Afros, indígenas y pueblo rom, en la lucha por contar la verdad invisible

Las comisionadas María Ángela Salazar Murillo y María Patricia Tobón Yagarí. / Cristian Garavito

La verdad en Colombia ha sido contada a medias. La han narrado los mismos de siempre: quienes han vivido en el privilegio o quienes han triunfado en la guerra. En cambio, la otra parte de la verdad, la de los grupos étnicos, que conforman el 14,06 % de la población del país, poco o nada se sabe. Se ha llegado a ella rasguñando el prejuicio. Se ha contado desde bocas ajenas.

¿Sabía que la población raizal de San Andrés y Providencia fue víctima de desaparición forzada? ¿O que este territorio tuvo muchos conflictos por ser un gran receptor de desplazados por la violencia? ¿Ha escuchado acerca de los rituales funerarios de la población palenquera, que hoy agoniza por culpa de la guerra? ¿Alguna vez supo que los habitantes del río Atrato, en Chocó, dejaron de transitarlo en la década de los noventa porque olía a podrido de los muertos que lanzaban a su cauce?

Probablemente no. Estas historias, de la Colombia profunda, se han quedado en los territorios, silenciadas. Por eso, en parte, fue tan importante el proceso de paz. Con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a partir de la firma del Acuerdo Final entre la desaparecida guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, comunidades indígenas, afrodescendientes y el pueblo Rom vieron la oportunidad de narrar la verdad escondida.

Esa oportunidad se convirtió en una certeza hace dos semanas, cuando dichas comunidades sellaron un acuerdo con la Comisión de la Verdad, en el que se comprometieron a contribuir con el informe que esta entidad (perteneciente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición) debe entregar al país en tres años.

El pacto nació después de la realización de una consulta previa, un derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos y que se materializa cuando se van a ejercutar proyectos dentro de sus más de 170 municipios y 700 rsguardos indígenas. En este caso, ayudó a que las comunidades se comprometieran a respetar la autonomía de la Comisión de la Verdad y a participar, a través de sus procesos organizativos y sociales, en los debates y análisis de cómo narrarán su historia dentro del conflicto armado.

¿Por qué era tan importante el acuerdo?

En los indígenas, las diferencias se cuelan desde las lenguas hasta la temporalidad. La Comisión es consciente de que uno de los grandes retos será tomar los testimonios de estos pueblos y traducirlos con el mayor respeto para que el resto de la sociedad nacional los comprenda. También, tratar de entrelazar las diversas narraciones, las formas de percibir el tiempo y sus cosmovisiones. Un hecho histórico, señala Yagarí, pues hasta ahora no hay documentación de ello ni un contacto cercano con las poblaciones. Y de lo poco que se ha escrito, visto u oído, según los indígenas, ha sido desde una mirada eurocéntrica, colonial, que no corresponde con su realidad.

Además, la recolección de los relatos será crucial para conocer su afectación. De acuerdo con las cifras de la Comisión de la Verdad, 92 de los 104 pueblos indígenas han sido víctimas del conflicto. “La Corte Constitucional aseguró que los afectados son muchos y que hay algunos que están en riesgo de extinción, de exterminio físico y cultura. Nuestra labor se enfocará en estudiar las causas y situaciones. Eso implica ir a territorios, dialogar con las culturas que también son muy híbridas. Sólo llegar hasta esos lugares es muy difícil”, agrega Yagaría.

Y sin duda lo han sido, sobre todo las mujeres y los niños indígenas. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), un niño o una niña indígena tiene 674 veces más posibilidades de ser víctima o reclutado y usado por un grupo armado ilegal que cualquier otro niño en todo el país. También preocupa que las mujeres indígenas constituyen el 1 % del total de víctimas de violencia sexual, teniendo en cuenta que los estas comunidades constituyen solamente el 3.43 % del total de la población colombiana.

Por otro lado, María Ángela Salazar Murillo, comisionada de las comunidades afro, palenqueras y raizales, cuenta que lo más importante de este diálogo es que por primera vez en la historia del país hay una adecuación institucional a las necesidades de estas comunidades y los reclamos de exclusión y maltrato. En el caso de los afros, palenqueros y raizales se espera eliminar el racismo: “Se construyó la Metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, una medida de inclusión que pone como punto central el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, en el que se pide un marco normativo que combata esta problemática”.

Dentro de esa metodología se incluye la participación de las comunidades en el trabajo de la Comisión y un rastreo riguroso de sus desplazamientos del campo a las grandes ciudades. “En el macrorregión del Pacifico, por ejemplo, tenemos un director y equipos afros que trabajan con las víctimas y conocen muy bien los territorios. Ellos tendrán que desplazarse por todo el país, porque estos pueblos ya no están en sus lugares de origen. Huyeron por la violencia”, agrega Murillo.

En estas comunidades los números también evidencian el ensañamiento de la guerra con las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el 18 % de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal del país ha sido reconocida como víctima en el conflicto armado. Las mujeres también han sido las más afectadas. De acuerdo con el RUV, las mujeres afrocolombianas constituyen el 8.3 % del conjunto de mujeres víctimas de violencia sexual del país.

En cuanto a la población rom o gitana, el trabajo es aún más arduo. Las comisionadas explican que esta comunidad de no más de 5.000 personas ha sido completamente invisibilizada, a pesar de haber sido tan afectada por la guerra. Su característica de ser un pueblo nómada se ha destruido por la violencia, que los ha obligado a permanecer en sitios donde los actores de la guerra no los alcanza.

“Ha sido tan afectada que existe un decreto étnico para la reparación de estas víctimas. Un reto enorme es saber qué ha pasado con ellos y demostrar que, en medio de esa itinerancia, han tenido que quedarse en un lugar específico y, en casos paradójicos, hasta han sufrido de desplazamiento forzado, sin poder movilizarse por donde ellos desean. Es un tema invisible”, advierte Yagaría.

Las representantes de la Comisión, que tienen sobre sus hombros impulsar las verdades escondidas por el temor, no dudan en que para construir la paz se necesita reconocer el derecho de los otros, sin importar su tamaño. Aunque sólo han estado en la etapa de consulta previa, tienen claro que la gran lección de su trabajo será el reconocimiento y el respeto en medio de tanta diferencia.

Por ahora, aseguran las comisionadas, la gran lucha será contra los prejuicios, los análisis desde las ciudades y desde ambientes muy politizados. Esos factores hacen que los testimonios se desdibujen y sólo continúe el eco de una voz privilegiada. Mitigar esos males heredados será la única manera de esquivar la repetición y de consolidar una democracia plural.