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Salaminita, en Pivijay (Magdalena), era un pueblo de poco más de 200 habitantes antes de que llegaran los paramilitares en 1999. Los miembros del frente Pivijay de las autodefensas lo borraron del mapa masacrando, amenazando y desplazando a toda su gente. Pero en diciembre de 2016, luego de cuatro años de litigio y con la ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), los habitantes de Salaminita volvieron a ser una comunidad: una sentencia de restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó al Estado repararlos integralmente.
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Nada de esto hubiera sucedido sin el respaldo de la CCJ, una organización de más de 30 años de historia que ganó este martes el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2017. Su trabajo en la defensa de las víctimas del despojo de tierras y las reclamaciones ante el Estado para garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales le permitieron obtener este importante galardón que entregan las embajadas de Francia y Alemania.
El premio busca recompensar las actividades y proyectos realizados en Colombia que se encargan de defender los derechos humanos. Desde el 2010 es otorgado por un jurado compuesto por los embajadores de Francia, actualmente Gautier Mignot, y Alemania, hoy Michael Bock, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, y dos personalidades emblemáticas en la defensa de derechos humanos: el padre Francisco de Roux y Ana Teresa Bernal.
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Para Jhenifer Mojica Flórez, subdirectora de litigio estratégico de la CCJ, este premio es un espaldarazo a su labor, pues cada día se torna más difícil. “Lo positivo que logró la restitución de tierras cuando se escribió la Ley de Víctimas, que fue dar un mecanismo judicial efectivo para que las víctimas despojadas pudieran retornar y volver a sus tierras, cada vez se está haciendo más estrecho”, manifiesta.
Esta organización, que cuenta con el apoyo internacional de la Embajada de Suecia, USAid y Pax Colombia, no se ha detenido. En la actualidad tiene aproximadamente 800 casos en regiones como Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Meta y Antioquia, en donde representan a cerca de 3.000 personas. Todos esos procesos judiciales son de restitución de tierras y fortalecimiento de las condiciones de vida para que la gente retorne a sus territorios y reconstruya su comunidad.
Eso pasó en Salaminita: “Logramos que se emitieran órdenes en la sentencia para la reconstrucción de todo, no solamente de la construcción de las viviendas y las vías, sino en general de todos los equipamientos y servicios sociales que necesita un pueblo para existir”, sostiene Mojica.
También trabajan en la línea ambiental, pues la organización plantea que se pueden restituir tierras a víctimas que fueron despojadas dentro de zonas protegidas ambientalmente, por ejemplo, el Área de Manejo Especial de La Macarena (Meta). “Nuestra batalla y victoria ha sido para lograr que a los campesinos o las víctimas campesinas se les reconozca que también pueden ejercer una función ambiental”, dice la subdirectora.
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La CCJ ha logrado que 2.732 personas accedan a la justicia y que más del 90 % de las sentencias logradas sean restitutivas. Sin embargo, hoy tienen procesos contra empresas involucradas en despojos y desplazamiento. “En algunas ocasiones hemos identificado que esas empresas o agroindustrias son autoras intelectuales de esos delitos. No necesariamente tuvieron que ver con la comisión de los delitos, pero sí se lucraron de la pérdida que sufrieron las poblaciones. Aprovecharon que las tierras bajaron de costo o entraron en momentos en los que el paramilitarismo estaba en furor”, agrega Mojica sobre los casos contra empresas mineras, de agroindustria y de palma.
Como premio, la CCJ recibió la obra de arte “La edad de oro”, especialmente diseñada y donada para esta ocasión por el artista colombiano Nadín Ospina. Recibirán también un viaje de visitas oficiales a Francia y Alemania organizado por las dos embajadas.
El galardón, aunque sólo contempla un ganador, otorgó también una mención de honor a la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), una organización que desde hace más de 15 años trabaja en nueve departamentos del oriente del país: Boyacá, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.
La DOHC enfoca su trabajo especialmente en las víctimas y en la protección de líderes, desde el fortalecimiento de las comunidades mediante comités de derechos humanos. También trabaja por la pedagogía de paz, la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz, el territorio y la justicia socioambiental.
Hoy tienen más de 300 comités funcionando en favor de la autoprotección. La fundación cuenta con el acompañamiento internacional de IAP (International Action for Peace). Asimismo están operando con el apoyo de la cooperación alemana a través de la agencia GIZ, un proyecto de búsqueda de personas desaparecidas.
Su labor se ha visto afectada por la persecución. “A la junta directiva de la fundación nos la encarcelaron en 2015. Nos hicieron un montaje judicial y en noviembre de 2016 nos asesinaron un compañero: Erley Monroy”, dice Camilo Fagua, miembro del equipo jurídico. Por esta razón, y en reconocimiento de la defensa de los derechos humanos desde la pedagogía y el empoderamiento de las comunidades, esta mención de honor es un impulso para ellos.
“No sólo a nosotros. También anima a varias experiencias organizativas que hay en el territorio nacional. Es un incentivo para seguir trabajando en la labor que desarrollamos en esos territorios que se conocen como zonas de conflicto. A nosotros nos tocó vivir la guerra y ahora estamos construyendo la paz”, finaliza Fagua.