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El próximo 11 de diciembre el general (r) Rito Alejo del Río tendrá una cita con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Será la primera versión que esta justicia transicional escuchará del alto mando desde que, en 2017, se acogió a ella y recuperó su libertad. Del Río, a pesar de que fue condenado por la justicia ordinaria a 25 años de prisión por el asesinato del líder Marino López el 27 de febrero de 1997, y de que es investigado por otros casos, ha dicho que no admitirá responsabilidad sobre nada. No obstante, 29 organizaciones de víctimas de Antioquia y Chocó no pierden la esperanza de que el general (r), comandante de la Brigada XVII entre 1995 y 1998, cuente lo que sabe, y por eso lo le piden decir su verdad.
En una carta fechada el 5 de noviembre de 2020, las organizaciones, entre las que se encuentran los desplazados por las operaciones simultáneas Génesis del Ejército y Cacarica de los paramilitares en 1997, por las que el Estado colombiano fue condenado, el 20 de noviembre de 2013, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le piden “asumir ese paso de la verdad en la JEP”.
“Este es un momento muy importante para usted y para miles de víctimas, y el futuro de un país distinto. Usted puede, si es su voluntad de corazón y de pensamiento, pasar a la historia de nuestro país como el General de la Paz. Usted actúo por convicciones en el amor a la patria, a la democracia, eran tiempos de otra guerra. Hubo errores y horrores, a nombre de ese amor, que a veces, como pasa con todo lo que somos como humanos, son amores ciegos y dañinos, que nos hacen guardar silencios, que rondan en el alma, pero que hoy podemos desatar”.
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Entre las organizaciones firmantes también se encuentran resguardos indígenas de Chocó y Antioquia, así como consejos comunitarios que vivieron los años en los que la actuación del general Rito Alejo del Río lo llevaron a ser conocido como el “Pacificador de Urabá”, por su guerra contra la guerrilla de las Farc que se asentó en muchos de los territorios de la región. Estos sitios llevan más de 15 años trabajando por vivir en paz. De hecho, junto a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, han desarrollado festivales de memorias en las zonas humanitarias de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad (CAVIDA) en Cacarica (Chocó), así como en el Resguardo Urada Jiguamiandó.
Mediante el documento invitan a Del Río a participar de las actividades que hacen en torno a la búsqueda de la verdad y la sanación del territorio: “General cuente con nuestra pobreza digna, con las partes de nuestros territorios saneados, en los que no hay violencia, para convivencias y encuentros sanadores para usted y nosotros, para todas las familias, la suya y las nuestras”.
En estos encuentros han participado algunos empresarios, exmilitares, exparamilitares y exguerrilleros, y se han dado momentos de reconocimiento de responsabilidades y verdades, de modo extrajudicial, como lo ha contado Colombia2020. “Han sido encuentros sanadores y transformadores, y juntos estamos actuando por el bien de un país distinto”, le dicen al general.
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Y advierten en el documento lo siguiente: “General, si su decisión es otra, guardar silencio, ocultar, negar, seguiremos orando, pidiendo a Dios y al Universo que algún día, su verdad sea posible y sea plena. Creemos en su valentía a pesar de esos miedos. Nuestro deseo es evitar que su heredad y la nuestra lleven esta carga de mentiras, que nuestros hijos, que sus hijos, y los nietos que seguramente tendremos, tengan armonía interior y exterior”.
La versión a la que ha sido citado Rito Alejo del Río se da en el marco del caso 04, sobre la Situación territorial de Urabá, en el que se han acreditado 35.210 víctimas colectivas y 108 individuales. ″Hasta la fecha, se ha vinculado a 249 personas en servicio activo, retirados y separados de la Fuerza Pública (Ejército Nacional), exmiembros de las Farc y terceros civiles, mencionadas en la Situación territorial de la región de Urabá y ha corrido traslado de los informes que las comprometen con la Situación, poniendo a su disposición el expediente” explica a este medio la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del caso.
Los magistrados no indagarán solamente por este caso. También le harán preguntas enfocadas a robustecer el caso 06, sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica.
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En 2018, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento a Del Río, pues lo vinculó a la investigación sobre la masacre de Mapiripán, cometida en 1997 por paramilitares que viajaron a ese municipio del Meta desde Urabá. Según los exjefes paramilitares José Everth Veloza (H.H.), Elkin Casarrubia y Raúl Hasbún, del Río era un aliado de los hermanos Castaño y cumplió un papel esencial para que las autodefensas pudieran viajar en avioneta desde el Urabá hasta San José del Guaviare, pero esto no ha sido probado.
El próximo 10 de diciembre también dará su versión ante la JEP el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Según la JEP, buscan conocer el papel del militar en la Brigada 17 entre el 1 de diciembre de 1996 y el 19 de agosto de 1998, “para robustecer los hallazgos de la Sala de Reconocimiento durante este periodo”.
Lea la carta completa: