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En el expediente del exparamilitar Salvatore Mancuso en los tribunales de Justicia y Paz se le señala de tener responsabilidad en al menos 53 mil crímenes cometidos entre 1995 y 2005 en diferentes regiones, como el Catatumbo y Montes de María, y varios municipios de Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, entre otros.
Aunque con esta justicia transicional Mancuso confesó su responsabilidad en varias masacres, como la de Mapiripán, El Salado, El Aro, La Gabarra, Caño Jabón, entre otras, desde hace 15 años que fue extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico, sus víctimas están a la espera de que regrese a Colombia para que siga respondiendo interrogantes: ¿Dónde están los desaparecidos?, ¿por qué asesinaron a sus seres queridos?, ¿cómo va a reparar a sus víctimas?
Esas preguntas siguen abiertas porque, aunque se esperaba que fuera extraditado a Colombia el primer semestre de este año para terminar de comparecer ante la justicia, la pandemia del COVID-19 retrasó el proceso y desde entonces las órdenes de extradición que habían sido emitidas desde el 15 de julio de 2019 perdieron validez. La decisión, por ahora, tomada por un juez en Estados Unidos es que el exparamilitar sea deportado a Italia, país en el que también tiene nacionalidad.
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Esta decisión, que ha causado descontento en varios sectores que esperaban que este año llegara a concluir su comparecencia en Colombia, tiene a las víctimas preocupadas. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), mencionó que uno de los pendientes que tiene en esta región es revelar los nombres de los altos mandos militares con los que delinquía. “Tuvo que haber un aval político y un apoyo operativo militar para que 250 hombres incursionaran hasta el Catatumbo, desde Córdoba atravesando tantos departamentos, sin problema. También queremos saber cuál era el fin de la incursión paramilitar del territorio”, dijo.
A la pregunta de qué le diría a Mancuso si lo tuviera en una audiencia o de frente respondió: ¿qué relación tuvo en el Catatumbo la política de tierras arrasadas, el despojo de tierras, el posterior mercado de estas y la implementación de cultivos como de la palma de aceite? Porque todo coincidió en medio de la ofensiva paramilitar en el año 2000”.
Sobre la región del Urabá antioqueño, Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación Tierra y Paz, dijo que la deuda en esta zona es explicar por qué se cometieron los despojos de tierras en Córdoba, Chocó y el Urabá. “Ni con restitución de tierras nos han respondido, aquí no pasa nada y esa es una de las verdades que tiene que decir”.
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Una lideresa de Mapiripán (Meta), a quien le desaparecieron un familiar en la masacre de 1997, aseveró que la situación en la zona ha empeorado en los últimos dos años. “Nosotros sabemos que aquí en la zona hay gente que sabe cosas sobre esa masacre, queremos saber quiénes ayudaron y por qué”. Entre sus peticiones también comentó que debe ser prioridad que digan dónde están las personas que desaparecieron desde entonces. “A nosotros nos dijeron una vez dónde estaban supuestamente tres cuerpos, cuando llegamos allá justo los habían sacado. No sabemos qué pasó y cada que buscamos nos han amenazado”.
Humberto Torres, víctima de la masacre de El Salado, aseguró que lo único que esperan ahora es tener garantías de no repetición por la constante presencia de actores armados que hay hoy en zonas como los Montes de María. “En Justicia y Paz él confesó quién le pagó, con quiénes se aliaron y todo eso lo sabe el Estado, pero no ha pasado nada. Lo que falta es el porqué, cuál era el motivo, por qué peleaban”, comentó.
Sobre la masacre de El Aro, cometida en 1997, de la que de hecho tendrá que rendir versión libre el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema el próximo 16 de septiembre, hay muchas inquietudes pendientes.
Martha Pozo, víctima de este hecho, cuenta que la versión que confesaron los paramilitares en Justicia y Paz los dejaron con un sinsabor. “Hay una versión en la que ellos dijeron que cometieron esa masacre porque había un familiar de Álvaro Uribe que estaba retenido en El Aro, pero eso es totalmente falso”, señaló.
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Y aunque no todas las víctimas están de acuerdo con que Salvatore Mancuso aterrice en la Jurisdicción Especial para la Paz, sí piden por unanimidad que por lo menos haga aportes a la Comisión de la Verdad, para que todo el país sepa lo que pasó.
“¿En qué se beneficiaba él con cada muerto, qué ganaba, qué sentía cuando daba esas órdenes? Las preguntas siguen surgiendo. Otro de los problemas colectivos es la reparación que no han recibido las víctimas.
La deuda con la restitución de tierras es tal, que Ayineth Pérez asegura que son al menos 5 mil familias las que deberían restituir con un predio que les fue quitado por la guerra paramilitar. “El programa de restitución no ha tenido impacto aquí, entonces muchos no han podido retornar por eso y porque tampoco hay garantías, no hay seguridad”, afirmó.
Aunque a Mancuso le queda una oportunidad para entrar a la JEP, de ser recibido en esta justicia especial tendrá que contar nuevas verdades que el país desconoce por ahora. En su solicitud para entrar a estos tribunales mencionó que, de ser aceptado, haría una lista de hechos que demostrarían el accionar e incidencia de los terceros entre 1989 y 1996, con acciones violentas en el país.
Sin embargo, de ser realidad en algún momento su paso por la justicia transicional, Pozo, por ejemplo, dice que no está preparada para enfrentarse a él en una audiencia. Tampoco quiere recibir su perdón y mucho menos verlo reparando a las víctimas él mismo. “Esto es un proceso muy personal, pero por mi lado no me siento lista, pero sí sé que todos necesitamos la verdad para estar más tranquilos”.
Aunque se espera que sea deportado a Italia este 4 de septiembre, de volver a Colombia Mancuso deberá demostrar su voluntad (si la tiene) de aportar a la verdad con las cartas que le quedan: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
