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Pocas veces en Arauca, líderes y lideresas sociales, empresarios, funcionarios del Estado, periodistas, Fuerza Pública, entre otros actores de la sociedad, se reúnen para dialogar sobre las principales causas del asesinato de defensores de derechos humanos. Sin embargo, este jueves en Arauca, en un evento de la Comisión de la Verdad, lo hicieron y coincidieron en varios factores que, según ellos, hacen que el fenómeno continúe en Colombia: la estigmatización, la ausencia del Estado, el enfrentamiento de distintos modelos económicos, la violencia política y la proliferación de los grupos armados.
Para empezar, el comisionado Saúl Franco explicó que, de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año hay un asesinato cada dos días de líderes o lideresas sociales en el departamento. Pero ¿por qué es un fenómeno sistemático? ¿Quiénes se están beneficiando con esta violencia? Las preguntas son complejas, según Franco, pero sirven para entender las causas profundas de este fenómeno y contribuir a soluciones para no seguir cometiendo los mismos errores de una guerra de cincuenta años.
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Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, reconoció que el primer paso es enfrentar una realidad ineludible: el Estado no resuelve conflictos y, la mayoría de las veces, le preocupan más los intereses económicos por encima de la sociedad civil. Ni siquiera ha estado presente. Como consecuencia de ello, los más afectados son los líderes y lideresas, cuya labor es velar por los derechos de la comunidad. Puso un ejemplo de Arauca: “¿Por qué el Estado no defiende la tenencia de la tierra? ¿por qué la asimetría? Un líder social es el que defiende la tierra para que no sea utilizado para actividades petroleras y sale afectado. Pero nunca hablamos de eso”.
Por otro lado, la lideresa Aidee Castillo expresa su preocupación por la profunda estigmatización que hay en contra de los defensores de las comunidades desde hace tres décadas. Como Arauca ha sido una región con una alta presencia de grupos armados, sobre todo guerrilleros, tanto el Estado como el resto del país han tildado a los habitantes de este territorio de pertenecer a un grupo subversivo. Las regiones de Arauca y Catatumbo, en Norte de Santander, han vivido las peores consecuencias pensar o tener una inclinación política distinta.
Esa violencia, cree el periodista Hassan Nasar de la FM radio, se debe a la polarización que Colombia no ha podido superar y que se incrementa en épocas electorales: “No hemos entendido que este no es un país de guerrilleros o de paramilitares, sino de colombianos”. Asegura que hay un sector político que vive de estas divisiones, pues les ayudan a posicionar su control territorial y alcanzar sus aspiraciones. “No hay que desconocer que detrás de las denuncias de los líderes sociales hay corrupción de clases políticas que, detrás de clanes, ha dominado departamentos y no quiere entregar ese control político en elecciones limpias”, agrega Nasar.
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El sacerdote Deisson Mariño, defensor del pueblo, abre más el espectro. Añade que quienes más se benefician de esos homicidios son quienes les conviene que en Colombia haya comunidades huérfanas y recuerda que “en río revuelto hay ganancia de pescadores”. En ese sentido, los grupos armados ilegales, que en este departamento han sustituido la labor del Estado, podrían tener responsabilidad con estos hechos, pues significa mayor poder en el territorio. Por eso cuestiona al Eln si han tenido o no relación con el fenómeno de la violencia contra los líderes y lideresas e invita a este grupo y al Estado a dialogar para una paz completa.
Juan Carlos Quintero, presidente de Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explica que los grupos armados sacan provecho de estos asesinatos, pues así pueden controlar el territorio a sus anchas porque no hay alguien que los incomode para sus rentas ilícitas. Cuando se asesina un líder, se calla una voz de denuncia, de reclamo, pero también el esfuerzo de comunidades que quieren buscar alternativas distintas a la guerra y, en el caso del Catatumbo, a los cultivos de coca.
En la discusión también se mencionaron a las transnacionales petroleras. Luis Carlos Mejía, líder de la Fundación Joel, advierte que a estas empresas no les interesa que los líderes exijan vidas dignas para los pobladores. Por eso, señala, es necesario que el Estado haga valer los derechos de los ciudadanos y no llegue a los territorios sólo con la militarización, sino con instituciones sólidas, capaces de exigir mejores condiciones a quienes extraen sus recursos, u con un modelo económico acorde con una sociedad más agraria y preocupada por el medio ambiente.
Con un Estado presente y garantista de derechos básicos, como la salud, la educación, la participación dentro de la democracia e incluso la vida, manifiesta Nelson Quintero, integrante del Partido Farc, habría una salida no sólo para disminuir la violencia contra los líderes y lideresas, sino también para acabar con el conflicto armado. Dice que ninguno de los excombatientes hubiera ido a las filas de una guerrilla si hubieran tenido más opciones para una vida digna y sufriera menos arbitrariedades en contra de quienes piensan diferente.
(Vea: En Arauca han asesinado 4 líderes sociales anualmente en los últimos 32 años)
Finalmente, Carlos Caycedo, consejero adjunto para la Estabilización y la Consolidación Estado, reconoció las falencias, pero hizo un llamado a la ciudadanía, sobre todo a los excombatientes de las Farc, quienes también han sido asesinados, a seguir contribuyendo con la consolidación de la paz: "La implementación es un proceso largo. Cambiar una guerra de 50 años no se cambian en dos. Vamos avanzando. El Estado comprometido con las personas que decidieron entrar a la ruta de reincorporación y cumplirá". Y aclaró que no tiene sentido que se asegure que el Estado se beneficia con la violencia, porque sus funcionarios son conscientes de que sin estos liderazgos es imposible de la democracia o la transición hacia la paz.