Saturnino Venté recuerda ver los sembrados de maíz, de papa china, de yuca y de coca; luego una avioneta que los sobrevolaba y los fumigaba. Entonces ya no había coca ni maíz ni papa china ni yuca. Quedaba la minería, a orillas de los ríos Timbiquí y Coteje, y la gente lavando arena, haciendo pozos y metiéndose en socavones para encontrar oro. Hasta que llegaron las retroexcavadoras y las dragas de las empresas mineras, y los nativos trabajando ahí porque tenían que comer. Y estaban las armas de los frentes 60, 29 y 30 de las Farc y las armas paramilitares. En el medio, la gente del Consejo Comunitario Renacer Negro, en Timbiquí (Cauca), que intentaban seguir en su territorio a pesar de los hostigamientos.
Eso fue en 2006, cuando Venté era el representante legal de esta unidad negra. Recuerda que el 20 de mayo vieron la primera aspersión de glifosato en su territorio. Esa vez, además de la muerte de los cultivos de pancoger, también hubo afectaciones en la salud. Según los documentado por el Cinep, hubo casos de ceguera temporal en mujeres, niños y ancianos que fueron bañados con el pesticida. Pero antes, casi desde el otorgamiento de la titulación colectiva a 739 familias en 2001 empezaron a vivir la violencia ligada al incremento de los cultivos de uso ilícito.
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De hecho, en 2002 en Timbiquí hubo 2.275 víctimas, mientras que en el año anterior se habían registrado 129. El 99% fueron desplazados, según el Registro Único de Víctimas. “Fue muy poca la gente de acá que se metió con el tema de los cultivos de uso ilícito, pero sí permitieron la entrada de muchos foráneos, por ejemplo del Caquetá, donde sí había más mata de coca. Llegó el tema de los paramilitares que ya estaban en los territorios y luego que el Renacer Negro estaba solicitado por muchas empresas mineras y otros títulos individuales. Y los desplazamientos forzados a comunidades y el reclutamiento a los jóvenes. Eso nos llevó a buscar ayuda a través del Gobierno”, explica Venté.
La ayuda del gobierno fue la solicitud de restitución de derechos territoriales, que hicieron en 2012 y que el Juez Especializado de Restitución de Tierras del Cauca aceptó en 2013, cuando, además, ordenó medidas cautelares y una caracterización del territorio. Fue precisamente en este último proceso cuando hubo otra aspersión y quedó, para evidencia del Juez, que la medida del Estado para acabar con la coca estaba acabando con los territorios de las comunidades negras y con sus alimentos. El fallo salió el 1 de julio de 2015: los derechos sobre las 71.010 hectáreas y 6.592 metros cuadrados de tierra fueron restituidos al Consejo Comunitario Renacer Negro.
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Esta sentencia ordenó a muchas instituciones a cumplir tareas como capacitar a los líderes en derechos humanos, erradicar la coca de manera manual y con sustitución de cultivos; hacer seguimiento de la seguridad del consejo y lograr que los desplazados retornaran. Esto se ha cumplido de manera parcial y se puede verificar porque el juez también ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica documentar el proceso de Renacer Negro. Por eso la Dirección de Archivos del Centro tiene los documentos en el Archivo Virtual de Derechos Humanos, que, en alianza con Colombia2020, quiere mostrar cómo los documentos cuentan la memoria del conflicto a través de la estrategia Archivos para la memoria.
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La minería como respuesta al glifosato
La disputa para lograr la soberanía sobre el territorio estuvo atravesada por el cambio en la forma de vida de este Consejo Comunitario. Allí no hay carreteras, la única vía es la acuática, ya sea por el océano pacífico o por el río, por eso cuando el glifosato acabó con sus cultivos la gente tuvo que dedicarse de lleno a la minería, porque el transporte de alimentos desde afuera resultaba muy costoso y difícil.
La minería no era una actividad nueva. Timbiquí es una veta de oro y por eso desde 1928, según consta en un contrato, la empresa The New Timbiquí Gold Mines Limited explotaba el territorio. Eso no reñía con la minería que hacían los negros, pues esta era artesanal: barequeo o mazamorreo en los ríos, pozos y socavones. Pero eso cambió a partir del año 2007. Entre ese año y el 2010, el Ministerio de Minas y Energía entregó ocho títulos de explotación minera a multinacionales en el territorio del Consejo Comunitario. La gente, sin cultivos ni coca, empezó a trabajar con las dragas y las retroexcavadoras que fueron enturbiando y sedimentando el río.
En 2013, cuando el juez dictó como medida cautelar sacar toda la maquinaria del consejo comunitario, los negros protestaron. Al territorio sí le estaba haciendo daño esa explotación, pero ellos tenían que trabajar, ¿de dónde iban a sacar el sustento si no era de ahí? Saturnino Venté, todavía representante del Consejo solicitó una audiencia para hacer seguimiento a esta medida. Pidió tiempo para hablar con la comunidad y para llegar a un acuerdo y el juez se lo concedió, tal como consta en el acta del 8 de octubre de ese año. También ordenó que se caracterizara el territorio.
“Cuando sale la medida cautelar empiezan a llegar amenazas de toda índole: grupos armados, los mismos empresarios y se generaba la incertidumbre de si uno podía ser objetivo (militar) por eso. Estábamos cautivos de la violencia, nadie podía ingresar para definir qué se iba a hacer”, explica Venté. En medio de ese panorama de amenazas, muertes de líderes, rendición de cuentas a actores armados salió a sentencia que expulsó a las mineras multinacionales y le dio la soberanía de la actividad al Consejo Comunitario.
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Hoy se enfrentan a un reto y a un miedo. El reto, lograr volver a la unidad negra que tenían antes que el conflicto los tocara con todas sus aristas. Eso significa no tener actores armados en su territorio, pero hay; no tener cultivos de uso ilícito, pero quedan; lograr que las comunidades de Velásquez y la Fragua, que fueron desplazadas, retornen, pero su territorio sigue vacío; y lograr que el Consejo ande solo, pero todavía no es posible a pesar de que esté empezando a implementarse un plan de reparación colectiva por parte de la Unidad para las Víctimas.
Entonces viene el miedo. El gobierno ha anunciado su intención de que vuelvan las fumigaciones con glifosato y si eso pasa, advierte Venté, “la agricultura se va a olvidar totalmente de la mentalidad de la gente de Renacer, porque las experiencias han sido muy berracas”. A pesar de que están protegidos por la ley, no se sienten seguros. Piensan que si antes el Estado los victimizó, puede volverlo a hacer.
Esa es la memoria que no quieren que se olvide y por eso sienten la necesidad de contarla como la cuentan los negros: desde la oralidad. Las historias de los viejos, de cómo llegaron a ser una unidad, de cómo tuvieron que irse, de cómo se enfermaron y de qué sueñan será una serie radial, explica Carolina Restrepo, Coordinadora de la Estrategia de Reparación del Centro. Para ellos hablar de ese territorio es hablar de lo que es parte integral de su vida, de lo propio. Es como hablar del cuerpo y desarraigarse es como ser desmembrado, para eso la memoria, para eso contar esta historia que les causó tanto dolor, para, ojalá, no vivirla nunca más.