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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), a partir de las denuncias hechas en la última edición de la revista Semana sobre acciones de inteligencia militar contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros, y miembros de las fuerzas armadas, le pidió al Ministerio de Defensa que le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos.
La solicitud, según la CEV, está cobijada bajo el decreto 588, en el que se garantiza a esta entidad del sistema de justicial transicional el derecho de acceso a la información reservada: “La puesta en evidencia de la reiteración de estos hechos lamentables tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, lleguen hasta a las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema”.
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La CEV también explicó que “en el esclarecimiento de la historia del conflicto armado interno encuentra casos significativos en los que estas actividades dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos judiciales arbitrarios, y campañas de intimidación y desprestigio”. En ese sentido, exigió una investigación exhaustiva produzca los cambios éticos y el retiro de oficiales del Ejército comprometidos.
Para Francisco de Roux, presidente de la Comisión, es hora de que la inteligencia militar contribuya “con la verdad histórica y la ética pública”. Más allá de discusiones legales y jurídicas, dijo, “son una amenaza contra los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional y vulneran la legitimidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones, al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto”.
La entidad insistió en su preocupación por la repetición de estas conductas, a pesar de que en diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales. Y expresó su inquietud por la falta de buenos resultados en la depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia, que arrancó en 2017: “Esa depuración se estableció justamente para evitar que la inteligencia se convierta en un arma política contra quienes deliberan dentro del marco de la democracia en la lucha por la dignidad humana para que seamos un país más transparente y más justo”.
La construcción de la paz en Colombia, señaló la CEV, exige la verdad y la transformación de la conciencia no solo de los guerrilleros que incurrieron en actos inhumanos, sino también y de manera primordial “de quienes son los sujetos morales que, corporativamente, forman las instituciones del Estado. Allí hay hombres y mujeres capaces, de alta consistencia ética. En ellos y en ellas ponemos la esperanza”.
El pasado sábado 2 de mayo, la revista Semana publicó "Las carpetas secretas", un artículo en el que se evidencia que, por lo menos, 130 personas han sido espiadas ilegalmente, mediante herramientas informáticas, por la inteligencia del Ejército Nacional, entre ellas periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.
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La denuncia reveló que el foco de los seguimientos estaba puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times, Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry. Pero también existen carpetas sobre medios alternativos como La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, a raíz de las denuncias que trascendieron hace unos meses “sobre el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la Política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley”.