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Mujeres campesinas, indígenas, afros y rurales han visto cómo sus territorios se llenan de hombres armados. Unos insurgentes e ilegales, y otros que ostentan la fuerza del Estado. Son ellas quienes, además de las amenazas, desplazamientos y asesinatos, quedan más expuestas a las violencias sexuales. Tanto militares como guerrilleros y paramilitares las han puesto en la mitad de su confrontación y han usado sus cuerpos como botín de guerra.
En el caso de los militares, quienes son los primeros que están llamados a proteger a la población, no solo no han impedido que ocurran estos delitos, sino que también los han cometido. Así lo ha conocido el país en las últimas semanas con los casos de las niñas emberas y nukaks abusadas sexualmente por varios miembros del Ejército Nacional. Y como también lo señalaron las mujeres del pueblo arhuaco.
Este doble riesgo al que están expuestas las niñas y mujeres lo revelan tres informes que documentan 80 casos de violencia sexual cometidos contra 67 mujeres en Norte de Santander, Montes de María y Meta. No es el universo de casos de este fenómeno constante y presente, pero sí una muestra representativa de lo que han padecido niñas y mujeres. Los dos primeros son de la Corporación Humanas, y el último de la organización Sisma Mujer. Aunque la mayoría de los hechos fueron cometidos por grupos armados ilegales, la Fuerza Pública igualmente ha sido responsable de estos delitos.
(Lea también: Las arhuacas también vivieron violencia sexual por parte de militares)
Estos hechos dejaron heridas físicas y emocionales profundas en los cuerpos de las mujeres que, además, no recibieron reparación ni atención por parte del Estado. De hecho, la mayoría no acudió a la justicia por temor o amenazas de los agresores o por las falencias de instituciones que en muchos casos las juzgan y revictimizan.
En Norte de Santander reclaman justicia
Este jueves 2 de julio, la Corporación Humanas, con apoyo de la cooperación alemana GIZ Propaz, entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre 23 casos de violencia sexual que sufrieron 21 mujeres de Norte de Santander. Son pobres, en situaciones graves de exclusión que, además, sufrieron el desplazamiento forzado después de la violencia sexual. Este documento detalla las responsabilidades: 21 casos fueron cometidos por parte de la guerrilla de las Farc y dos por la Fuerza Pública (Ejército y Policía).
Adriana Benjumea, directora de Humanas, detalla que cuatro de los casos fueron cometidos cuando las víctimas tenían entre cinco y 13 años; en tres, tenían entre 14 y 17 años, y 11 de los casos están entre los 18 y 25. Solo cinco casos son edades posteriores. Son ellas quienes hoy piden justicia, que, en primer lugar, significa que lo que les pasó a ellas no le pase a ninguna otra mujer.
Benjumea agrega que “este informe refleja unos daños muy graves en la salud física, mental y sexual de las mujeres que fueron víctimas de estos delitos. Hubo mujeres que fueron contagiadas con enfermedades de transmisión sexual. Otras quedaron embarazadas producto de las violaciones. Mujeres a las que se les rompieron todas las posibilidades de tener vidas sexuales sanas, mujeres que no pudieron volver a tener hijos porque, producto de infecciones, tuvieron que extraerles la matriz”.
(Vea: Aborto forzado, otra forma de violencia sexual en el conflicto)
Para Benjumea es de especial preocupación que los militares también estén entre los victimarios. En el informe sobre los Montes de María, que entregaron en mayo a la JEP, lograron documentar que de 47 casos de violencia sexual, 10 fueron cometidos por militares. “Ha quedado claro que la Fuerza Pública comete delitos sexuales y han sido muy difíciles las investigaciones, porque a través de sus superiores esconden las pruebas, negocian con víctimas empobrecidas, exigen que no los denuncien, utilizan técnicas de corrupción, incluso desplazan a las familias bajo amenazas para que no se sepan los hechos”.
La Fiscalía ha archivado o precluido las investigaciones en los casos de la Fuerza Pública, por eso acudieron a la justicia transicional. El pedido de las mujeres es que la JEP trabaje en articulación con otras instituciones para que las víctimas tengan una reparación.
Humanas, además, pudo documentar 10 casos más de violencia sexual cometidos por la Fuerza Pública, pero que no entregan a la JEP porque no son de su competencia. Por ejemplo, encontraron un caso en el que un policía violó a su exnovia después de que habían acabado la relación. Este es competencia de la Fiscalía General de la Nación.
En Vistahermosa hablan por primera vez
El pasado 25 de junio, Sisma Mujer y la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem) entregaron al sistema de justicia transicional cuatro informes sobre violencia sexual y desaparición forzada cometida sobre las mujeres de Vistahermosa. En ese encuentro virtual, una de las integrantes de Asomudem les contó a los miembros de las tres entidades que muchas de sus compañeras nunca habían hablado sobre las violencias ejercidas en sus cuerpos. Era la primera vez que lo contaban frente a organismos estatales con el propósito de librarse de las culpas injustas que cargan y encontrar justicia sobre los responsables. En los informes se incluyen casos de acceso carnal violento, acto sexual violento, esclavitud sexual, prostitución forzada de menores y acceso carnal abusivo.
Documentaron 10 hechos que sufrieron siete mujeres: tres de ellas menores de edad y tres que vivieron esta violencia en dos ocasiones.
(Lea también: La lucha LGBT por la justicia)
Uno de estos casos fue el de Karen*. Mientras se encontraba en su finca con sus hijas llegaron varios hombres armados a pedirle un caballo prestado. Ante su negativa la agredieron sexualmente. Algunos años después de nuevo fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc, quienes llegaron en la noche a su finca y al ver que no estaba su esposo abusaron de ella. En ambas ocasiones los hombres le dijeron que eso se lo merecía por no colaborar con la guerrilla.
Ocho de los casos fueron cometidos por el frente 27 de las Farc cuando estuvo vigente en la zona de despeje en San Vicente del Caguán, entre 1999 y 2002. El caso cometido por paramilitares ocurrió en 2003 y el del Ejército fue contra una menor de edad en 2005. “Cuando la guerrilla tuvo control total del territorio la vida de estas mujeres cambió. Estuvieron expuestas a múltiples violaciones a los derechos humanos, como la violencia sexual y la desaparición forzada, pero además hubo amenazas, despojo y desplazamiento forzado. Estas mujeres nos decían que quedaron a la deriva, que por entonces no había ninguna institución que las protegiera ni les garantizara sus derechos”, afirma Karla Pérez, abogada de Sisma Mujer.
El control de los hombres armados sobre sus territorios y sus cuerpos causó en ellas el miedo de denunciar. Si lo hacían, se convertían en blanco de amenazas, incluso algunas tuvieron que irse desplazadas ante las intimidaciones. Tampoco tenían por parte de las instituciones las garantías para hacer las denuncias. “Se enfrentaron a obstáculos en el acceso a la justicia y a los prejuicios de funcionarios del Estado. Otras nunca denunciaron porque no tenían los recursos para ir a la Fiscalía o Personería en Villavicencio”, agrega Karla Pérez, abogada de Sisma Mujer.
Karla Pérez, abogada de Sisma Mujer, también resalta la importancia de presumir que hubo violencia sexual antes de la desaparición forzada de mujeres. En los testimonios encontró que varias fueron obligadas de desnudarse ante varios testigos.
“Estas violencias obedecen a la discriminación de género, porque eran mujeres que rompían con roles impuestos a nivel local o porque presumían que eran compañeras sentimentales de algún combatiente”, afirma Pérez. A pesar de todo esto, señala que estas mujeres han tramitado las secuelas a través del liderazgo social y compartiendo sus relatos.