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Diecisiete años y seis meses tuvo que esperar el pueblo de Bojayá para empezar a hacer el duelo. Para las víctimas mortales de la masacre de este poblado chocoano, ocurrida el 2 de mayo de 2002, el descanso no ha llegado. No hasta que no se le hagan los rituales y se les canten los alabaos, los romances y los chigualos por parte de su comunidad afro. Sus familiares tampoco han descansado. Pero desde ayer inició el camino que permitirá, por fin, decir que los que murieron ese día han sido apropiadamente enterrados.
Este lunes salieron desde Medellín, en un helicóptero de Naciones Unidas, un total de 99 cofres que contenían los cuerpos de 72 víctimas plenamente identificados, otros sin identificar y algunos otros como símbolo de los niños que no pudieron nacer, pues ese día murieron mujeres embarazadas. Los cofres, con ayuda de pangas, llegaron a Vigía del Fuerte, un municipio antioqueño al frente de Bojayá, al otro lado del río.
Allí empezaron las ceremonias tradicionales del pueblo afro yla entrega terminó con un acto ecuménico en el parque del pueblo. El próximo domingo 17 de noviembre será el velorio, al otro día, el 18, se realizará el entierro, y por las siguientes nueve noches la comunidad hará los rezos y los cantos para despedirlos. Un proceso que acompañará la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, encabezada por Alberto Brunori; la Unidad de Víctimas, en cabeza de su director general, Ramón Rodríguez; la Fiscalía General y Medicina Legal.
“Esta entrega significa el descanso eterno de las personas que fallecieron el 2 de mayo, pero también el descanso eterno de los que seguimos viviendo, porque nosotros descansamos cuando nuestros hermanos descansen. ¿Y cómo descansan ellos? Cuando se les hagan los rituales”, explica Máxima Asprilla Palomeque, una de las cantaoras de esta comunidad y quien perdió a varios de sus familiares en la masacre.
Sin embargo, el proceso enfrentó una dificultad entre la comunidad de Bojayá y la Unidad de Víctimas. Para esta última, hoy solo son víctimas de la masacre los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, es decir, los padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos de quienes murieron ese día. Esos familiares contaron con todo el apoyo de la Unidad para asistir a la entrega de los cuerpos y a los rituales de despedida. Pero no tuvieron en cuenta que para las comunidades afro del Chocó la familia es extendida. Su pueblo es su familia.
“Yo acostumbro a abrir la puerta de mi casa a las 5:30 a.m. y si yo a las 6:30 a.m. no he abierto la puerta, llega un vecino y toca ‘buenos días, ¿cómo amaneció, está bien?’ el vecino es familia muy cercana”, explica Asprilla. Según dijo, esa inconformidad quedó en manos de la Unidad de Víctimas.
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Los restos serán enterrados en un mausoleo construido para 78 cuerpos – 72 de ellos identificados – y un lugar para lo que se conoce como la fosa número 75, donde hay restos que no pudieron ser asociados a los otros cuerpos identificados.
“Creo que la sensación hoy para el pueblo bojayaseño es agridulce porque aquí no celebramos, esto es un momento de tristeza, es un momento de silencio y dolor; aquí se vuelve nuevamente a remover ese dolor que ha estado allí durante estos 17 años. Por otro lado, creo que es una esperanza, es una luz para que el pueblo bojayaseño inicie a hacer ese duelo que por mucho tiempo lo hemos estado esperando. Vamos a tener la oportunidad de poder despedir nuestros seres queridos como tradicionalmente nosotros estamos enseñados a hacerlo”, dijo en medio de la entrega Yuber Palacios, representante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
De hecho, lo que pasó ayer, y lo que vendrá toda la semana, es producto de años de insistencia de ese comité de víctimas. Quienes fallecieron ese 2 de mayo en la iglesia de Bellavista, fueron enterrados en fosas comunes, trasladados después al cementerio, pero sin las precauciones para individualizarlos. Los cuerpos se mezclaron y ninguna entidad del Estado se encargó de exhumarlos e identificarlos. Cada año que pasó dificultó más el proceso de reconocimiento.
Solo hasta 2017, justamente por la insistencia del comité, Medicina Legal exhumó los cuerpos y los trasladó a Medellín. Allí, según la directora de esta institución, Claudia García, se conformó un centro de trabajo de estudio forense para analizar 82 casos de personas desaparecidas. Dos años después, la directora anunció que 72 cuerpos fueron identificados exitosamente gracias a nuevas técnicas de análisis genético.
La masacre
En los últimos días de abril de 2002, los paramilitares navegaron por el Atrato con Bellavista (cabecera municipal de Bojayá) como su destino final. A su vez, miembros de los frentes 5, 34 y 57 de las Farc llegaban a Vigía del Fuerte, al otro lado del río.
El 30 de abril y el primero de mayo se escuchaban las ráfagas de fusil. Cerca de 400 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista. El 2 de mayo los paramilitares usaron como escudo a la población civil, que quedó entre ese grupo armado y los guerrilleros. El enfrentamiento solo cesó porque una pipeta lanzada por las Farc cayó en el techo de la iglesia y explotó. Murieron 79 personas y decenas resultaron heridas. La confrontación se detuvo ese día, pero la guerra no se fue del Chocó.