Las escuelas, docentes y estudiantes también han sido grandes víctimas del conflicto armado en Colombia. Hay testimonios recogidos de bombas que cayeron sobre escuelas que nunca más fueron reconstruidas, así que la única oportunidad de educación para la niñez y juventud de estas zonas rurales y con poca presencia estatal se esfumó por completo.
Pero no solo han sido bombas. Diferentes actores armados, tanto legales como ilegales, han usado estos sitios como campamentos, para pernoctar o como sedes de entrenamiento. Por ejemplo, en Puerto Torres, zona rural de Belén de los Andaquíes (Caquetá), el Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia se instaló en el colegio a comienzos del 2000 y lo usó como sede de entrenamiento -a través de torturas y asesinatos- de los recién incorporados a sus filas. El lugar terminó siendo conocido por el nombre “escuela de la muerte”.
El portal Rutas del Conflicto, en su especial “Colegio de la guerra” documentó al menos 405 registros de ataques y acciones contra las escuelas entre 1990 y 2020. De estos, 156 fueron perpetrados por agentes estatales, 79 por guerrillas, 62 por paramilitares y en 42 casos no hay información.
Maestros y estudiantes se han visto afectados no solo por la falta de un sitio para enseñar y aprender, también asesinatos, desplazamiento o reclutamiento forzado. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) recogió más de 1.100 registros de docentes asesinados entre 1986 y 2016.
Esta organización y el Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), le entregaron el 14 de mayo a la Comisión de la Verdad los informes “La escuela, un territorio que resiste a la guerra” y “La escuela como sujeto colectivo en el conflicto armado y la paz”, respectivamente. El primero se centra en las afectaciones hacia maestros y maestras en zonas rurales desde la década de los 70 y el segundo en la documentación que hicieron profesores, directivos y estudiantes de seis escuelas del país sobre las afectaciones que les dejó la guerra.
Estas escuelas son la Institución Luis Giraldo en Agustín Codazzi (Cesar), la institución Emma Arnold y Promoción Social del Carmen de Bolívar (Bolívar); la Escuela Normal Superior de Montes de María en San Juan Nepomuceno (Bolívar), la Institución Villanueva y la Institución etnoeducativa San José de Uré, ambas de Córboba.
Vea más información sobre estas escuelas en: “La escuela tiene la palabra”
Juana Yunis Marulada. coordinadora nacional del proyecto Escuela de palabras de Educapaz y Jose Israel González, miembro de Fecode, hablaron con Colombia+20 sobre lo que documentaron en estos informes:
¿Cuáles son los principales hallazgos en estos informes?
Jose González: Hemos encontrado un componente de afrontamiento por parte de los maestros y comunidades educativas al impacto a la guerra y otro elemento que son los ataques directos a las escuelas. Destacamos las incursiones de parte actores armados al margen de la ley y también del Estado. Hubo escuelas bombardeadas, incendiadas o utilizadas por grupos armados para torturas, como en Bahía Portete después de la masacre en abril de 2004, cuando llevaron a la escuela a una lideresa para asesinarla. O han sido usadas para acampar y para entrenamientos militares.
63% de los ataques se que han hecho contra la libertad e integridad física de docentes son homicidios. En Sucre recogimos el caso de un maestro que estaba haciendo su clase con estudiantes de 8 años, un hombre lo llamó, él respondió al llamado y le dispararon. Él cayó frente a todos los niños, que nunca tuvieron ningún tipo de ayuda psicosocial.
Otro de los hallazgos es el reclutamiento forzado, el Centro Nacional de Memoria Histórica registra cerca de 18.000 casos durante los últimos 60 años. Los actores armados llegan a la escuela a persuadir a los estudiantes y el maestro o maestra queda en medio porque son los que tratan de defender al niño o niña. El currículo también ha sido muy afectado y los procesos escolares se han interrumpido.
Juana Yunis: Vimos un impacto a la composición misma de la población estudiantil de los colegios. Por ejemplo, cuando ocurre un hecho de desplazamiento forzado se altera completamente la matrícula escolar, las escuelas rurales usualmente perdieron completamente sus matrículas, mientras las escuelas urbanas quedaron desbordadas.
Otra cosa es que el conflicto tiene un altísimo impacto en la salud mental de las comunidades y se crea un estigma escolar. Nos decían los jóvenes que llevan años y años viviendo en medio del miedo, con duelos que no han podido hacer y no reciben el acompañamiento psicosocial necesario. Vivir en contextos afectados por la guerra cambia la manera en la que chicos y chicas hablan, en la que juegan y en lo que sueñan para sus vidas. Desafortunadamente vimos una normalización de la guerra en algunos casos y una desesperanza aprendida.
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¿Qué significan las escuelas en territorios abandonados por el Estado y muy afectados por la guerra? ¿Por qué han sido tan afectadas?
Juana Yunis: Han sido afectadas por estar ubicadas en corredores estratégicos para los actores armados, como el sur de Córdoba que limita con Antioquia, los Montes de María o las escuelas ubicadas en la zona rural del Cesar. En estos territorios la escuela ha jugado un papel importantísimo no solamente porque ha sido la única institución del Estado que ha estado allí, sino porque representa para mucha gente un refugio y esperanza.
Jose González: La escuela en las veredas son el lugar de encuentro para el bazar, para las misas, para la recreación. Y muchos maestros tuvieron que sobrellevar la situación cuando los grupos armados se enfrentaban con las fuerzas militares. Los ataques se dan porque precisamente el maestro no se ha quedado solo en transmitir el conocimiento, sino que ha ido más allá, puede ser un líder social, es un sujeto que está al servicio de la comunidad y eso no les gusta mucho a las organizaciones al margen de la ley.
¿De qué manera ha afectado en los niños y niñas la presencia de hombres armados en sus territorios, los ataques a sus escuelas y el asesinato de sus maestros?
JY: Tuvimos testimonios muy duros en San José de Uré de cómo los actores se tomaban de manera muy agresiva una sede. Un profesor nos contó que un día había 200 hombres rodeando la escuela y los niños adentro estaban totalmente atemorizados, orinándose, en shock. En el Carmen de Bolívar también hay relatos de niños que vieron muertes todos los días o conocieron del asesinato de los vigilantes de sus escuelas. Muchos jóvenes desertan de la escuela porque no les parece que tenga sentido estudiar por lo difícil que es acceder a la educación superior o a un empleo y por el contrario ven el enriquecimiento fácil que logran si se vinculan a los grupos o a las economías ilícitas.
JG: En la salud mental y en la parte emocional. Ha provocado un fenómeno al que vale la pena ponerle atención que es la deserción escolar, por desplazamiento, porque pueden reclutados o porque viven una serie de intimidaciones. Instauran no solo el miedo sino desesperanza, estrés y deserción.
Por otro lado, está el temor que se instaura en la comunidad y los maestros. Es muy difícil que otro maestro se vaya a trabajar a una vereda donde asesinaron a su antecesor.
¿Cómo han sido cooptados los procesos educativos en las escuelas que documentaron?
JG: Lo que registran los testimonios de los profesores es que la presencia de los grupos armados, además del reclutamiento forzado, afectó los currículos. Hay casos donde los actores decían que determinado asunto no se podía seguir enseñando. También vimos la pérdida de proyectos y experiencias pedagógicas o hasta el daño completo y el abandono total de la escuela.
JY: Lo vimos especialmente en el caso del Liceo Villanueva, fundada por los hermanos Castaño que existió hasta 2011. Pero aquí es importante entender también que hay comunidades que han coexistido con el actor armado en el territorio, que han construido relaciones complejas, que hay casos donde el actor armado no es percibido como el malo sino como el benefactor.
¿Ha habido esfuerzos estatales para restaurar esas escuelas destruidas?
JG: Ha sido poco el interés del Estado colombiano y los gobiernos de turno por garantizar la continuidad de los procesos educativos en zonas afectadas por la guerra. Las problemáticas de salud mental van a ser mayores y cómo podremos llegar a tener una paz que nos permita convivir si esas problemáticas aún no se han tramitado. Debería haber en estos lugares equipos de profesionales de salud mental para atender y tramitar las afectaciones psicosociales no solo de los estudiantes, sino de las comunidades y maestros. También falta una política pública más fuerte para que los y las jóvenes accedan a la universidad y no se dejen motivar por las ofertas de los actores armados.
JY: En el caso de Villanueva, el corregimiento fue declarado por la Unidad de Víctimas como sujetos colectivos. Sí ha habido un escenario institucional para las medidas de reparación. En Villanueva, además, la mayor parte de los padres son desmovilizados y hay una atención bastante fuerte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), hay interés de la cooperación internacional y diversas ONG. En otras escuelas, como las de Montes de María, todavía continúa una dinámica de estigmatización muy fuerte.
¿Qué papel juegan las escuelas en este escenarios de posacuerdo en Colombia?
JG: Lo que Fecode le ha propuesto al Ministerio de Educación es que las escuelas sean territorios de paz porque se crearon para la formación ciudadana, en valores y para que la niñez también se acerque a la vivencia de los derechos humanos. La escuela es el motor y la esperanza para el desarrollo del país.
JY: Hoy día es desde las escuelas donde se está liderando una apuesta para que las comunidades puedan hablar, para hacer memoria y buscar la verdad de la guerra. En San José de Uré, por ejemplo, nunca se había podido hacer un homenaje público a las víctimas. Desde la escuela se hizo esa conmemoración. Allí la etnoeducación también es la gran apuesta por la construcción de paz.
En las ruralidad, las escuelas son los escenarios para procesos de reparación colectiva, para el trabajo entre desmovilizados y excombatientes e incluso para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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¿Cómo debe ser la educación en zonas muy golpeadas por la violencia? ¿Cuáles serían estrategias diferenciales para estos territorios?
Juana Yunis: Las recomendaciones que planteamos y esperamos que sean tenidas en cuenta por la Comisión de la Verdad y que se posicionen en la agenda pública es que primero, se tome en serio la necesidad de fortalecer la educación rural y en la zonas más afectadas por el conflicto. Nos preocupa que la política educativa colombiana es muy tímida con el tema de la educación para la paz, hay algunos referentes, pero en el discurso de calidad educativa que se maneja en este país no estamos priorizando la educación ciudadana, socioemocional, la educación para la reconciliación.
Es muy importante también avanzar en procesos educativos con mayor enfoque territorial, con mayores perspectivas interculturales. También avanzar con una pedagogía y compromisos más fuertes con la Fuerza Pública en términos de protección a las escuelas en el marco del Derecho Internacional Humanitario y acompañar psicosocialmente a comunidades escolares altamente traumatizadas.