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La mañana del martes 26 de noviembre de 1991, el líder comunal Julio César Naranjo fue asesinado por el frente Juan de la Cruz Varela de las Farc. Su cuerpo lo dejaron tendido en el área rural de la vereda La Unión, cuando la localidad de Usme era municipio, a la espera de que llegara alguna entidad del Estado a recogerlo.
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A la 1:30 p.m., una comisión del Juzgado 75 de Instrucción Criminal de Bogotá iba en camino a hacer el levantamiento del cuerpo. La explosión ocurrió sobre el kilómetro 22 de la vía que conducía a la vereda. La camioneta Toyota en la que iban los integrantes de la comisión se volcó y, sin darles tiempo de cualquier reacción, los guerrilleros rodearon el vehículo y comenzaron una balacera para rematarlos.
Allí murieron el juez que lideraba la comisión, Luis Miguel Garavito, el fiscal Héctor Ojeda, el secretario Hernando Trujillo, la secretaria Amanda Gómez Vargas, los investigadores del Cuerpo Técnico Judicial Héctor Romero y Alfonso García, y el médico legista Jaime Puerto. También falleció el agente de Policía Elkin Ruiz y el fotógrafo Alonso García, quienes acompañaban a la comisión. Solo una persona que iba en ese carro sobrevivió: Nora Navarrete, la secretaria del juez.
“Ese día no nos tocaba ir, pero el carro del otro juzgado se dañó y nos asignaron el turno”, recuerda. “La Policía llegó un tiempo después. El médico (Jaime) estaba vivo todavía, pero muy malherido. Nos llevaron al hospital, pero él murió en el camino”.
Nora no sabe cómo sobrevivió. Tiene recuerdos borrosos en medio de los desmayos intermitentes. Dice que tal vez fue el estado de inconsciencia más la sangre que cayó sobre su ropa lo que les hizo pensar a los guerrilleros que ya estaba muerta.
“Habíamos pedido apoyo de la Policía porque se sabía que esa era una zona roja”, agrega. Usme limita con el Sumapaz, al suroriente de Bogotá. A finales de los 90 esa región se convirtió en la entrada segura de las Farc hacia la capital. Ha sido disputada por varios actores armados, porque conecta la capital con Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta.
Una caravana de seis vehículos con Fuerza Pública tenía que custodiar a la comisión, pero al momento de la explosión estaban lejos de la camioneta Toyota. Los dejaron desprotegidos y continuaron la marcha a pesar del atentado. Por esta razón, siete años después, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía por negligencia en las medidas de seguridad.
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Es poco lo que se sabe en este país sobre los funcionarios judiciales victimizados por el conflicto armado. El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol) estima que desde 1989, 1.072 jueces, magistrados, fiscales, miembros del CTI, entre otros, han sido asesinados, amenazados o desplazados por ejercer sus labores de investigación.
Los casos más visibles en Colombia han sido la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1989 y la masacre de La Rochela, en Santander, el 18 de enero de ese año. Esta violencia ejercida contra la Rama Judicial, intensificada en épocas del narcotráfico, tenía como fin establecer la impunidad en los procesos de investigación. De acuerdo con el director de Fasol, Carlos Ojeda, hijo también de Héctor, el fiscal que era parte de la comisión de Usme, hay muy pocos esfuerzos estatales por visibilizar los ataques contra la justicia. “Hay una negación que obedece a que un Estado que no sea capaz de proteger a sus mismos funcionarios queda con una imagen desfavorable frente a la población y la comunidad internacional”, asegura.
Él y los familiares de los siete miembros de la comisión asesinados en Usme aseguran que la masacre, declarada crimen de guerra, ha quedado en el completo olvido ante el país y dentro de las mismas instituciones en las que trabajaron sus padres. “Esta parte histórica mucha gente la desconoce dentro de la Fiscalía por el cambio intergeneracional. Sí existe una gran solidaridad entre los compañeros de nuestros padres, lo que no hay es una política institucional que promueva la memoria en estos casos”, dice Ojeda.
(Vea: Homenaje a las víctimas de la masacre de La Rochela)
Colombia 2020 consultó a la Fiscalía y al Consejo de Estado sobre la atención a funcionarios de sus entidades víctimas del conflicto y si tienen planes de recuperación de memoria y reconocimiento de estos hechos, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
Ojeda agrega que en los casos del Palacio de Justicia y La Rochela sí se han hecho actos de memoria por condenas internacionales que obligaron al Estado a hacerlas, pero la masacre de Usme y otros eventos en todo el país han quedado más bien en el silencio. A eso se le suma el desinterés con el que las entidades del Estado han tratado a las familias. Según ellos, fue evidente desde el momento posterior al atentado. Nora, por ejemplo, quedó con traumas psicológicos después de la explosión y la muerte de sus compañeros. Hoy no concibe subirse a un bus o estar en multitudes, pues entra en pánico.
Aunque la Caja Nacional de Previsión Social, la entidad de salud que cubría en 1991 a empleados de la Rama Judicial, le recomendó al Juzgado 75 la reubicación laboral de Nora, “lo que me ofrecieron fue seguir en lo mismo o renunciar. No me sentía capaz de estar ahí y me fui”, sin ningún apoyo psicológico ni indemnización. Tampoco fue reconocida por la Unidad para las Víctimas como víctima de este hecho a pesar de certificados, noticias de la época y su testimonio como sobreviviente.
Cristina Gutiérrez, esposa del investigador y conductor del carro Héctor Romero, tenía seis meses de embarazo y dos hijas de 7 y 5 años cuando su esposo murió. Él era el que sostenía la familia. Recuerda que “peleé para que me pagaran el último sueldo de él. Me descontaron los últimos cuatro días de noviembre. Les respondí que él no había pedido que lo mataran”. También le tocó luchar para que incluyeran a la bebé en la pensión. Cristina señala que durante estos años se enteraron de los avances en la investigación por medios de comunicación y no por la Fiscalía. Así ocurrió con la sentencia condenatoria contra Marco Aurelio Duarte López, conocido en la guerra como Arturo, y contra la cúpula de las Farc.
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Desde que comenzó el proceso de paz con la exguerrilla de las Farc, Fasol y las familias -que han recibido acompañamiento psicológico, jurídico y económico de esta organización-, han visto la oportunidad para visibilizar la masacre y reclamar la verdad.
Así lo manifiesta Ángela Garavito, hija del juez. Tenía 12 años cuando ocurrió la masacre y hoy trabaja en el Ministerio del Interior. En su labor dentro de la Dirección de Derechos Humanos ha tenido mesas de trabajo con excombatientes y, al contrario de expresar resentimiento, asegura que prefiere verlos en el Congreso que en el monte. Ha apoyado su proceso de reincorporación como ciudadana y como víctima: “Solo nosotras, las víctimas, sabemos la importancia de este proceso. Es el momento para que nos cuenten qué pasó durante la masacre, por qué atacaron a esa comisión y quiénes fueron los directamente responsables”.
Carlos Ojeda recuerda que tiempo después del hecho las Farc sacaron un comunicado aceptando la autoría de la masacre, pero argumentaron que había sido un error operacional. El ataque iba dirigido a la Policía, no hacia ellos, y la muerte del líder Julio Naranjo había sido el señuelo.
Las familias, a través de Fasol, ya están trabajando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad para esclarecer no solo la masacre de Usme, sino diversas afectaciones a servidores judiciales. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le entregarán un informe sobre este caso el próximo 9 de diciembre en un acto público. Allí también estarán varios excombatientes de las Farc, entre esos Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, quien en la guerra fue el jefe de las milicias urbanas en Bogotá, que pertenecían al bloque Oriental.
Según Lozada, ahora senador por el partido FARC, los funcionarios judiciales no fueron un objetivo de guerra para la exguerrilla durante la guerra: "De lo que sí puedo dar certeza es que se trató de un error, en el sentido de que efectivamente era una emboscada contra la Policía, pero por circunstancias del momento se terminó realizando la explosión contra la comisión. Fue una falla de inteligencia".
Sin embargo, aceptó que con la firma del acuerdo de paz, el compromiso de las Farc es asumir las responsabilidades. "Lo que esperamos es poder pedirles perdón a todas las víctimas de este hecho y de los demás que se presentaron”. Agregó que se van a comprometer a recoger toda la información que sea posible sobre este caso para aportar la verdad de lo que realmente sucedió.
(Lea también: El pedido de perdón de las Farc a víctimas del Caquetá)
Las tres entidades son la esperanza para que haya una reparación, que no tiene que ver con indemnizaciones, sino con un pedido de perdón por parte de las Farc, con el deseo de escuchar la verdad y, sobre todo, con el ánimo de preservar la memoria de este hecho para que no vuelva a ocurrir.