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En el acta de la Asamblea General de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) del 29 de junio de 1989 se lee el informe presentado por quien en ese momento era el presidente de la colectividad, Josué Vargas Mateus. En la transcripción de su discurso está, en mayúsculas, una frase. “HEMOS ROTO LA CRIMINAL LEY DEL SILENCIO”. Vargas se refería a dos cosas. La primera, el día en el que los campesinos de esta región de Santander se organizaron, se reunieron y citaron a la guerrilla de las Farc que se movía en su territorio. Fue el 21 de mayo de 1987. Esa fue la primera de muchas reuniones que vinieron luego, no solo con las Farc, sino también con el Ejército y con los paramilitares. Así llegaron al segundo tema que mencionaba el presidente de la ATCC, el silencio. Con esas reuniones, de las que salieron acuerdos, rompieron el silencio que todos llevaban a cuestas desde que estos actores iniciaron una guerra en la tranquilidad de sus tierras.
Consulte aquí el archivo de la Asociación de Trababjadores del Carare
La presencia de las armas comienza en 1966, cuando las Farc llegaron a la región para atrincherarse. Para entonces, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica El orden desarmado: la resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, las Farc tenían cierta aceptación entre las comunidades, pues básicamente eran el Estado: “Cuentan los campesinos que en estas áreas la primera ley que se conoció fue la de la guerrilla, la cual consistía en el castigo con la pena capital para los que incurrieran en los delitos de robo, violación sexual o el consumo de marihuana asociado a la ejecución de estas faltas. Por supuesto que entre los delitos castigados se encontraban las conductas de deslealtad a la guerrilla (informar a las autoridades de sus actividades o de su ubicación; servir de guías)”.
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Por esto, el comienzo del conflicto real se ubica a mitad de la década de los 70, cuando el Batallón Rafael Uribe entró a fortalecer la presencia militar en la zona. En ese momento los campesinos quedaron en la mitad: un Ejército que los acusaba de ser guerrilleros y una guerrilla que empezaría a juzgarlos por ser desleales a sus imposiciones. Y la cosa se puso peor cuando apareció un tercer lado de las armas: los paramilitares que, lo dice también el CNMH y lo decían los campesinos en ese entonces, estaban aliados con el Ejército.
“Nosotros no aceptamos condiciones de nadie”
En 1987 los campesinos del Carare tenían cuatro opciones: unirse al Ejército, irse con la guerrilla, salir de la región o morirse. Pero escogieron una quinta, una que no les estaban dando: mantenerse al margen de la guerra. En el libro Por el derecho a la vida, escrito por los miembros de la ATCC, se narra el horror de tener que escoger un bando cuando no se tenían velas en el entierro, pero sí estaba todo en juego. “Unos estaban para irse, otros esperaban que los mataran… y así todos”, escribieron. Y entonces tomaron la decisión, se reunieron unos doce campesinos, analizaron la situación, escribieron una carta pidiendo diálogo y se la enviaron a las Farc.
Tres días después, el 21 de mayo de 1987, fue la primera reunión con la guerrilla. Cincuenta campesinos desarmados, la mayoría poco convencidos, se enfrentaron al poder que dan las armas y que exigían obediencia. Entonces Josué Vargas, dicen estas memorias, se levantó y dijo: “No. Nosotros no venimos a que nos pongan condiciones. Venimos a poner las nuestras. Hasta aquí llegaron ustedes. Nosotros no aceptamos condiciones de nadie”.
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Y, en efecto, pusieron sus condiciones sobre la mesa: no más asesinatos a campesinos, no más servicios a la guerrilla (ni comida ni transporte ni favores de ningún tipo), no más órdenes, condiciones, reuniones políticas ni visitas a las casas campesinas. Nada más, “¡cojan oficio!”, dijeron. La guerrilla aceptó el acuerdo el 11 de junio, cuando hubo una segunda reunión a la que asistieron más de 2.000 campesinos, periodistas y autoridades locales, y de la que el Ejército tenía conocimiento.
Acuerdos con el Estado y el paraestado
El 5 de julio ya fueron 5.000 los campesinos que se reunieron con el Ejército. Ese día querían decirles que habían atentado contra ellos, que dejen de señalarlos, que ellos querían mantenerse al margen. A esa reunión, según el informe presentado por Vargas en 1989, también asistieron paramilitares, aunque no participaron, es decir, no tomaron vocería.
Y así también ocurrió el 16 de agosto, cuando la reunión fue todavía más grande. En esa participó el gobernador de Santander, el consejero presidencial, miembros del Ejército y, una vez más, paramilitares que no musitaron palabra. Pero los acuerdos se hicieron, los campesinos debían quedar por fuera de la confrontación. Y con esa promesa empezó a cambiar el panorama. Apenas dos meses después retornaron al Carare varias familias que habían salido desplazadas.
Estos documentos los guardaron celosamente en la ATCC, porque son los que dan cuenta de la posición que tomaron en la guerra. Son los que sustentan la neutralidad que quisieron mantener. Por eso, y para resguardarlos del polvo, el comején y el olvido, decidieron entregar una copia digital a la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esto ocurrió en el marco del Pacto por la memoria, del cual El Espectador y Colombia2020 hacen parte con la estrategia Archivos para la memoria.
La estigmatización no paró
A pesar de que los esfuerzos estaban funcionando, la paz no llegó después de los diálogos. La recién conformada ATCC (el 24 de julio de 1987 obtuvo su personería jurídica) ya estaba trabajando por la tierra campesina, hacía gestiones para el trabajo en el campo y seguía organizada en torno a su neutralidad y su anhelo de paz, pero seguía firme el estigma que el Ejército, aliado con los paramilitares, había puesto sobre ellos.
En 1990 la periodista Silvia Duzán estaba rodando un documental para el Canal 4 de Londres con los líderes de la ATCC: Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas. Se encontraban juntos el 26 de febrero de 1990 en el restaurante y bar La Tata en Cimitarra, cuando dos paramilitares aparecieron y los acribillaron. Huyeron tranquilamente, pasaron frente al Batallón Rafael Reyes y desaparecieron.
Después de eso vino el miedo, el desplazamiento de las familias de los líderes y el despojo. Pero el trabajo de la Asociación fue tal que ese mismo año ganaron el premio The right livelihood award o Premio Nobel Alternativo de Paz.
Ese 1990 ocurrió la supuesta desmovilización paramilitar orquestada por Fidel Castaño, que planteaba una reforma rural y que tuvo especial incidencia en Córdoba y Urabá. En el Carare, como un Puerto Boyacá, hubo una negativa a esta propuesta. La ATCC, entonces, se planteó nuevamente acordar con los paras. Lo hicieron, se reunieron en Puerto Boyacá y pactaron que “nadie estaba obligado a dar albergue a los paramilitares o a darle comida a los mismos –porque según lo afirmó Henry Pérez–, todo “patrullero llevaba su casa al hombro”; todo acto de violencia debía de ser comunicado al “coronel de turno de Cimitarra o con el mismo comandante que vaya patrullando la zona”; “no más muertes de campesinos…amparadas en supuestos comentarios de terceros o intereses de venganzas personales ”; el compromiso de la ATCC de “velar por la no participación de los campesinos dentro de ningún grupo armado”; y el propósito de “realizar periódicos diálogos entre la ATCC y los paramilitares””, consigna el informe El orden desarmado.
Además, ocurrió la confesión: “Henry Pérez, quien manifestó a los asistentes que si los diálogos se hubieran realizado antes, “Josué Vargas estaría vivo””.
Así se mantuvo la asociación, a pesar de que varios de sus miembros fueron asesinados, desplazados y, en general, victimizados por los grupos armados legales e ilegales. De hecho, hasta el 2002 hay actas que constan que sostuvieron reuniones con las Autodefensas Unidas de Colombia, conformadas en 1997, y con el Ejército. Para entonces seguían estando en la mitad de la confrontación, ya con la doctrina de la Seguridad Democrática y con el estigma más vivo que nunca.
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Y resistieron, siguieron resistiendo solos hasta que, en 2006 formularon el Plan de Reparación Colectiva de la ATCC, amparados en la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, solo en el 2008 hubo algún interés por parte del Gobierno. Luego, con la conformación de la Unidad para las Víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011, fue reconocida como sujeto de reparación colectiva.
La organización de los campesinos de esta región y su posición de mantenerse alejados de la guerra permitió que, todavía en 2011, hubiera algo por reparar, un reconocimiento nacional de que en la región del Carare hubo una victimización contra la población civil de parte de todos los actores armados, una estigmatización particular contra la ATCC y una alianza entre el Estado y el paramilitarismo. Los pactos que firmaron los campesinos del Carare les permitieron sobrevivir a la guerra y aportar su historia para la memoria del conflicto.