Han pasado 30 años desde que 30 paramilitares irrumpieron la madrugada y asesinaron a 20 trabajadores bananeros: 17 en la finca “Honduras” y 3 en “La Negra”, en el corregimiento Currulao de Turbo (Antioquia). Era 4 de marzo de 1988, el año en el que por primera vez se elegirían popularmente a los alcaldes. Ese año ya avanzaba el genocidio contra la Unión Patriótica, el partido político conformado tras el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur.
Había una persecución, cualquiera que militara o simpatizara con la UP, ¡A Luchar! o el Frente Popular, otra opción de la izquierda, era blanco de los paramilitares. En ese momento se hacían llamar de varias maneras: Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista (MOENS), Los Magníficos y Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño (MRNA), todos al mando de Fidel Castaño.
Pie de foto: portada de El Espectador el 5 de marzo de 1988.
Ese viernes los paramilitares del MOENS sacaron a los trabajadores cuyos nombres aparecían en sus listas, todos sindicalizados o simpatizantes de los movimientos de izquierda, los enfilaron y los asesinaron. Eso hicieron en ambas fincas, y lo repetirían en varios departamentos, pues esta fue la primera masacre de las 64 que ocurrieron ese año.
Las víctimas tenían entre 27 y 48 años, y eran de Urabá, Córdoba, Valle, Caldas y Tolima. En “Honduras” fue José Joaquín Mendoza, Darío Molina, Rodrigo Guzmán, José Mesa Sánchez, Manuel Espitia Cogollo, Enrique Giraldo Guizao, Rito Martínez Tréllez, Pedro González Martínez, de 27 años, Omar Ochoa, José Bienvenido González, Santiago Ortíz, Néstor Mario Gálvez, José Idonoel Pineda, 29 años, Natanael Rojas Restrepo, Guillermo León Valencia; Manuel Durango y Francisco Blanco.
En “La Negra” fueron asesinados Julián Carrillo, Alino Rojas y Abel Meneses.
Y el miedo se apoderó de Urabá
Pie de foto: portada de El Espectador el 6 de marzo de 1988.
Los días siguientes a la masacre, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios de Antioquia (Sintagro) y el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintrabanano) decretaron paro indefinido. Los 22 mil trabajadores cesaron sus actividades y pidieron al Gobierno retirar al comandante de la X Brigada y del Ejército, que hacía presencia en las fincas bananeras. También exigieron la no suspensión de las elecciones ni permitir el nombramiento de alcaldes militares y, lo más importante, darles garantías a los líderes y trabajadores sindicales.
En todo el Urabá
Pie de foto: portada de El Espectador el 7 de marzo de 1988.
Un día antes de la masacre, en Dabeiba (Antioquia) habían sido asesinados un candidato a la Alcaldía y un diputado. En la finca “Guapá”, en Chigorodó, se encontraron seis cadáveres en avanzado estado descomposición. En Apartadó, a modo de protesta, los negocios estaban cerrados y el transporte inactivo, pues dos trabajadores del Sindicato de Braseros habían sido asesinados.
Levantaron el paro
Pie de foto: portada de El Espectador el 10 de marzo de 1988.
Tras negociar con una comisión del Gobierno, los trabadores levantaron el paro y se reintegraron a sus labores el 10 de marzo, casi una semana después de la masacre. A pesar de que se estableció darles garantías a los líderes, tres personas más fueron asesinadas en Urabá. En esa misma fecha conocieron que los cuerpos encontrados en “Guapá” eran los de militantes de ¡A Luchar!
Esta masacre marcó el inicio de una ola de violencia contra los sindicalistas y los líderes políticos de izquierda que estaban en los territorios. Los paramilitares no se detendrían hasta exterminar los tres partidos: UP, ¡A Luchar! y Frente Popular.
12 condenas
El 18 de juio de 1991 fueron condenados a 20 años de cárcel Fidel Castaño y Henry Pérez, los dos principales jefes de las autodefensas que operaban en Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio. Además, como autores intelectuales, fueron condenados a pagar la misma pena Luis Rubio Rojas, exalcalde de Puerto Boyacá, quien en ese momento estaba prófugo de la justicia, así como Marcelo de Jesús Pérez, Gonzalo Pérez, Adán Rojas Ospina, Hernán Giraldo Serna y Reynel Rojas. Entre otras personas.
La encargada del caso fue, en un principio Martha Lucía González, quien debió exiliarse por amenazas contra su vida. Luego lo tomó la jueza María Helena Díaz, que fue asesinada en Medellín el 28 de julio de 1989 por "Los extraditables". Finalmente, la decisión la tomó un juez que no fue mencionado en en las noticas de la época.