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Veinticuatro años es casi la mitad del tiempo que duró el conflicto armado colombiano por el que se hizo un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Veinticuatro fueron los años que Estebana Rojas Montoya estuvo callada. Solo abría la boca para sollozar, mientras le seguían saliendo lágrimas. Más de dos décadas en las que no pudo contar que cuatro hombres armados, paramilitares, abusaron sexualmente de ella en 1990, en Apartadó (Antioquia). Y no pudo hablar porque le dijeron que si lo hacía se quedaría sin sus hijos y sin su madre.
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Ella es una mujer negra, últimamente usa un afro pequeño porque se cansó de alisarse el pelo y de usar trenzas. Tiene un acento que va entre la costa caribe y la pacífica, porque se crió en Acandí, y ya es capaz de hablar de lo que le hicieron y de no llorar mientras lo hace. Para llegar a este punto ha tenido que recorrer un camino de silencio y cinco años de conversación en torno a la violencia sexual. Lo ha hecho en compañía de otras mujeres, porque las instituciones del Estado son fantasmas. Rojas es una de las coordinadoras de la Red Mujeres Víctimas y Profesionales en Bolívar. Un trabajo que hace junto a Orlidis Vergara Padilla, otra sobreviviente de la guerra.
Estebana Rojas vivió también los combates, el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos, pero el hecho que más la marcó fue la violación. Ella, como muchas víctimas de este crimen, sintió culpa, se preguntó qué había hecho mal, por qué esos tipos se habían fijado en ella y hasta dejó de usar vestidos. Si hubiera hablado, nadie le hubiera creído, piensa. La hubieran juzgado y hubiera pasado lo que efectivamente pasó cuando por fin, en 2014, habló: tuvo que contar su historia al portero de la Fiscalía, a la recepcionista y así, hasta por fin llegar a donde el funcionario que recibió su declaración. Es decir, revivir el dolor una y otra vez, sin ningún tratamiento especial que lo contuviera.
Esa es una de las poderosas razones por las que la Comisión de la Verdad decidió empezar los actos de reconocimiento de la violencia sexual cometida en el conflicto armado: dignificar a las mujeres y a la población LGBTI que sufrió en sus cuerpos las consecuencias de una guerra que no peleaban y que dejó más de 27.000 víctimas de este delito. Buscan decirles que les creen, que sus testimonios son valiosos, que serán investigados y consignados en el informe final que entregarán en 2021. El encuentro se realiza hoy en Cartagena y lo seguirá un acto cultural y de interacción con la ciudadanía, en pleno centro de la ciudad.
Alejandra Miller, comisionada de la Verdad y encargada de la línea de género, dice que, además, se trata de desnaturalizar estos delitos, es decir, lograr que la sociedad reconozca que sucedieron y que hicieron mucho daño. “La violencia sexual ha sido naturalizada por la cultura patriarcal y por los mismos perpetradores. Para un responsable es más fácil aceptar mil homicidios que una violación, entre otras cosas porque no piensan que sea una violación. Piensan que hacía parte de su derecho como hombre. Eso genera un daño profundo para las víctimas y la sociedad en general, así que reconocer que es un crimen nos ayuda a desnaturalizar esas violencias sexuales”.
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Miller dice violencias sexuales, en plural, porque son varias. Se reconocen las violaciones sexuales, pero hubo muchos tipos de abuso: desnudez forzada, tocamiento, empalamiento, enamoramiento y correos humanos forzados, entre otras, que necesitan ser develadas.
Solo en Bolívar, según el Registro Único de Víctimas, hay 1.827 víctimas de violencias sexuales entre 1985 y 2019. Y esas son apenas las que han sido denunciadas. Otras mujeres y personas LGBTI siguen callando. Orlidis Vergara Padilla fue una de las que callaron durante muchos años, porque no entendía que eso era importante decirlo y porque nadie nunca se lo dijo ni se lo preguntó.
Vergara nació en Santo Domingo de Mesa, un corregimiento de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, y de allá fue desplazada por paramilitares, con toda su familia, en 1993, cuando tenía solo cinco años. No tiene recuerdos muy claros del camino, solo pañuelitos blancos colgando de sus manos para que todos los armados supieran que eran civiles. Pero su recuerdo más doloroso sucedió cuando tenía 16 años y un solo sueño: graduarse de bachiller. Para entonces llevaban una década de vivir en Cartagena, o mejor, intentando sobrevivir en la ciudad después de que se habían dedicado a la tierra y al tejido de esteras. No había dinero para pagar los derechos de su grado.
El hermano de Vergara trabajaba en una finca en el corregimiento Palo Alto, de San Onofre (Sucre), y le propuso que se fuera con él el día del pago para que recibiera la plata y se devolviera a Cartagena a hacer los trámites del colegio. Ese día ingresó a la finca un grupo de paramilitares. Separaron a los hombres de las mujeres y uno de ellos, apodado Memín, empezó a “seducirla”, que no era más que amenazarla, porque estaba armado. Orlidis Vergara estuvo alrededor de ocho días encerrada, siendo abusada sexualmente y sin la certeza de que habían liberado a su hermano a cambio de que ella se quedara. Solo fue capaz de denunciar en 2015, después de conocer a Estebana Rojas.
“Al principio, cuando ocurrió el desplazamiento forzado, yo pensaba que el tema de la violencia sexual era insignificante y no era algo que yo debía declarar o denunciar. La plataforma del Gobierno está montada para preguntar: ¿Usted qué dejó en su pueblo? ¿Qué perdió? Hasta decirte si fue que te mataron a algún familiar, pero nunca para preguntar: ¿Te hicieron algún daño integralmente? ¿En tu cuerpo? ¿Te abusaron? ¿Te tocaron? Entonces yo decía: eso no es importante decirlo”, narra Vergara.
Pero sí es importante y por eso hoy ellas están hablando. Es necesario entender por qué los armados violentaron sexualmente a las mujeres, qué buscaban con eso. ¿Infundir terror? ¿Desplazar poblaciones? ¿Vengarse de los esposos de ellas? ¿Obtener información de los contrarios?
La comisionada Miller dice que han ido encontrando varios patrones en el accionar de los grupos armados, legales e ilegales, contra las mujeres: “En el Putumayo encontramos, por ejemplo, mujeres que contaban cómo en los retenes militares las paraban cuando venían en los buses y so pena de revisarlas para mirar si tenían drogas, les hacían tocamientos indebidos de sus senos y de sus vaginas. También lo hay en el enamoramiento, en la utilización del cuerpo sobre todo de las mujeres jóvenes y niñas para sacar información de los enemigos. En Toribío nos encontramos que las Farc utilizaban a las niñas para que les sacaran información a los policías. Y al contrario también pasaba. Al final había un grupo numeroso de amenazadas por esto. Decirles a las mujeres cómo tenían que vestirse también es otra forma de violencia sexual. Los abortos forzados, que sabemos que se dieron intrafilas, son otra manera. La desnudez forzada. Muchas mujeres fueron detenidas en el estatuto de seguridad, en los años 70, y una de las estrategias era desnudarlas frente a los soldados que las detenían. Y así sucesivamente”.
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Por eso dice con razón Marina Gallego, directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres: “El país debe reconocer que esto sucedió en el conflicto armado, pero que sucede todos los días en el lugar más seguro de las mujeres, niños y niñas, que son las casas”. Una reflexión que necesita medidas efectivas de atención para que dejemos de naturalizar tanta infamia.
En este primer Encuentro por la Verdad, dedicado a la dignidad de las víctimas de violencias sexuales, habrá testimonios que hablarán también de las particularidades del delito y sus afectaciones. Hablarán mujeres de diferentes lugares, desde el Putumayo hasta La Guajira. Serán indígenas, afrodescendientes, campesinas, adultas, urbanas, mujeres lesbianas, mujeres y hombres trans, hombres gais y víctimas de diferentes tipos de violencias sexuales. Estarán ahí los y las comisionadas de la Verdad, así como algunos excombatientes que solo escucharán.
También asistirán las expertas Mara Viveros y Elisabeth Wood y representantes de instituciones responsables de estos temas. Será transmitido en vivo por internet, porque las mujeres y la población LGBTI víctimas de violencia sexual piden una justicia que les crea, una sociedad que sea solidaria con ellas y una historia que cuente cómo resistieron.