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“Todos los días uno decía: voy a salir de la casa, no sé si vuelvo o no”, cuenta el profesor Alfonso Díaz, de 42 años, de los cuales por lo menos veinte los vivió en medio de la guerra. Es oriundo de la vereda Santa Rosa, en Caloto (Cauca), donde los actores armados se atrincheraban en las escuelas y en las casas de los civiles en medio de los combates. “Muchos niños crecieron psicológicamente mal”, se lamenta. Sin embargo, los niños que nacieron desde 2015 no han sido testigos de ninguna guerra, en parte gracias a las gestiones de Díaz, gobernador indígena del resguardo San Lorenzo.
En junio de 2015 se reunieron, en la comunidad La Aguada San Antonio, las autoridades de los seis resguardos indígenas que hay en Caldono. Hablaron sobre el proceso de paz entre el Estado y las Farc, que se adelantaba en La Habana (Cuba), y la manera en que las comunidades étnicas iban a hacer parte. La discusión no fue fácil, pues en la región operaron el frente sexto y la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc. El accionar de la guerrilla afectó a la población civil y generó divisiones entre los comuneros, algunos de los cuales se unieron a las filas de la insurgencia. Al final, los resguardos Caldono, Pioyá y Pueblo Nuevo ofrecieron sus territorios para una eventual reincorporación. Argumentaron, entre otras cosas, que una gran parte de las personas alzadas en armas habían nacido y crecido en ese territorio.
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Su ofrecimiento encontró cabida cuando se establecieron las zonas veredales, lugares en los cuales las Farc dejarían las armas. El 28 de enero de 2016 llegaron hasta la vereda Santa Rosa, territorio perteneciente al resguardo San Lorenzo, 447 integrantes de la columna móvil Jacobo Arenas. “Las comunidades han garantizado la reincorporación de la población que históricamente ha sido de su territorio”, señala Jean Carlo Moreno, excomandante guerrillero.
Esa región montañosa pasó de ser escenario de combates a ser el lugar donde la Jacobo Arenas abandonó la lucha armada. Según datos de la Alta Consejería para la Estabilización, 1.263 exguerrilleros están haciendo el tránsito a la vida civil en el Cauca.
En Santa Rosa los guerrilleros dejaron las armas y empezaron a hacer su tránsito a la vida civil. En ese camino constituyeron la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo, que hoy tiene 437 miembros activos. Y empezaron a soñar con montar un proyecto de siembra de aguacate hass, pero les faltaba la tierra.
En Silvia, municipio que colinda con Caldono, la comunidad nasa asentada en el resguardo Tumburao también quiso aportar al proceso de reincorporación. Por eso dispusieron de un terreno para que los excombatientes pudieran hacer su sueño realidad. Lo entregaron en un comodato, que abarca 500 hectáreas y se extiende hasta el año 2045. Los exguerrilleros ya han sembrado setenta hectáreas y esperan que en enero estén plantados todos los árboles de aguacate.
“Hemos avanzado de manera exitosa, porque hay un compromiso muy profundo de la gente en avanzar y por mantener la población agrupada en esta construcción colectiva”, resalta Moreno, quien cuenta que habían estimado que el sembradío estuviera listo en 2021, pero lo tendrán instalado en enero del próximo año.
Sueñan con fortalecer el desarrollo agropecuario de ese departamento y aportar al crecimiento del centro de acopio de aguacate hass, que está ubicado en Piendamó.
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Los garantes de la paz
El 20 de agosto de este año, Díaz firmó un documento mediante el cual hizo otro comodato que les permite a los excombatientes habitar cinco hectáreas del resguardo San Lorenzo, en el que empezaron a adelantar un proyecto de vivienda. Allí construirán sus casas los 437 asociados de la cooperativa. El gobernador indígena dice que todos esos esfuerzos los ha hecho la comunidad “para que ellos se convencieran de que no fue tan cierto que solamente podían vivir con el fusil”.
Los tres resguardos que han acompañado la reincorporación se denominan garantes de la implementación del Acuerdo de Paz. No solo han ofrecido parte de su territorio, sino que han estado pendientes de la seguridad de los excombatientes en medio del departamento donde más homicidios contra ellos se han registrado (van 28 asesinatos). “Estamos haciendo un seguimiento minucioso como autoridades indígenas para que ellos tengan garantías”, relata Díaz.
Ese compromiso ha ayudado a que se recupere el tejido social, debilitado por la guerra. “Acá no hablamos de la reincorporación de Farc, sino de una reincorporación territorial y comunitaria”, dijo Moreno, quien además agradeció el acompañamiento de las autoridades étnicas. “Hay que acoger este proceso y aportarle, eso es lo que estamos haciendo”, concluye Díaz. Un ejemplo de construcción de paz en medio de una región que sigue enlutada por la guerra.
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