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El 4 de febrero de 2009, las Farc acusaron a 11 indígenas awá, entre ellos a dos mujeres embarazadas, de colaborar con el Ejército. Se los llevaron a la fuerza y los asesinaron con cuchillos y machetes. Al menos eso logró establecer la minga humanitaria que recuperó los cuerpos, sobre la suerte de ocho víctimas, las tres restantes siguen desaparecidas. En el resguardo Tortugaña Telembí, en Barbacoas (Nariño), imperó el silencio. Las familias se fueron desplazando mientras las Farc seguían matando indígenas de manera selectiva. En ese febrero fueron asesinadas 17 personas en total.
Desde entonces, cada año el pueblo awá recuerda a sus compañeros asesinados y desaparecidos y adelanta acciones para lograr la reparación de las familias. Este 2019, 10 años pues, lo hicieron el 28 de febrero, en un acto en el que presentaron un documental sobre la situación humanitaria del pueblo awá y reafirmaron sus exigencias de reparación.
Rider Pay Nastacuás, consejero mayor de la Unidad Nacional Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que en esta ocasión están centrados en la situación que han vivido las familias indígenas que no han podido retornar a su territorio porque no han sido reparadas. Son 850 las personas que siguen desplazadas.
La exigencia es la construcción de un plan de reparación. “Las familias indígenas no tienen tierra; las condiciones en las que viven son precarias: no tienen vivienda ni salud. Hemos hecho un conteo y después de este desplazamiento han nacido 130 niños fuera de su territorio”. Además, la situación de seguridad es grave. Según registros de la Unipa, entre 2016 y 2019, 26 líderes indígenas han sido asesinados y otros 64 están amenazados.
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En Tortugaña la situación no es distinta para los que se quedaron. “Estamos viendo que hay presencia de actores armados y esto significa que se puede repetir lo que ocurrió hace 10 años”, alerta el consejero. También resalta que no ha habido inversión en el territorio, no hay vías y algunos colegios ni siquiera han empezado sus clases por falta de contratación.
No hay reconciliación sin reparación
En 2014 las víctimas y autoridades indígenas lograron que la Fiscalía identificara y entregara 10 cuerpos que habían sido recuperados en una minga humanitaria organizada por el mismo pueblo. Sin embargo, explica Juan Edgardo Pay Nastacuás, coordinador de la zona ante la Unipa, cinco personas siguen desaparecidas y otras dos están en fosas. Diez años después, todavía no consiguen una verdad plena por parte del Estado ni reconocimiento o pedido de perdón por parte de las Farc.
Hace tres años empezaron una ruta de perdón con la extinta guerrilla y con el Alto comisionado para la paz, pero después de alcanzar algunos puntos de acuerdo, las víctimas no vieron voluntad de reparación y dijeron que sin eso no había perdón. “La comunidad dijo que todo ese daño dio pérdidas de sus viviendas, cultivos, animales y se necesitaba la voluntad para reparar individual y colectivamente”, dice Juan Edgardo Pay. “Ahora mismo no tenemos contacto ni con Farc ni con gobierno. Las voluntades del Alto comisionado son nulas. Queremos un perdón, pero no de lo que ellos (las Farc) quieren decir, porque son los victimarios, sino de lo que nosotros queremos. Queremos una verdad construida entre las partes y estamos dispuestos a llegar a esto”.
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El pueblo awá es uno de los 35 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. El abandono histórico en el que han vivido y las afectaciones del conflicto armado en sus territorios ha puesto en peligro su pervivencia. Por esto piden que se dé cumplimiento a los casi 300 acuerdos pactados en el marco del plan de salvaguarda étnico awá con el Auto 004-2009, Auto 174-2011, especialmente en la atención a las víctimas en condición de desplazamiento.
En Tortugaña no van a olvidar lo que sucedió, y por eso las autoridades indígenas han recolectado información y la entregado a la JEP en el marco del caso 002, sobre la ocurrido en Barbacoas, Tumaco y Ricaurte. La situación de estos municipios se priorizó por la magnitud del desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonales y otras violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH. Se conocen al menos 1.000 hechos que tienen como víctimas principalmente al pueblo awá y a los consejos comunitarios del departamento.
La lucha también es por conocer qué pasó, quiénes cometieron la masacre y por qué el Estado no los protegió, y por esto participarán en la Comisión de la Verdad. El coordinador de la zona Telembí lo resume así: “Las heridas continúan, pero no podemos vivir en el odio porque no permite avanzar”.