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La situación de conflicto armado, después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se ha recrudecido en especial en cuatro regiones del país: Cauca, Bajo Atrato chocoano, Catatumbo y Bajo Cauca antioqueño. Grupos sucesores del paramilitarimo (como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y los Caparrapos, así como las guerrillas del ELN y el Epl y las disidencias de las Farc) se disputan a sangre y fuego los cultivos de uso ilícito y la extracción de minerales de las zonas que por décadas fueron controladas por la extinta guerrilla de las Farc, dejando a su paso decenas de líderes sociales asesinados y miles de desplazamientos, sin que el Estado y la Fuerza Pública pueda impedirlo. Sobre la situación de estos territorios se conversó en la apertura de la segunda versión de los Diálogos para la No Repetición del Conflicto Armado, organizados por la Comisión de la Verdad, con el apoyo de Colombia2020 de El Espectador.
Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), la radiografía que ha hecho esta organización, en las cuatro regiones mencionadas, concluye que esta presencia armada ilegal ha detonado una crisis humanitaria de grandes dimensiones, que afecta a la población más vulnerable. En el Catatumbo, por ejemplo, los grupos armados, en especial el Epl y el Eln, han impuesto estrictas reglas a la población y atacan a las personas “por cometer infracciones tan pequeñas como vender alimentos o bebidas a un soldado. Incluso por apoyar los planes de sustitución de cultivos ilícitos, que es lo que le devuelve a los campesinos la posibilidad de tener un trabajo digno”, señaló Vivanco.
Un panorama en el que coincide la periodista y directora del Diario La Opinión de Cúcuta: “El proceso de paz dio paso a un incremento de la violencia súper fuerte por los conflictos que se generaron entre el ELN y el EPL sobre esos espacios que tenía las Farc y por el control de los cultivos de coca que hay en el Catatumbo donde también están carteles mexicanos controlando la salida de la droga”.
En el Bajo Cauca antioqueño, se ha observado una fuerte disputa armada entre las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y los Caparrapos por el control de rutas del narcotráfico. “Lo que ha generado el desplazamiento de más de 30.000 personas que han tenido que salir de sus hogares en los últimos años” y el asesinato de 16 líderes sociales desde el año 2016. Precisamente, de acuerdo con Vivanco, el homicidio de líderes sociales se ha dado porque son “ellos los protagonistas de la nueva Colombia” que dejó el acuerdo de paz en estos territorios con poca presencia del Estado. Además, la mayoría han apoyado la implementación del pacto de paz así como el programa de sustitución de cultivos ilícitos.
En el Bajo Atrato chocoano, según HRW, el control de los ríos se los disputan las Agc y la guerrilla del Eln “mientras miles de indígenas y afros quedan confinados en sus territorios o se ven obligados a desplazarse por salvar sus vidas”, de hecho, al menos “7 líderes comunales de esta zona han sido asesinados”, aseguró.
En el Cauca los actores armados que más han afectado a las comunidades son las columnas móviles “Dagoberto Ramos”, la “Jaime Martínez” y el Eln, que “han asolado al pueblo indígena nasa, a los afros y campesinos”. Solo en el norte del Cauca han sido asesinados al menos 30 líderes sociales, desde 2016, mencionó Vivanco. Una situación que conoce de primera mano la gobernadora indígena de Toribío, Ana María Ramos, quien señala que la situación se agravó desde 2018, luego de “dos años de aparente tranquilidad”.
¿Por qué la violencia no ha cesado? Para todos la respuesta a esta pregunta pasa por la precariedad institucional, la presencia de cultivos de uso ilícito, la respuesta fallida del Estado en combatir ese flagelo, y la ausencia y debilidad de la justicia. El mismo consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, cree que el conflicto no se va a acabar solo con “tropa y más tropa o policía y más policía”.
Es más, se habló de la necesidad de transformación de la Fuerza Pública para afrontar estos desafíos. Vivanco hizo hincapié en que, según lo observado por esta entidad, las fuerzas armadas han tenido un papel “corporativista” que se ha preocupado más por mantener la reputación de las instituciones militares que en cumplir su deber de proteger a la población civil. Y cuestionó si el Ejército hoy cuenta con los mecanismos apropiados para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que cometan sus tropas. También se preguntó si es el momento de fortalecer más la Policía, por ejemplo, y trasladar sus funciones al Ministerio del Interior.
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A esta pregunta, el consejero Guarín estuvo de acuerdo en que hoy el problema en Colombia no eran las Farc y que la política presidencial en cabeza de Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es “cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos”. En su intervención, aseguró que la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que se debatió en el conversatorio, no será fácil y “tomará tiempo”.
En su intervención, Guarín también hizo un llamado a entidades como la Procuraduría para que den paso a las investigaciones necesarias para no permitir los delitos cometidos por los uniformados. De hecho, explicó que esa era la razón por la que esos casos “no estaban siendo llevados a la justicia penal militar sino que se trataban en la justicia ordinaria”.
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, dijo que el rol del Estado en los territorios debería enfocarse en la construcción de políticas públicas sociales que contribuyan a disminuir las brechas existentes entre el campo y la ciudad y a minimizar la desigualdad en los territorios. “Hay que entender que hay una gran fragilidad del Estado a nivel nacional, municipal y territorial pero sobre todo de las dos últimas”.
La gobernadora Ramos explicó que el papel de los militares en el norte del Cauca no es efectivo porque la presencia de militares no es sinónimo de seguridad y garantías para las comunidades. “Acá en el norte del departamento tenemos una base militar muy cerca, pero ¿cuál es el control de ellos? Eso no ha sido garantía para la seguridad en el territorio”.
También mencionaron que la crisis sanitaria, por la pandemia del COVID-19, ha recrudecido aún más las dificultades de las personas en la ruralidad y ha mostrado las fallas estructurales del país a causa del aislamiento obligatorio y el confinamiento. “Esta cuarentena ha traído consigo que haya más reclutamientos forzados y más actos de violencia sexual, por ejemplo, en los niños y niñas, entonces el panorama es más complejo”, aseguró el procurador.
El diálogo también giró alrededor de los problemas en la implementación de la política de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral con la que se buscaba cambiar de manera estructural las falencias del Estado. Sin embargo, según la gobernadora indígena no hay garantías para todas las personas en la sustitución de cultivos, lo que los ha llevado a continuar con las siembras de coca en los territorios. Eso, sumado al asesinato de líderes y defensores de la tierra que han buscado impulsar estos planes, han sido decisivos para que el fenómeno de la coca se perpetúe en el país.
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Ramos insistió en que el problema de los cultivos es más de fondo y no corresponde, únicamente, a las comunidades campesinas que siembran: “Si nosotros no supiéramos que esa coca se exporta, se vende, no habría esa siembra ni esas economías ilícitas”.
Otro de los problemas que se abordó en el debate fue la crisis humanitaria desatada en Venezuela que afecta y ayuda a la continuación del conflicto armado en Colombia. No solo por el éxodo masivo sino también porque la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc, según Vivanco, están actuando “en complicidad con la guardia Bolivariana de Nicolás Maduro, en Apure”, en la frontera de Venezuela con Colombia, en el departamento de Arauca. Según el directivo de la ONG, también se han registrado reclutamientos forzados de venezolanos, desapariciones forzadas y violencia sexual contra niñas y mujeres venezolanas por parte de actores armados, así como secuestros de personas que se llevan al vecino país.
Esta conversación terminó con algunas reflexiones por parte del escritor y columnista Ricardo Silva Romero, encaminadas a pensar lo que debe cambiar en la sociedad colombiana para que no se normalice ningún tipo de violencia. “Creo en lo simbólico y en lo que se puede hacer desde allí. Y en la ficción y en los relatos todos tenemos que estar de acuerdo en que no es admisible que a un padre lo asesinen frente a la puerta de su casa”, dijo Romero y señaló como “increíble” que socialmente haya unas muertes más aceptadas que otras. E hizo un llamado para rescatar lo humano y dejar a un lado las ideologías.
Para la comisionada de la Verdad, Marta Ruíz, quien guió este diálogo: “la construcción de paz es una tarea pendiente en Colombia” pero estamos “ante una oportunidad”. Por eso se deben “activar todos los mecanismos de transformación social que hagan posible que la paz se pueda convertir también en una paz territorial”.
Los próximos Diálogos para la No Repetición del Conflicto Armado de la Comisión de la Verdad, sobre la situación territorial en estas cuatro regiones, se harán en el Catatumbo (27 de agosto), Cauca (17 de septiembre), Bajo Cauca Antioqueño (15 de octubre) y Bajo Atrato Chocoano (6 de noviembre). Los diálogos serán transmitidos por las redes sociales y páginas de la Comisión de la Verdad, El Espectador y Colombia2020.