la construcción y activación de explosivos improvisadas se convirtió en el terror de muchas comunidades que viven confinadas porque sus territorios tienen sospecha de minas.
Para reaccionar a la colocación de minas antipersonales se han creado diferentes estrategias. Raúl Estupiñán, por ejemplo, es un exenfermero de combate del Ejército Nacional que se preparó desde que ingresó a las fuerzas armadas para prestar los primeros auxilios a los compañeros que sufrían heridas en los combates. “Yo no pensé que me fuera a pasar porque aunque sí estaba expuesto, no estaba en combate como otros soldados. Ese día unos compañeros habían quedado en unos campos minados luego de haber pisado artefactos explosivos y nos dirigimos varios enfermeros a sacarlos de ahí y prestar los primeros auxilios...cuando intenté sacar a uno de ellos la pisé también…”, narra.
En ese año, 2004, cuando Estupiñán sufrió ese accidente fueron 696 personas entre civiles y militares los que quedaron heridos por estos artefactos y 202 personas que fallecieron, según Descontamina Colombia, dependencia del Alto Comisionado para la Paz. De acuerdo con las estadísticas de la entidad, en lo que va de este 2020, en el país han sido afectadas 68 personas por los explosivos que siguen siendo un arma para los grupos armados ilegales.
Álvaro Jiménez, director de la Campaña Contra las Minas de Colombia (CCM), explicó que aunque con el desarme de las extintas Farc los hechos con minas antipersonales han disminuido, la fácil fabricación de estos artefactos hacen que sean cada vez más utilizados en el conflicto armado. De hecho, el caso más reciente en el país, hasta la publicación de esta nota, ocurrió el 10 de julio de este año en la vereda San José, municipio de Vistahermosa (Meta). La víctima fue Luis Fernando Valoys Torres, un hombre que transitaba por un lugar donde se están adelantando acciones de erradicación de cultivos ilícitos.
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De acuerdo con los datos conocidos por este diario, en 2015, el año previo a la firma del Acuerdo de Paz, fueron 222 las víctimas del país afectadas por estos dispositivos. En 2016, cuando el país comenzaba a ver de cerca el desarme de la que fue la guerrilla más antigua de Latinoamérica, los casos descendieron a 89. En 2017, cuando la implementación del Acuerdo comenzaba, los casos disminuyeron a 57, pero la cifra volvió a elevarse en 2018 con 178 casos, 2019 con 111 y, lo que va de este año, con 68 casos entre civiles y militares.
¿Y por qué el panorama pareció esclarecerse entre 2016 - 2017? ¿Qué ha cambiado en el país desde lo pactado en La Habana? Jiménez explica que el conflicto armado en varias zonas del país como Norte de Santander, Huila, Chocó y Cauca se ha recrudecido en los últimos dos años, en parte, por el incumplimiento a lo pactado entre el Gobierno y las Farc. Además, de acuerdo con el directivo, no se hizo un análisis riguroso ni plan de acción para emprender un desminado humanitario que contribuyera a eliminar los explosivos que habían quedado en las zonas donde operó la guerrilla.
De acuerdo con lo observadora por la CCM los territorios donde se han identificado más territorios en riesgo o sospecha de minas antipersonales son los lugares donde se está haciendo erradicación de cultivos ilícitos y las escuelas veredales, que están ubicadas en lomas o zonas montañosas altas. Por eso, de acuerdo con el director, los niños y jóvenes del país que residen en zonas rurales siguen siendo una población vulnerable.
Sebastián Moreno, director jurídico de la ONG Mil Víctimas, entidad que representa a víctimas que han sufrido accidentes con artefactos explosivos improvisados, mencionó que el 4 de septiembre de 2019 presentaron un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) titulado La devastación de un pueblo: métodos y medios de guerra ilícitos empleados por las Farc, sobre los casos que llevan ante la justicia ordinaria y que han surgido efecto en esos tribunales. “Lo más novedoso de ese informe es que además de registrar los hechos victimizantes hicimos un capítulo detallado demostrando cómo era el funcionamiento interno de las minas en el país y cuáles eran las diferencias del uso de esos artefactos de acuerdo a los distintos Bloques de las antiguas Farc, porque las minas que usaban en el sur del país no eran las mismas del norte. Los métodos del Bloque Oriental para instalar los explosivos no eran los mismos del Bloque Caribe”, afirmó el abogado, quien añadió que el análisis del documento incluía una explicación sobre cómo se fabricaban esos artefactos, con el fin de que la JEP los tipificara.
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El informe, con el que esperaban que la JEP abriera un caso durante ese año, no ha sido priorizado y todavía no se ha abierto la posibilidad de abrir un macrocaso que abarque al universo de víctimas de artefactos explosivos o municiones sin explotar que no solo son, como se suele conocer, las minas antipersonales. Otros de los dispositivos utilizados en la guerra han sido los animales bomba, carros bomba, los cadáveres bomba, los niños bomba, las municiones sin explotar, las dinamitas, entre otras. Moreno mencionó que “el informe que presentamos fue muy holístico porque se expusieron los métodos distintos de guerra y no solo nos centramos en las víctimas de minas sino que documentamos otros hechos históricos como, por ejemplo, el atentado al Club El Nogal, (ocurrido el 7 de febrero el 2003) y otros casos de población civil como la masacre de Bojayá”.
Los líderes que participaron de ese documento provenían de los departamentos de Caquetá, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca y Chocó, algunas de las zonas que siguen registrando presencia de grupos armados ilegales, pese a que el Gobierno aseguró haber entregado 356 municipios “libres de sospecha de minas” en 2019, gracias a las acciones de desminado humanitario adelantadas por las fuerzas armadas, en alianza con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.
“La JEP tiene una gran oportunidad de ganar legitimidad con las víctimas del conflicto armado que han sufrido accidentes o han perdido familiares por municiones. Este es un tema de agenda nacional y se le cuestiona a la Jurisdicción que todavía no haya priorizado un caso en sus tres años de funcionamiento. El país está en deuda de no dejar estos casos impunes y además de tener, por primera vez, a civiles y militares como víctimas”, añadió el abogado de la ONG.
Con el fin de alzar su voz y hacer énfasis en la necesidad de abrir este macrocaso, la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado, la entidad Únete por Colombia, la Fundacion Plinio Correa De Oliveira, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Corporación Rosa Blanca y Corporación Manos por la Paz radicaron una acción popular contra la JEP ante el Tribunal de Cundinamarca por la “omisión en la selección y priorización de un macrocaso que involucre medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las Farc-ep”.
En el documento judicial destacan que en los últimos 30 años se han reportado 11.841 víctimas de artefactos explosivos en el territorio nacional. Los hechos que destacaron para pedir respuesta de la justicia transicional son el ataque con el carro-bomba ocurrido el 9 de julio de 2011 en Toribío (Cauca), la toma en Granada (Antioquia) el 7 de diciembre del 2000, la toma de Arboledas (Cauca) del 29 de julio de 1999, la toma de Mitú (Vaupés) del 1 de noviembre de 1998, la toma de Ituango (Antioquia) del 7 de marzo de 1995, el carro-bomba en la Escuela Superior de Guerra (19 de octubre del 2006) y los dos hechos ya mencionados (Masacre de Bojayá de 2002 y atentado al Club El Nogal de 2003).
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Uno de los departamentos más preocupantes por el panorama en el asunto es Norte de Santander. Mileyni Ramírez, representante legal de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonales aseguró que en el departamento uno no ve que estén adelantando acciones de desminado humanitario, por lo que “para garantizar nuestros derechos y para evitar que más personas caigan en esos artefactos buscamos el reconocimiento de la JEP”.
La lideresa explica que aunque ha sido complicado recopilar testimonios de víctimas de estos hechos, están consolidando un informe en el que documentarán los hechos que se han vivido en el departamento, a causa de las minas y municiones explosivas. Explicó que aunque se han articulado con otras organizaciones con el mismo objetivo, la dimensión del conflicto fue tal que el informe que presentarían a mediados de 2021, será individual y se centrará solo en los hechos ocurridos en este departamento.
Cristian Andrés Melo, representante legal de la Asociación de Sobrevivientes de Minas de Nariño y quien perdió su visión a los 16 años producto de uno de estos artefactos, explica que lo que buscan al pedir pista en la Jurisdicción es que los excombatientes de las Farc puedan dar información sobre el uso de municiones en la guerra y contribuir al trabajo de desminado humanitario.
En esa propuesta coinciden todos los líderes de las entidades consultadas, quienes explican que un aporte a la reparación de las víctimas y a la contribución de la no repetición del conflicto armado sería contribuir a dar información detallada sobre los territorios minados en el país y brindar información que contribuya a que el país haga frente a los artefactos que ahora instalan otras guerrillas y grupos armados, en ausencia de las Farc.
Raúl Estupiñán, el exenfermero de combate y víctima de mina antipersonal lo dice claro y fuerte: “Los que vivimos en carne propia la explosión de estos artefactos sabemos que acá no hay distinciones, que quienes portamos el uniforme lo padecimos pero la población civil también ha sufrido la guerra. Incluso cuando estaba en la labor de enfermero llegamos a atender a guerrilleros porque para salvar vidas no se deben tener ideologías”.
Con el fin de contribuir a la memoria sobre los hechos que vivieron, Estupiñán está liderando, con otros compañeros militares y víctimas, la producción de una mini serie online llamada Mochos con la que buscan contar las historias de soldados que pisaron minas antipersonales pero que se han antepuesto a la situación para continuar con sus vidas.
Aunque la petición de abrir un caso ante la JEP es unánime y no distingue uniformes u oficios, los civiles sí hacen énfasis en que los beneficios que tiene la Fuerza Pública cuando es víctima de una munición explosiva no son los mismos que tienen los campesinos o personas que desde la ruralidad deben atender sus propios accidentes. Para Holmes Fabián Ordóñez, “el Gobierno poner en igualdad de condiciones a nosotros los civiles y a los soldados. Al menos ellos son un régimen especial y han recibido beneficios económicos por su discapacidad, nosotros no. Nadie nos ha tendido la mano, al menos en eso queremos ser iguales y tal vez la JEP pueda ayudarnos en eso”.
