En Colombia el conflicto armado se ha desarrollado en territorios muy ricos por sus recursos hídricos, por sus tierras fértiles y por ser puntos estratégicos para el desarrollo de capitales privados. Eso fue lo que sucedió en la región de los Montes de María desde mediados de los años 90. En El Carmen de Bolívar proliferaron los cultivos de teca, en San Onofre se concentró la extracción de materiales para la construcción, y en María La Baja se instauró el monocultivo de palma africana para la producción de aceite y biocombustibles. Esto sucedió al tiempo que las comunidades observaban cómo algunos empresarios y terratenientes acaparaban sus tierras fértiles para el desarrollo de proyectos agroindustriales y ganaderos.
Al mismo tiempo, la guerra se fue tomando los territorios que los campesinos trabajaban de sol a sol para el desarrollo y la permanencia digna en este territorio. En el año 1987 llegaron miembros del frente 37 de las Farc a establecerse en la zona para ejercer control territorial y conseguir recursos económicos a través de delitos como la extorsión, el robo de ganado y el paso de la cocaína que iba desde el centro del país por el río Magdalena, atravesando los Montes de María para llegar al golfo de Morrosquillo, en el municipio de San Onofre, rumbo a Estados Unidos.
Con el apoyo de varias asociaciones de seguridad privada, llamadas Convivir -apoyadas por ganaderos y dirigentes políticos de la región-, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en la región en los años 90, con asesinatos selectivos de campesinos y líderes comunales, y más adelante con masacres, como las de San Isidro y Caracolí, corregimientos del Carmen de Bolívar, en 1999. Luego, vendrían enfrentamientos entre las Farc y las AUC que dejaron en medio del fuego cruzado a estas comunidades. Su objetivo: desterrar a las Farc y controlar el territorio.
El Carmen de Bolívar fue uno de los municipios que sufrió con mayor intensidad el conflicto en esta zona durante esta etapa. Los constantes enfrentamientos entre las Farc, las AUC, el Ejército Nacional y la Infantería de Marina dejaron como resultado más de 70 000 personas desplazadas, 19 masacres, una tasa de homicidios superior a las del promedio nacional en el año 2000 y buena parte del territorio contaminada con minas antipersonal. El poder militar empleado por los grupos al margen de la ley y las fuerzas armadas del Estado hicieron de este municipio uno de los más violentos entre 1997 y 2009.
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Uno de los segmentos de la población que más se afectó por este conflicto fue el de los niños, niñas y adolescentes. Las Farc vieron en ellos y ellas el principal instrumento para engrosar sus filas y los reclutaron de diversas maneras. Muchos de ellos también ingresaron a la guerrilla por la presión de los paramilitares o movidos por un deseo de venganza tras las masacres y asesinatos selectivos, logrando así fraccionar cientos las familias.
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Son las 6 de la mañana. Don Mario*, un campesino de más de 70 años, que toda su vida ha vivido en las faldas del cerro La Cansona, en lo más alto de los Montes de María, sostiene una totuma llena de maíz mientras las gallinas se le acercan. En el fogón de la cocina se prepara un café para apaciguar el frío de la montaña. Está solo en su parcela donde cultiva aguacate, ñame, maíz y tiene sus animales de corral. Le dicen El resistente, porque a pesar de todos los embates de la violencia ha permanecido en la zona.
Su casa está a 45 minutos en carro de la cabecera municipal del Carmen de Bolívar, centro urbano entre los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar, considerado como el centro de los Montes de María. Desde allí ha sido testigo mudo de los desmanes ocasionados por todos los actores armados, que se asentaron por varias décadas en la región. Recuerda como si fuera ayer la primera incursión armada en su comunidad.
“Ese día sábado (28 de octubre de 1994) previo al día de elecciones, el Ejército venía a brindar seguridad al corregimiento de La Cansona y la guerrilla le preparó una emboscada; pero ahí no murieron ejército ni campesinos, se enlutó la región porque a los difuntos todos los conocíamos, eran de comunidades vecinas, fueron cuatro. Murió el inspector del corregimiento de Macayepo, unos eran de la Sierra de Venado y otros vivían en Guamanga”, dice mientras la brisa fresca le acaricia el rostro y observa la zona baja del municipio de María La Baja.
Don Mario y otros pobladores recuerdan que varios de sus vecinos se desplazaron por las represalias que el Ejército tomó contra la población, tras este ataque. La vida les cambió. Antes podían transitar por sus veredas de manera tranquila a cualquier hora del día, la producción de alimentos era prometedora, podían comercializar sus productos sin restricciones. Después de esta emboscada, los armados de lado y lado empezaron a controlar sus desplazamientos, montaron retenes y puestos de control para restringir la compra y venta de alimentos y enseres. Ese accionar se conoció entre las comunidades como el bloqueo alimentario.
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Luego los pobladores conocerían la sevicia de los paramilitares en lo que se conocería años después como La caravana de la muerte o Operación Rastrillo. Así fue documentada en el informe ‘Los Montes de María bajo fuego’, que entregó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), junto con la Fundación Cultura Democrática, la Corporación Opción Legal, la Universidad Tecnológica de Bolívar y las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María a la Comisión de la Verdad, a comienzos del 2020. El informe, describió “se entiende por Operación Rastrillo una operación paramilitar, ocurrida en los Montes de María, que incluye cinco masacres: Ovejas, El Salado, Chinulito, Macayepo y Chengue (...) Las masacres realizadas en el marco de la Operación Rastrillo tuvieron características comunes que mostraron ser parte de una operación criminal compleja, que se extendió por más de un año (...) y se caracterizó por la utilización consiente y generalizada de los más brutales y degradados métodos de terror contra los pobladores. Esa barbarie buscaba que los sobrevivientes se vieran avocados a someterse a su poder o desplazarse forzadamente de la zona”.
Bajando la pequeña pendiente desde la casa de don Mario, se divisa lo que en su momento fue el centro de ese corregimiento. De la iglesia solo quedan algunas paredes y las vigas que sostenían la campana; la gallera, la tienda y las casas de bahareque ya no existen, se las tragaron la maleza y el abandono. Las pocas construcciones que se observan a través de la neblina son casas que están en construcción alrededor de las ruinas del templo.
Un pueblo sin escuela
El poblado está renaciendo. Los que huyeron despavoridos por el horror de la violencia se asentaron en su mayoría en el casco urbano de Carmen de Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Sincelejo. Los relatos de los pobladores coinciden en que estas veredas se desplazaron casi en su totalidad. Según el informe de la Universidad de Los Andes titulado ‘Geografías de la violencia en el Carmen de Bolívar 1990-2010’, “las acciones de violencia hicieron que el Carmen de Bolívar fuera el municipio número uno de desplazamiento por expulsión a nivel nacional, entre 1997 y 2009, con más de 71 000 desplazados”. El pico más alto se presentó en el año 2000 y coincide con el alto número de masacres y homicidios en ese año.
La Cansona hoy es diferente a la de aquellos años. Persiste una fuerte presencia de militares en la zona. Se ven los rostros de soldados jóvenes, en guardia constante y la desconfianza en sus miradas. La espesa niebla deja ver una gigante ceiba antigua que se contonea entre la vegetación local. Solo hay que caminar unos pocos metros para precisar su robusto cuerpo lleno de fisuras ocasionadas por las ráfagas de fusiles, que sin pudor alguno tallaron los grupos armados en su corteza. La ceiba ha presenciado la violencia en la zona.
Unos metros más adelante está el camino que antes llevaba a la escuela. Hoy está ocupado por militares y garitas de vigilancia. Ya no se puede ver el centro educativo. Nadie se puede acercar a él. Los habitantes cuentan, entre dientes, cómo la escuela se convirtió en una trinchera militar y luego, en 2007, en un puesto de operaciones, perteneciente al Batallón de Comando y Apoyo de la Infantería de Marina número 1 con sede en Corozal, Sucre.
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“Ya en las horas de la tarde vimos bajar una cantidad de militares, no podíamos distinguir quienes eran. Solo vimos que subieron hasta la escuela y colgaron sus hamacas. Los meses y los años han ido pasando y siguen ahí. A veces, en algunos eventos gubernamentales se ha preguntado por esa situación y nadie da respuestas concretas. Solo dicen que es una base militar y que esto ayuda a la seguridad de la región”, dice doña María, una habitante de la zona que, como todos, prefiere que le cambiemos su identidad.
Mientras prepara unos patacones, María dice que no recuerda la fecha en la que sucedió la toma definitiva de la escuela por los militares. Pero ella y sus vecinos coinciden en que eso sucedió durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Según el documento de Política de Defensa y Seguridad Democrática de 2003 del Ministerio de Defensa, la región de los Montes de María fue declarada, junto con Arauca, como “Zonas de Rehabilitación y Consolidación”, algo así como unos teatros de operaciones en los que se implementaron medidas restrictivas de movilidad civil con la excusa de controlar el territorio y desalojar de allí a los grupos armados ilegales.
La escuela de la Cansona fue uno de los centros educativos importantes de la zona, que recibía a todos los niños, niñas y jóvenes de las veredas de Ojo Seco, El Ojito, Camaroncito, Loma Central, Hondible, Don Cleto 1 y Don Cleto 2. Se dictaba de primero a quinto de primaria y contaba con un promedio de 130 estudiantes y 2 profesores. La escuela tenía solo un pequeño salón y el profesor se las ingeniaba para dar las clases en una sola jornada. La escuela de La Cansona, como las otras de la región, se convirtieron en puntos estratégicos para los grupos armados. Las guerrillas (además de las Farc, también estuvo por aquí el ELN y, en una época anterior, el EPL) casi nunca entraban a la escuela, aunque sí reclutaron a los estudiantes, pero preferían ubicarse en una casa vecina. Pero con el tiempo esto cambió. La primera incursión paramilitar en la comunidad, entre el 9 y el 11 de marzo de 1999, fue el comienzo de la más fuerte ola de violencia que recuerde la región.
La escuela quedó sola y abandonada porque la población jamás se recuperó del impacto que causó el asesinato de por lo menos seis personas, la quema de varias casas y comercios y el fuerte bloqueo que impuso ese grupo impidiendo incluso el transporte de alimentos y de personas por varias semanas. En ese momento, las AUC ocuparon la pequeña escuela por varios días.
La dinámica de los enfrentamientos hizo que los grupos armados transitaran por todo el territorio e hicieran uso de las instalaciones escolares, violando abiertamente el derecho internacional humanitario (DIH), que declara como bienes protegidos las instituciones educativas. Es decir, que prohíbe la utilización de escuelas y colegios para actividades del conflicto.
Neli, profesora de la región recuerda que varias instituciones educativas de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar fueron destruidas por el accionar de los grupos armados y luego por abandono: la escuela rural mixta de Guamanga Central, la escuela de la Cansona, la de Camarón #2, Orejero y Arroyo de Venado, la escuela de Palma de Vino, la escuela de Las Lajitas, la escuela del corregimiento de Centro Alegre.
El abandono y la destrucción de estas escuelas afectó a la población estudiantil. A casi todas las familias les fueron asesinados algunos de sus miembros y muchas se desplazaron en su totalidad de sus territorios. Además, el reclutamiento de los jóvenes campesinos se convirtió en obsesión de los grupos armados legales e ilegales. Aquellos que pertenecían a familias pobres y los que no tenían acceso a la educación eran vistos como tierra fértil para sembrar la semilla de la guerra. Por esta razón, las comunidades recuerdan que sus niñas, niños y jóvenes ingresaban a las filas guerrilleras, paramilitares, de infantería de Marina o del Ejército Nacional.
El conflicto armado les arrebató el derecho a educarse y desarrollarse libremente en sus territorios. Los docentes abandonaron su labor. Unos por miedo al conflicto que se desarrollaba frente a sus ojos, otros por las amenazas y asesinatos de sus compañeros, y otros porque las escuelas pasaron de ser su lugar de enseñanza a ser el refugio de los grupos armados, especialmente del Ejército y de la Infantería de Marina. Uno de los hechos que aterrorizó a los docentes fue el asesinato de dos maestros en el corregimiento de Guamanga, a manos de las Farc, el 21 de enero del 1993. Parte de la intimidación consistía en señalar a los docentes de ser instructores o colaboradores ideológicos de uno u otro grupo. Esta situación se vivió en la mayoría de las escuelas rurales.
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“Pasamos de impartir clases, a ser consejeros, líderes comunitarios, psicólogos, mediadores y, al final del día, educadores. Ayudamos a que los padres de familia y la comunidad en general pudieran sobrellevar la cruda realidad del conflicto armado”, reconoció la maestra Edilma con algo de nostalgia.
Margarita, otra profesora de la comunidad recuerda que los padres de familia le decían que, si ella se iba de la región, ellos también. “A mí personalmente me tocó liderar varios desplazamientos que sucedieron en ese tiempo. Entre esos, uno el 20 de agosto de 2001, a tan solo dos meses de haber empezado clases. En una incursión de los paramilitares, quemaron varias viviendas en la comunidad, asesinaron a algunas personas, maltrataron y desplazaron a varias comunidades”.
Empieza la reparación
El 5 de agosto de 2014, las comunidades de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar fueron declaradas como sujetos de reparación colectiva por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Desde ese momento los corregimientos de La Casona, San Carlos, San Isidro, Caracolí, Lázaro, Macayepo, Guamanga, Bajo Grande, Santo Domingo de Mesa, Raizal y El Hobo han venido realizando acciones y gestiones ante el Gobierno Nacional, regional, local y las entidades encargadas de la ejecución del plan de reparación colectiva.
La comunidad de la Cansona ha solicitado de manera expresa a la Unidad de Víctimas la reconstrucción o la reubicación de la escuela que les arrebató la guerra. Consultamos con la entidad sobre esta petición y contestó que efectivamente esta institución educativa “dejó de funcionar desde los desplazamientos forzados de la comunidad de la Alta Montaña, una vez el colegio fue abandonado, el Ejército Nacional tomó posesión de esta para utilizarla como base militar teniendo en cuenta su ubicación estratégica en los Montes de María, pues está ubicada en la parte alta de La Cansona y permite una mayor vigilancia y control del territorio”.
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Informó también que “durante el periodo del alcalde de El Carmen de Bolívar Francisco Vega Arrauth (2012-2015), la administración municipal compró el terreno donde estaba ubicada la institución educativa de La Cansona a su propietario el señor Luis Torres y se lo otorgó al Ejército Nacional. Esta infraestructura ha tenido mejoras e intervenciones por parte de la fuerza pública, que actualmente tiene posesión del predio legalmente y la infraestructura del antiguo colegio actúa como base de operaciones”. Y además precisó que la Secretaría de Educación les informó que los niños ubicados en La Cansona, 23 entre prescolar y quinto grado (multigrado), reciben las clases en la casa comunal de La Cansona con un profesor.
Todos se tomaron la escuela
A unos pocos minutos del corregimiento de la Cansona, se ubica la vereda Sierra de Venao. Esta pequeña comunidad campesina vio llegar el primer grupo guerrillero de las Farc a su territorio, hacia el 1992, y empezaron a sentir el temor por sus acciones contra los docentes y miembros de la comunidad. En ese momento, miembros del frente 37 empezaron a tomarse la escuela para usarla como base militar; con el pasar los días, la escuela se fue convirtiendo en campamento guerrillero. Los niños y niñas dejaron de jugar en la escuela y tenían que esquivar a los armados que estaban ahí en sus salones de clase. La situación se fue complicando cada día más para los estudiantes, para los profesores y para la comunidad.
“Nosotros, los estudiantes que recibimos clases entre los años de 1993 al 1997, vivimos una etapa de zozobra, nos veíamos obligados a aprender a disparar, a manejar un arma, esto por el peso de las intimidaciones. Después de que entrábamos al descanso, ellos nos reunían a todos. Les quitaban las municiones a sus armas y nos las entregaban. Como queriéndonos adiestrar para posteriormente reclutarnos. La mayoría de los jóvenes, bueno, los más grandecitos, al ver la presión salimos desplazados del territorio. Cada uno tuvo que buscar para dónde irse. Yo me vine al Carmen y otros se fueron para Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Venezuela o para donde tenían familiares. Dos o tres se quedaron y pues los reclutaron, y lamentablemente hoy están muertos”, dice un habitante de la zona.
A la escuela de Sierra de Venao asistían unos 120 estudiantes entre primero y quinto de primaria y tres profesores que se las ingeniaban para ver sus clases en tres salones. La escuela contaba con un rancho de palma, que era usado por los niños y los profesores como lugar de descanso. A raíz del asesinato de dos conductores de bus cerca de la escuela y la ocurrencia de varios combates entre la fuerza pública y grupos guerrilleros en distintos sectores del corregimiento, se produjo un desplazamiento de 150 familias hacia el Carmen de Bolívar y Sincelejo, en 1999. La salida de las familias de sus parcelas causó el abandono de 6 000 hectáreas de aguacate y cultivos de pan coger.
Los pobladores recuerdan que la escuela fue usada como base militar por los grupos armados que transitaban la región. Uno de los que estuvo más tiempo fue la guerrilla de las Farc, que convirtió la institución en campo de entrenamiento militar e instaló minas antipersonal y artefactos explosivos en sus alrededores, como estrategia de seguridad para sus tropas. “Para el año 2002, la Infantería de Marina y el Ejército Nacional llevaron a cabo un bombardeo aéreo y terrestre contra los guerrilleros acantonados en la escuela. En el enfrentamiento, la escuela fue destruida por las detonaciones y los disparos. Con el paso de los meses la zona fue despejada, pero después fue el Ejército el que se tomó la escuela como campamento durante algunas semanas”, rememora un líder comunal.
Para el 2008, algunas familias de la comunidad de Sierra de Venao decidieron volver a sus parcelas y reconstruir sus planes de vida. Según la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, no hay datos exactos sobre el retorno de las familias, pero algunas cifras señalan que solo en El Carmen de Bolívar 4 000 familias han retornado a sus comunidades de origen en los últimos 10 años.
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Al retornar, estas familias tuvieron que vivir con muchas carencias en cuanto a la garantía de sus derechos. Por ejemplo, en Sierra de Venao, los niños tuvieron que recibir sus clases en una casa de familia, cerca de la escuela abandonada. La comunidad decidió, luego, construir un pequeño rancho de palma al que luego le pusieron techo de zinc; ese es el lugar en el que todavía hoy, los niños y jóvenes reciben sus clases.
De esta manera, la comunidad poco a poco ha venido recuperando la escuela. En ese salón improvisado asisten a clase unos 30 niños y niñas de los cinco grados de primaria y tienen un profesor a cargo de la enseñanza. Esta escuela no hace parte de las adecuaciones concertadas en el marco del proceso de reparación colectiva con la comunidad de Alta Montaña de los Montes de María, que viene desarrollando la Unidad para las Víctimas, según informó la entidad.
En el año 2016, la Defensoría del Pueblo hizo un recorrido por la zona rural que permitió establecer, como lo muestran las fotografías que acompañan este texto, el estado de deterioro de algunas escuelas en las zonas rurales. Se pone como ejemplo los casos de Guamanga 1, Santo Domingo de Mesa, Don Cleto, Santa Cruz de Mula, Sierra de Tejeda y Berruguita. La Defensoría dijo en ese momento que ha insistido ante las autoridades locales y departamentales para que se procure la atención a la infraestructura educativa. Sin embargo, estas entidades manifiestan que el principal obstáculo al que se enfrentan es la falta de legalización de los predios en los cuales funcionan las sedes educativas.
Este argumento también ha sido esgrimido ante las organizaciones campesinas que han reclamado el derecho a la educación de calidad. De allí que uno de los compromisos asumidos por las autoridades nacionales, departamentales y locales en el marco de la ‘Caminata Pacífica’ de abril de 2013, a la cual hemos hecho seguimiento, es la legalización de los predios donde funcionan las escuelas.
El estado de deterioro y abandono de las instituciones educativas ha afectado a más de 5 000 estudiantes adscritos a estas escuelas rurales. Esto a pesar de que el Gobierno Nacional y los gobernadores de Bolívar y Sucre firmaron el primer Contrato Paz del país, tras la firma del acuerdo final con la exguerrilla de las Farc.
En aquel momento, mayo de 2017, anunciaron que el documento contemplaba una inversión por 3,5 billones de pesos que se invertirían en 490 obras en 38 municipios de Bolívar y 19 de Sucre. Los proyectos se concretarían en los sectores de educación, salud, vivienda, saneamiento básico, agua e infraestructura de transporte y se ejecutarán en los próximos seis años.
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El presidente de la época, Juan Manuel Santos, afirmó que ese contrato firmado “no es un simple documento más, es el primer contrato paz que firmamos, y lo firmamos en un sitio simbólico que todos los colombianos, y este servidor especialmente, queremos tanto, Carmen de Bolívar, como una señal de que aquí en los Montes de María que sufrieron tanto la violencia, la guerra, aquí es donde vamos a seguir trayendo, porque ya comenzó el desarrollo, la prosperidad, las oportunidades”.
Con todas estas promesas institucionales bajo el brazo, las comunidades de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar esperan que el Estado les devuelva lo que les arrebató la guerra: la oportunidad de gozar del derecho a la educación en sus territorios.
* Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad y la seguridad de los entrevistados.
*La producción de esta historia fue realizada de manera colaborativa, estuvo dirigida por Gloria Castrillón y contó con la reportería de Duvan Caro.
Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de la edición 2020 del curso virtual ‘Conflicto, violencia y DIH en Colombia: herramientas para periodistas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de CdR ni de CICR.