Los militares buscan la verdad de sus víctimas

El general Javier Ayala Amaya ha documentado los hechos que han afectado a militares, policías y sus familias durante el conflicto. Sus informes han llegado a la JEP y a la Comisión de la Verdad.

Gloria Castrillón / @glocastri
23 de diciembre de 2018 - 11:00 a. m.
El 27 agosto de 2018, el general Ayala y el alto mando le entregaron el informe “Génesis” a la Comisión de la Verdad. / Cortesía
El 27 agosto de 2018, el general Ayala y el alto mando le entregaron el informe “Génesis” a la Comisión de la Verdad. / Cortesía
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Aun antes de firmarse el Acuerdo Final entre el Estado y las Farc, las Fuerzas Militares empezaron a prepararse para la transición. El 20 de agosto de 2014 se creó en el Ejército el Comando Estratégico de Transición (COET), que se transformaría después en un Comando Conjunto (CCOET) que agrupa a las tres fuerzas: Armada, Ejército y Fuerza Aérea. Se dio inicio así a un proceso de construcción de memoria histórica y de contexto recogiendo información en las regiones, así como de preparación para que los militares participaran en las nuevas entidades creadas por el Acuerdo para implementar la justicia transicional.

Parte de ese trabajo ha estado en cabeza del general Javier Ayala Amaya, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército, que es el órgano asesor en temas como la justicia transicional. Es un abogado valluno con dos doctorados en derecho, con énfasis en derechos humanos y DIH (tesis laureadas) y dos maestrías, en Seguridad y Defensa Nacional. Él ha estado al frente de la elaboración de los informes que las Fuerzas Militares han presentado a la JEP y a la Comisión de la Verdad.

Ayala insiste en resaltar ese proceso de transformación de la institución militar que ya tiene una estructura con más de 100 personas que trabajan para aportarle al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Existe ya un “espejo” para cada entidad: uno frente a la Comisión de la Verdad, uno frente a la JEP, otro frente a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y uno más trabajando en mecanismos de reparación integral y de no repetición. Pero además de revisar el pasado, el general Ayala recalca que las fuerzas militares están proyectando el futuro. “Estamos pensando en el Ejército de 2040 y tenemos organizado el de 2030”.

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¿Por qué ahora los militares y policías se consideran víctimas del conflicto armado?

El concepto de víctima no puede estar por fuera de la órbita del ser militar o policial. Somos servidores públicos del Estado, somos ciudadanos, sujetos de derechos humanos y en medio de las asimetrías del conflicto que ha padecido Colombia, algunos de los soldados y policías fueron víctimas de actos degradantes contra su dignidad y contra su vida, fueron objeto de tortura, de secuestro, del uso indiscriminado de armas no convencionales, incluso mientras estaban en vacaciones o gozaban de permisos.

Ese concepto es nuevo. ¿Nació con ocasión del proceso de paz?

Cuando juramos ante la bandera defender a la patria con nuestra propia vida, nos enfrentamos a circunstancias en las cuales se puede perder la vida o quedar lisiado, y para eso el Estado, en derecho administrativo, tiene un sistema para indemnizar y generar beneficios institucionales a futuro para las familias o los hijos que sobrevivan. Pero también tenemos que mostrarle al mundo cuál fue la verdad y que muchos de nuestros miembros fueron víctimas de atrocidades perpetradas por las Farc.

¿Y el reconocimiento de las víctimas que ustedes pudieron causar?

El soldado y el policía han sido actores del conflicto desde la ley, él más que nadie, como servidor público, tiene el compromiso de decir la verdad de lo que ocurrió y por qué ocurrió, debe defender estándares de democracia. El que haya desbordado ese principio de legalidad tiene que estar en la justicia penal militar o en la jurisdicción ordinaria, y si sus actos fueron relacionados con el conflicto armado, tendrá que buscar en la justicia transicional cómo responder en forma individual por esos hechos.

Los militares aceptaron el sistema de justicia transicional y se acogieron a él mientras otros sectores políticos lo siguen atacando. Es contradictorio.

El señor presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y el mando institucional tienen el compromiso de cumplir con el sistema, que es producto del Acuerdo de Paz y tiene un ordenamiento de rango constitucional. Eso nos genera un compromiso institucional, y aspiramos a que esa sea una justicia restaurativa que no genere impunidad. Queremos que en 20 años podamos mirar hacia atrás y decir que el sistema funcionó, permitiendo verdad, justicia, reparación integral y mecanismos de no repetición. Nosotros no deliberamos, cumplimos el principio de legalidad.

¿Cómo actúan ustedes frente al sistema de justicia transicional?

En el comando de las Fuerzas Militares y desde el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), cuyo comandante es el general Luis Felipe Montoya, se coordinan los comités de presentación voluntaria de las personas que van a la JEP y se emiten las líneas políticas para cumplir lo que la Constitución ordena. Tenemos una relación directa e institucional con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y se da respaldo a los mecanismos de reparación integral y no repetición. Es lo mismo que hemos hecho con los sistemas de la justicia ordinaria.

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¿Cómo hicieron los informes de victimización que presentaron ante la JEP?

Es un trabajo esencialmente de Ejército. Registramos más de 208.000 hechos victimizantes. Ha sido un trabajo en equipo con las organizaciones de víctimas de militares y policías. Esta es una entrega parcial, un primer avance para hacer eco de las víctimas que, en este nuevo marco, exigen reparación integral, verdad y justicia.

¿Con cuántas y cuáles organizaciones de víctimas trabajaron?

Estamos hablando de 11 organizaciones de víctimas de todo el país. Quienes lideran este tema son aquellos que han sufrido en carne propia las atrocidades de las Farc y quienes padecieron la ausencia de sus seres queridos. Las mujeres son las líderes. Se organizaron para reclamar que los reconozcan como héroes, y que no quede muda la memoria. Son cerca de 117 desaparecidos, y muchas de esas familias sufrieron por sus esposos secuestrados.

¿Qué es “Génesis”, ese voluminoso informe que entregaron a la Comisión de la Verdad y a la JEP?

Es el primer informe parcial liderado por las Fuerzas Militares y la Fiscalía. Tiene más de 16 mil páginas, allí se agruparon las graves infracciones al DIH perpetradas por las Farc en cada jurisdicción militar, fue entregado a la Unidad de Investigación de JEP y a la Comisión de la Verdad. “Génesis” es una realidad legitimada por la Fiscalía y encierra las atrocidades en estas décadas de conflicto.

¿Cómo lo hicieron?

Es un trabajo de más de seis años, es una primera aproximación, porque la inteligencia militar y la Fiscalía tienen el compromiso de seguir documentando estos hechos. Nosotros tenemos en cada una de las divisiones equipos de memoria y contexto histórico que vienen agrupando los graves crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Farc. Todos los hechos victimizantes están registrados con lugar, fecha y presuntos responsables. Este informe abarca algo más de unos 20 años, pero el compromiso es recopilar todo el conflicto armado. Hemos agrupado en un informe distinto, que ya fue entregado a la JEP, en el que se resume ese primer grito de los militares víctimas, para decir aquí estamos.

¿Y qué pasa con el aporte a la verdad de los hechos de los que son responsables ustedes?

No podemos generalizar, esos actos fueron cometidos individualmente por personas que asumían el rol de soldados y lo lamentamos. No hemos asumido una condición negacionista. De hecho, ya han firmado acta individual de voluntad de acceder al sistema más de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares, activos y en reserva activa, que han decidido acudir voluntariamente ante la JEP. Unos van con la intención de aportar con su verdad plena a la justicia y reparación integral y a no repetir. Pero muchos también quieren defenderse y demostrar su inocencia en esa justicia restaurativa, que debe analizar estos casos dentro de la visión de los derechos humanos y del DIH, con pleno conocimiento de las reglas operacionales. Vemos casos en los que hay condenas injustas.

¿Cómo motivar a que miembros activos de las Fuerzas Militares aporten voluntariamente así no estén procesados o condenados?

Venimos realizando pedagogía, porque todavía no se entiende cómo funciona el sistema. Hemos visto que en la medida en que hemos hecho esa pedagogía. hemos logrado que personas que se sienten responsables hayan tenido una puerta abierta para acudir al sistema. Nosotros no podemos negarnos a la JEP, es obligatorio ir si nos llaman. Tenemos que exigir que todos los miembros de las Farc, de la sociedad civil y todos aquellos que fueron partícipes y responsables acudan a la justicia y que la justicia actúe sin permitir impunidad.

¿Cómo hacer para que todos los responsables sean capaces de reconocer los delitos que han cometido contra la sociedad colombiana y no solo los del contrario?

Ese debería ser uno de los grandes logros que puede dejar a futuro el proceso de paz. Esperamos que el Estado logre claudicar la voluntad de lucha del Eln y que ingresen al Acuerdo de Paz. El gran propósito de esta generación es que, en 30 años, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos puedan hacer una lectura adecuada de lo que ha pasado en Colombia. No podemos permitir que esa verdad sea tergiversada, acomodada. Todos tienen derecho a mostrar su visión de verdad, porque eso construye la verdadera paz, pero esa paz no puede tener un nombre propio. Solo así podremos sanar esas heridas en la justicia transicional y acercarnos a la reconciliación nacional. La paz es tan compleja, que no se puede hacer sin los militares y policías, porque en cumplimiento del deber constitucional hemos ofrecido nuestra propia vida para lograr la paz. Tenemos la frente en alto, nosotros somos dueños de la victoria militar y policial. El Estado es ejemplo de cómo hacer, con eficiencia, la transformación institucional.

¿Hay confianza en la justicia transicional?

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición forma parte de la Constitución Nacional. Hay que cumplirla, pero no podemos permitir que los soldados y policías sean llevados a esa justicia solo por haber sido miembros de la institución. Esto no puede convertirse en una cacería de brujas. El 99 % de nuestros miembros no han hecho más que cumplir la Constitución y la ley. Esa verdad debe ser construida con la pluralidad de diferentes voces.

¿Cómo garantizar medidas de no repetición cuando el conflicto sigue en varios territorios?

Mientras un general le habla a usted de justicia transicional, hay 60 generales en operaciones bajo el mando del presidente Duque . Nos hemos anticipado en modelos de transformación institucional, hemos desarrollado la doctrina Damasco y otros modelos aplaudidos por la OTAN. Eso nos permite trabajar sobre las lecciones aprendidas del pasado para mejorar nuestros procedimientos tácticos y estratégicos que permitan activar las alarmas en aquello que pudo generar que las personas fallaran. El plan Diamante, que está en ejecución, tiene sus resoluciones sobre derechos humanos y DIH.

¿Cómo será la relación con la Comisión de la Verdad después de los primeros roces por solicitud de información de inteligencia?

He estado en reuniones con el ministro entrante y con el saliente, y le puedo decir que no hay roces institucionales. Venimos trabajando en protocolos y convenios para cumplir con la ley, que aquello que se pida sea en términos claros y lo que entreguemos esté en términos de legalidad. Todos estamos comprendiendo cómo funciona el sistema. Tenemos una buena relación con el padre de Roux, hemos tenido muchas reuniones con ellos.

Entonces, ¿no se niegan a entregar información, solo están buscando cómo se entrega y protege?

Nadie se puede negar a lo que la Constitución ordena, hay que buscar el camino adecuado para que ninguna respuesta que se brinde pueda afectar la seguridad nacional, es importante que haya protocolos para el manejo reservado de información sensible. Tenemos una buena relación con las asociaciones de oficiales de la reserva activa y ellos hacen eco a la protección de lo que debamos entregar por estos mandatos.

¿Le han dado información de sus desaparecidos a la Unidad de Búsqueda?

Hace unos meses, con el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, tuvimos la oportunidad de brindarle a una familia la ubicación de un militar dado por desaparecido y esa familia le dio sepultura a su ser querido. Esperamos que todos los desaparecidos y sus familias tengan la misma posibilidad.

Su mensaje a las víctimas de las acciones de las Fuerzas Militares.

Me uno a los mensajes dados por el mando institucional, que son de compromiso, no negacionistas. Comprendemos que en una guerra asimétrica y prolongada, a nuestras instituciones llegaron colombianos que no fueron un ejemplo de lo que significa ser soldados. Hemos tenido encuentros con muchas organizaciones, como las Madres de Soacha, y les hemos dicho que la institución reacciona para que ese lastre nunca más, ¡nunca más!, vuelva a ocurrir. Se han creado mecanismos de control institucional y en la medida de que no exista impunidad, podemos construir verdad y justicia, por eso son muchos los que acercan a aportar verdad plena, algunos están haciendo reparaciones integrales y están pidendo perdón, buscando la reconciliación. Esos son actos de coraje.

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Por Gloria Castrillón / @glocastri

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