La región del Catatumbo, “casa del trueno” en lengua Barí, ha vivido una larga historia de violencia. Sus primeros pobladores, el pueblo indígena Barí, sitúan el inicio del conflicto con la conquista española, cuando se rompió la armonía en la que vivían en ese territorio, que entonces se extendía hasta Venezuela y el Cesar. Sin embargo, el conflicto que más los afectó y que, incluso, redujo drásticamente su población, comenzó con la explotación de petróleo.
Fue en 1905 cuando el gobierno de Rafael Reyes le hizo al general Virgilio Barco Martínez una concesión para explorar y explotar las tierras que ahora son los municipios de Tibú y El Tarra. Cuarenta años después ya había empresas petroleras, oleoductos y grandes construcciones en esta región, mientras que el pueblo Barí cada vez se hacía más pequeño a causa de los asesinatos a sus miembros e impacto ambiental. Luego llegaron las guerrillas del ELN, EPL y FARC, a finales de los años setenta y ochenta. Después, en 1999, aparecieron los paramilitares y con ellos la guerra más cruda.
Estas son algunas de las conclusiones del informe Catatumbo: memorias de vida y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este documento, producto de dos años de trabajo con los campesinos del Catatumbo, la Diócesis de Tibú y la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí, cuenta la historia de violenciade esta región de Norte de Santander, y de cómo sus habitantes resistieron a la guerra que hicieron distintos grupos armados.
Sin embargo, el informe también hace una claridad: la pobreza en la que viven sus habitantes “se debe a la débil presencia del Estado y los insuficientes recursos invertidos en suplir las necesidades más sentidas de los pobladores”. Esto fue caldo de cultivo para la proliferación de la violencia y la incursión de grupos guerrilleros y paramilitares, pues el Estado apenas hace presencia con la Fuerza Pública, que a menudo está “relacionada con excesos y represión”.
“Yo digo que las guerrillas llegaron por el abandono del Estado”
“El Catatumbo es rico en recursos naturales. Allí desde hace un siglo se extrae petróleo, tiene tierras fértiles, es rico en agua, fauna y maderas y, por la diversidad de sus pisos térmicos, produce variedad de cultivos”, describe el documento. Sin embargo, es una tierra llena de pobreza. Aún hoy es la región de Norte de Santander con los peores indicadores sociales, porque el Estado no llega. Quienes sí llegaron, con tomas y miedo y luego con trabajo político fueron las guerrillas.
Consulte aquí el informe: Catatumbo, memorias de vida y dignidad
En los ejercicios de memoria realizados en el proceso de este informe se rastreó que los primeros armados en hacer presencia en el territorio fueron los del ELN, con la toma guerrillera de Convención, en la madrugada del 31 de enero de 1979. “En el año 79 fue la primera toma guerrillera aquí en Convención, fue cuando izaron el pabellón de ellos, le hicieron a la Policía, los obligaron a tener que bajar el pabellón nacional e izar el de ellos”, les dijo un habitante de este municipio. Esa vez, 60 guerrilleros saquearon dos bancos y atacaron la estación de Policía.
Lo mismo hizo el EPL a principios de los 80, llegando a expandirse y consolidarse en Hacarí y San Calixto y en los corregimientos de Las Mercedes (Sardinata) y La Vega de San Antonio (La Playa). Finalmente, llegó la última guerrilla, las Farc. Hubo tomas guerrilleras, daños a bienes, enfrentamientos, secuestros extorsivos y desplazamientos, sin embargo, posterior a esto, la gente recuerda la presencia guerrillera con el trabajo político que empezaron a realizar. Lo relacionado con “las demandas por acceso a bienes y servicios, una distribución equitativa de la propiedad, la nacionalización de los recursos minero-energéticos y la redistribución de sus rentas, así como la participación política efectiva, encontraron eco en pobladores del Catatumbo”, dice el informe.
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Eso dijo un hombre en un taller de memoria en San Calixto: “yo digo que las guerrillas llegaron por el abandono del Estado, [porque] es que el Estado en estos municipios era poca la presencia que llegaba. No había inversión, no había absolutamente nada, o sea, un abandono, pero total”. De igual manera, las guerrillas en el Catatumbo también impusieron un orden social, con prohibiciones y castigos, que les daba el control sobre la vida de los habitantes.
La retoma paramilitar
Una de las tensiones que identifica el informe es cómo los catatumberos y catatumberas cargaron con el estigma de guerrilleros o colaboradores de las guerrillas porque estas hacían presencia en su territorio. Las personas, antes de la llegada de los paramilitares, sufrieron la arremetida de la Fuerza Pública, desde el Estatuto de seguridad de Turbay Ayala (septiembre de 1978), que los catalogó como “población civil insurgente”. Fue a partir de los ochenta y más en los noventa cuando “se presentó una serie de desmanes por parte de miembros de la Fuerza Pública, en particular, en las zonas rurales del Catatumbo. Fueron mencionados señalamientos, requisas constantes, allanamientos ilegales, destrucción de bienes, detenciones ilegales, tortura e incluso muerte y desaparición, en algunos casos tomando la forma de ejecuciones extrajudiciales”, dice el informe. Entre 1981 y 2002, 125 personas fueron asesinadas por la Fuerza Pública.
Y luego llegaron los paramilitares. “En mayo de 1999, se marca un hito regional cuando los paramilitares -bajo el mando de Salvatore Mancuso- irrumpen al municipio de Tibú y desde allí comienzan a extenderse. Fueron los paramilitares de alias Juancho Prada y los de alias Jorge 40 los que actuaron en la región, en especial, en los municipios de la zona alta”, dice el informe. Fueron tres los grupos que llegaron: Frente Héctor Julio Peinado Becerra, Frente Resistencia Motilona y Bloque Catatumbo de las AUC.
La versión que siempre se manejó fue la de un interés contraguerrillero, sin embargo, los pobladores recuerdan varios eventos que desmienten esa idea. El primero es que no acabaron con la guerrilla, sino que arremetieron contra la población civil con hostigamientos, masacres, desplazamientos y daños a sus cultivos y propiedades. Desde 1999 hasta el año 2006, cuando se desmovilizaron, hubo casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres. Luego, también aparece el interés de controlar el negocio del narcotráfico. Según la Fiscalía, las autodefensas llegaron a controlar, en 2002, 5.400 hectáreas de coca y produjeron 32.400 kilogramos ese año. Y luego está el tercer interés, el que reconfiguró la región y para el que fueron funcionales los dos hechos anteriores: sembrar palma.
Este es el testimonio de un campesino: “[Los paramilitares] comienzan a fraccionar toda la economía campesina (…), llegaban a una finca, se comían las gallinas, se comían el cerdo y las tres, cuatro reses que había y se las llevaban. ¿Qué quedó del campesino? ¡Pues nada! y ¡corra para que no me maten! (…) ¿Qué pasa ahí? llega la estrategia, la propuesta de la palma. Llega con dos cosas muy claras, la primera, llega a recuperar la economía que han fraccionado en ese entonces, es decir, si a mí me quitan todo y [luego] me dicen: la propuesta es palma, tome cuatrocientos [mil pesos] mensual, tome para que invierta en obreros, es una propuesta económica que va a servir en el momento. Lo segundo, [decían]: aquí tiene una cédula palmera, usted va a ser identificado, pero además va tener protección”, y ellos, sin opciones, aceptaban.
El petróleo, la palma y el terror a costa de masacres fueron las bases de la extensión y el proyecto económico paramilitar. Eso y, por supuesto, un Estado que no aparecía sino con presencia militar y, a menudo, colaborando con los armados, tal como lo explicaron en el informe, “la misma fuerza pública los dejaba pasar, el mismo batallón que está aquí en La Gabarra”.
Resistir y renacer.
Después de la desmovilización de las autodefensas el territorio no quedó libre de armas, al contrario, empezó una disputa por controlar las rentas legales e ilegales. Las guerrillas, que se habían replegado, quisieron retomar el territorio, al igual que los grupos posdesmovilización. Sin embargo, esta vez hubo algo distinto: las dinámicas organizativas de la población civil estaban fortalecidas. Volvieron las Juntas de Acción Comunal y se crearon organizaciones sociales.
Las personas empezaron a reclamarle al Estado por los crímenes del Ejército, por sus derechos, aun cargando con los estigmas que les dejó la guerra: guerrilleros, paramilitares, marginales, peligrosos. Contra eso han luchado, pero la guerra volvió a sus tierras en forma de un enfrentamiento entre el ELN y el EPL, desde marzo de este año.
Por todo lo anterior es que el llamado que hace el CNMH con este informe es que el Estado, por fin, haga una presencia social real en el Catatumbo. “El CNMH recomienda a los Ministerios de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento de Prosperidad Social, así como a las instituciones responsables de estos temas a escala departamental y municipal, la implementación y seguimiento de programas que garanticen la concreción de los postulados del Estado social de derecho en el Catatumbo”, dice el documento, refiriéndose a las necesidades que tienen en la región. Una lista larga que empieza porque no hay vías para sacar los alimentos que cultivan, no hay puestos de salud, las escuelas son precarias y no hay apoyo para los campesinos. Aun así, lograron firmar un acuerdo de sustitución de cultivos de coca, sin mayores garantías de cumplimiento por parte del Estado. Por eso el documento insiste en dar datos que ayuda a pensar en la necesidad de replantear las políticas de lucha contra la coca.
Además, llama al Estado a “reconocer el acumulado organizativo, el conocimiento colectivo, las instancias de toma de decisiones y las apuestas de la población” del Catatumbo para tomar decisiones que logren impactar en la región. Esto en l dirección de fortalecer las JAC y las organizaciones indígenas de los Barí, asegura el documento.