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La reforma rural integral es un elemento esencial de Acuerdo de Paz. De hecho, fue el primer acuerdo que se hizo público y es el primer tema en el Acuerdo final. Esto reflejó no solo la visión de las FARC sobre la agenda de desarrollo del país, sino también el reconocimiento del gobierno colombiano de que este es, en efecto, un tema central, dada los bajos niveles de desarrollo y la alta incidencia de la pobreza en una amplia parte del territorio rural colombiano.
Los avances en este campo son positivos en algunos frentes, pero negativos en otros. Los más importante son, sin duda, los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que abarcan a 170 municipios donde se concentra el 57% de la población pobre rural del país. Este ha sido, además, un importantísimo ejercicio de participación ciudadana, esencial, además, para generar confianza institucional en estos territorios marginados. Emilio Archila, a cuyo cargo ha estado esto proceso, debe ser reconocido como el principal actor de la paz de la Administración Duque.
El mecanismo para la implementación de estos acuerdos, la Hoja de Ruta, fue acordado en el Plan de Desarrollo. Los recursos asignados a través del presupuesto nacional, del OCAD Paz con recursos de regalías y el mecanismo de obras por impuestos alcanzan $2,3 billones de pesos en 2020 y se elevarán a $5,1 billones el entrante. La ejecución ha sido, sin embargo, lenta, y la única Hoja de Ruta lista para ejecutar es la del Catatumbo. Una limitación adicional es que apenas cinco de los 16 planes sectoriales que les sirven de marco presupuestal han sido adoptados.
Esta experiencia será crítica. Significará un aumento significativo en las inversiones públicas en esos territorios y una experiencia de participación ciudadana en la elaboración de planes de desarrollo sin precedentes en el país. Por eso, en la Misión para la Transformación del Campo, o Misión Rural, propusimos que los PDET (o PDRIET, como los denominamos) se hicieran en todo el territorio rural del país. La experiencia de los PDET en curso servirá como un importante proceso de aprendizaje.
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Una segunda área donde hay avances parciales es en el catastro multipropósito. El gobierno ha conseguido créditos con el Banco Mundial y el BID para llevarlo a cabo. Aunque su puesta en marcha avanza lentamente, ya se hizo el primer experimento piloto en el municipio de Ovejas y se han elegido los ocho municipios para la primera fase del programa. Es esencial que en todos los municipios donde se haga se lleve a cabo simultáneamente el proceso de formalización de la propiedad, para superar la enorme informalidad de la propiedad rural en Colombia y su relación con el conflicto, un tema que ha sido resaltado por muchos analistas, entre ellos la Misión Rural.
El mayor atraso es el que se presenta en materia de tierras. Ha seguido habiendo avances en el proceso de restitución de tierras, que viene de las administraciones Santos, y hay algunos en materia de formalización de la propiedad rural, aunque a un ritmo anual que equivale apenas a la tercera parte de lo que se necesita para alcanzar la meta de siete millones de hectáreas en diez años. Pero el acceso a la tierra como elemento esencial de la paz ha sido un tema casi ausente de los pronunciamientos públicos del gobierno Duque y el reflejo de la debilidad de la Agencia Nacional de Tierras durante la actual administración.
La Agencia ha anunciado que ya alcanzó una de las tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz, con diferencias importantes con la administración Santos sobre cuántas de estas tierras se acumularon bajo el anterior gobierno. En todo caso, el problema principal es que las asignaciones que se han hecho hasta ahora para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente son minúsculas: 28.000 hectáreas desde la firma del Acuerdo.
Otras áreas de acción no muestran tampoco avances importantes. Uno de ellos son las vías terciarias, que debería convertirse en uno de los programas bandera para la reactivación de la economía. Otro es la reforma del sistema de transferencia de tecnología, dada la bajísima cantidad de campesinos que se benefician del sistema de extensión existente, según lo confirmó el censo agropecuario de 2014. Y vergonzosos son los anuncios de que el actual proyecto de presupuesto incluye fuertes recortes a los recursos de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.
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Vale la pena resaltar finalmente el persistente problema de cultivo de coca en las zonas rurales colombianas, la cadena productiva ilegal que une este negocio con la expansión del consumo interno de cocaína en los barrios populares, la minería ilegal de oro y el contrabando, todo asociado con la reproducción de la violencia. Si los programas de desarrollo rural no logran encontrar opciones económicas reales para los campesinos colombianos, la violencia continuará siendo un problema serio en las regiones correspondientes y seguirá golpeando a toda la sociedad.
La paz exige esfuerzos mucho más decididos y un liderazgo por encima de los partidos, que genere apoyo nacional y realice la necesaria asignación de recursos indispensables para el desarrollo rural. Los avances limitados indican que debe ser una de las prioridades del resto de la administración Duque.
Este texto es producto de una alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.