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En su esfuerzo por demostrar que los militares también fueron víctimas en el conflicto armado, el Ejército Nacional entrega hoy, en horas de la mañana, un informe a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, llamado “Los soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición forzada. El servicio militar obligatorio 1996-1998”. En el documento se expone la posición del soldado regular, es decir, bachilleres que prestaban el servicio militar; el daño que sufrieron por estos graves crímenes, y las expectativas de las víctimas que hasta ahora, advierten, no ha sido reparadas.
En la primera parte del documento, conocido por este diario, el Ejército hace una revisión de sus cifras. Según los uniformados, entre 1996, 1997 y 1998, 310 militares fueron secuestrados en casos recordados por el país: “De ellos, 167 eran soldados regulares cumpliendo el servicio militar obligatorio, en casos como Las Delicias, Patascoy, Miraflores, Uribe y Pavarandó”. También se encontró que, de acuerdo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en ese mismo lapso, 227 soldados regulares fueron desaparecidos. De estos, 41 casos han sido adjudicados a las guerrillas, 29 a las autodefensas o paramilitares y 157 no se ha identificado qué pasó con ellos.
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Los investigadores, el capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, Laura Andrea Gaitán Aya y el coronel Carlos Arturo Velásquez Peláez, decidieron enfocarse en este tiempo para, según ellos, indagar en unos de los momentos más difíciles para el Ejército, en el que los hostigamientos de los grupos armados, principalmente de las extintas Farc, afectaron varias de sus bases militares y dejaron en la memoria del país imágenes desoladoras. Pero, además, fue justo en la época en la que el Estado dejó de llevar a la guerra menores de edad. Antes de 1997 se podían reclutar los jóvenes a partir de los 15 años de edad. Después, el reclutamiento de menores fue tipificado en Colombia como un delito mediante la ley 418 de 1997. Allí se estipuló como una infracción al derecho internacional humanitario.
Desde 1996 hasta 1998, anualmente, 150.000 soldados regulares prestaron su servicio militar obligatorio en medio de una guerra en la que se presentaron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
Secuestro
En la segunda parte del informe se exponen los resultados de una muestra de 27 entrevistas y encuestas a soldados regulares que estuvieron secuestrados en la toma de Miraflores (Guaviare), donde fueron secuestrados 71 uniformados, y documentos que fueron encontrados en el Ministerio de Defensa, la gran mayoría con clasificación reservada. En esta indagación, el Ejército encontró que la gran mayoría tiene secuelas de estos delitos.
“El 100% de los soldados encuestados afirmaron haber sido asignados al Batallón de Infantería Numero 19 “Gral. José Joaquín París” en San José del Guaviare. En su totalidad los soldados regulares encuestados afirmaron ser víctimas de secuestro, en donde fueron víctimas del secuestro en un promedio de 3 años, por este hecho el 92. 9% de ellos toma algún tipo de medicamento para tratar afectaciones psicológicas derivadas del secuestro como estréspostraumático”, señala el informe.
Los resultados de la encuesta son reveladores: El 55% de los entrevistados manifestó que no prestó el servicio militar por decisión propia, sino por ser una obligación y el 100% consideró que sí corría un riesgo en la misión que se les había asignado. “No, yo fui reclutado. Lo que pasa es que a mí me cogieron en las batidas que hacia el Ejército y me llevaron a ese parque que quedaba en la 95. Yo creí que íbamos a estar bien, que era un paseo, pero prácticamente fue lo otro”, dijo un soldado.
El Ejército, para el control de Miraflores en agosto de 1998, tenía soldados regulares que fueron reclutados en los barrios populares de Bogotá y Soacha, como lo explicó otro de los entrevistados: “Es que nosotros veníamos de lo más bajo, Patio Bonito, de Soacha, del Lucero, de Ciudad Bolívar…”. Solo recibieron su instrucción militar y, a pesar de no ser soldados voluntarios, “con tan solo nueve meses de servicio militar se enfrentaron a 1.500 guerrilleros de los frentes y/o cuadrillas más beligerantes que integraban el Bloque oriental de las FARC”, agrega el documento.
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A pesar de estas circunstancias y las condiciones de orden público, el 90% de los encuestados expresó que su servicio militar fue un aporte para mejorar la situación del país y comprendían las acciones del Ejército. Sin embargo, ese mismo porcentaje señaló que no pudo seguir con sus proyectos de vida y que, hasta el momento, consideran que no se han restablecidos sus derechos, aunque el 100% afirmó haber tenido algún tipo de daño.
“El Estado solo ha reparado a 31 secuestrados de los 71 soldados regulares que fueron víctimas de este flagelo y de los 27 secuestrados hoy libres, que asistieron al primer ejercicio de acercamiento, 12 son pensionados y el resto se sostienen económicamente de acuerdo a sus respectivas condiciones. Para estas personas, la reparación tiene más sentido si es de carácter económico”, dice el informe. Por culpa del trauma, se deterioraron sus capacidades para relacionarse socialmente y para trabajar. En lo psicológico, permanece aún el resentimiento frente a la institución y sus captores.
En la investigación, el Ejército evidencia que el proceso de rememorar y relatar de los soldados, que en ese entonces no se profesionalizaban, “aún sigue ligado a un proceso traumático que sigue causando daño y no se ha superado”. Los soldados secuestrados manifestaron que “salir en el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, serviría como una reparación a su dignidad, ya que ellos quieren que su historia sea conocida por la humanidad, que no pase al olvido y no se vuelva a repetir”.
Para las personas entrevistadas fue importante mencionar que la decisión de entregarse, después del ataque, fue por la necesidad inminente de salvar sus vidas. Y, constantemente, resaltaron que siempre tuvieron su dignidad intacta durante el secuestro, “ya que nunca congeniaron con sus captores gracias a la cohesión con los demás secuestrados, lo cual les permitió sobrevivir a esta experiencia”, a pesar de haber atravesado por condiciones inhumanas. Uno de los secuestrados por las Farc manifestó: “Nos metían en unas jaulas de 1.70 [cm] por 1.70 […] y nos metían allá cuando peleábamos, eso era muy difícil convivir con 40 personas, todos con genios diferentes. También nos amarraban a un palo con las manos atrás si uno peleaba, como de castigo”.
Incluso el Ejército va más allá y hace una revisión de su actuación. Acepta, por ejemplo, que hubo fallas en las estrategias militares y falta de equipamiento: “Para el momento de la toma a Miraflores, los soldados no contaban con una infraestructura adecuada de base militar con los requisitos establecidos en los manuales y el comandante de la compañía Águila se ubicó dentro de la base de la octava compañía de antinarcóticos de la policía, aunque había unas instalaciones militares abandonadas en la cabecera de la pista, las cuales no reunían las condiciones necesarias de protección”.
En el caso particular de estudio, Miraflores, se destacó que la región estaba controlada por las extintas Farc desde los años 80, donde “ejercían el control del cultivo, procesamiento y comercialización de la coca. En consecuencia, los agentes del Estado no tenían buena acogida en esta región por sus operaciones en contra del narcotráfico”. En medio de ese ambiente, explicó el Ejército, se dio “el ataque desproporcionado de las Farc a los agentes del Estado que estaban en el casco urbano de Miraflores. Un ataque que duró 23 horas consecutivas con uso de armas no convencionales”.
Desaparición
Para esclarecer los casos de desaparición entre 1996 y 1997, el Ejército se enfrentó a varios problemas. El primero de ellos es que, al realizar indagaciones en las oficinas de talento humano de las unidades militares, se observó que los soldados regulares que desertan de su servicio militar también están incluidos como desaparecidos. En este sentido, el informe sugiere a las instituciones del Estado “hacer el ejercicio de depurar las bases de datos, con el fin de determinar efectivamente, cuántos soldados regulares están desaparecidos realmente”.
Los investigadores resaltaron que no es un asunto tan sencillo, pues la deserción se contempla como un delito en el código penal militar de 1988, “y quien cometiera ese tipo de delito podría incurrir en prisión de seis meses a dos años, teniendo que continuar con su servicio militar una vez cumplía la pena. En este sentido, los soldados regulares desertores, posiblemente, por temor a ser encarcelados por este delito, seguirán evadiendo la responsabilidad de presentarse para definir su situación jurídica y, en consecuencia, seguirán siendo considerados como desaparecidos”.
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Aunque hay 227 casos, hallar a los familiares fue casi imposible. Para hacer el informe se hizo, entonces, una aproximación a siete personas del Ejército y sólo una de los familiares. Por un lado, se encontró que la mayoría de familiares y amigos de soldados regulares desaparecidos eran de un periodo diferente al propuesto en la presente investigación y, por el otro, no estaban interesados en participar en el ejercicio, ya fuera por temor al hablar o por resentimiento hacia el Ejército.
El único padre que decidió aceptar la entrevista aseguró que su hijo, el soldado Miguel Ramírez, fue víctima del ataque a la base de las Delicias en el departamento del Putumayo, el 30 de agosto de 1996. El hombre, de acuerdo con el documento, considera que su hijo tenía el deber de prestar el servicio: “Mi hijo se había ido para una toma por allá en las Delicias, entonces mi hijo fue llamado a combatir allá contra ellos, en ese momento fueron secuestrados varios compañeros, entre ellos mi hijo cayó también en esa redada, pero nunca se supo[…] Liberaron a unos compañeros de él el 15 de julio de 1997, pero entonces mi hijo no apareció, tiempo después del secuestro, apareció una fosa común y me entregaron los restos que supuestamente eran de mi hijo, pero no eran los de él, eran de otra persona. Hasta el momento no sé nada de mi hijo, nunca volvió a la casa”.
El caso aún no se encuentra reconocido por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Según los uniformados, “el tema de los desaparecidos militares es muy complejo hoy en día, por cuanto no hay cifras exactas que coincidan con la información tanto de las entidades gubernamentales como no gubernamentales”.
Por eso, como última recomendación, el equipo de investigación asegura que “dentro del Sistema de la Justicia Transicional se debe establecer qué pasó con los militares víctimas de desaparición forzada y para el caso específico de los soldados regulares, se debe continuar haciendo los ejercicios de búsqueda de la verdad, para crear los mecanismos que ayuden a reparar a las víctimas, tanto para los mismos desaparecidos como para los familiares”.