Los cuestionamientos a la Fiscalía sobre los asesinatos de defensores de DDHH

El informe Sistematicidad e impunidad en el asesinato de líderes y lideresas sociales, publicado este martes, y elaborado por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Somos Defensores, y la Comisión Colombiana de Juristas, identificó una serie de patrones que revelan la generalidad y sistematicidad en los asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes; así como la estigmatización contra los dos colectivos y la impunidad respecto a estos crímenes. El análisis se centró en el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 al 30 junio de 2020, en los territorios de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños, vinculando información de siete bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, sobre violaciones a los derechos humanos.

Las amenazas, los asesinatos, los atentados y el desplazamiento forzado, entre otras violaciones a los derechos de quienes lideran causas sociales, identificados a través de los casos documentados y de las historias de vida de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, sus comunidades y organizaciones, continúan presentándose. Las violaciones a estos derechos no cesan en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz, en territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, y en regiones con predominio de conflictos ambientales, por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

Ante este panorama, los precarios avances en materia de investigación por parte de Fiscalía General de la Nación (FGN) no han logrado identificar las causas estructurales de esta violencia y su relación con los intereses que confluyen en el silenciamiento de las personas defensoras y de los excombatientes.

Según información de la FGN, publicada en el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 diciembre de 2020, el ente investigador reportó los siguientes avances en materia de esclarecimiento:”La aplicación de las líneas de acción de la estrategia y la metodología de investigación han permitido que la Fiscalía eleve el índice de avances en el esclarecimiento en materia de casos de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Así, pese al elevado número de homicidios contra esta población y las limitaciones dadas por la pandemia, la Fiscalía ha dado un salto importante durante el año 2020, en el que se logró avanzar en 10 puntos porcentuales, de febrero de 2020 a febrero de 2021. Se pasó de 52% a 62,74% de avance de esclarecimiento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos”.

Al respecto, cabe precisar que la FGN emplea la categoría “avance en esclarecimiento” señalando en sus informes de gestión que “se entienden incluidas dentro de esta categoría aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado”. La información reportada por la FGN respecto a las investigaciones sobre estos crímenes es confusa y pretende mostrar resultados que distan de la realidad y la dimensión de los hechos, sin precisar en cuántos casos fue posible identificar a los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores. Además, no aborda la magnitud de los crímenes contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, ni cuenta la realidad vivida por quienes fueron asesinados defendiendo derechos, denunciando la violencia, creyendo en la construcción de paz y exigiendo al Estado las garantías en materia de protección y seguridad humana en los territorios.

Los casos documentados, en el informe Sistematicidad e impunidad en el asesinato de líderes y lideresas sociales corresponden a 255 víctimas de las regiones referidas, entre el 1 noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020. De ellas, 213 fueron caracterizadas como líderes y lideresas sociales y 42 como excombatientes. Estos casos dan cuenta de la sistematicidad y generalidad de estos crímenes, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Respecto a la sistematicidad, se identificó que el asesinato es la agresión predominante contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y contra los excombatientes. Los crímenes contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales se concentran en determinados sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos. Los más victimizados son los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical. También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes, personas defensoras que lideran o participan en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, líderes y lideresas que participan en procesos de restitución de tierras y defensa de los territorios, y ambientalistas.

Aunado a lo anterior, el asesinato de líderes y lideresas sociales es considerado una conducta grave, teniendo en cuenta la masividad y continuidad de esta violación al derecho a la vida. Por ello Colombia ha sido identificado por los organismos internacionales como el primer país en Latinoamérica en el predominio de asesinatos de líderes y lideresas sociales y es, además, considerado como un país en el cual la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las causas sociales representa una labor de alto riesgo.

En relación con la estigmatización, según la base de datos conjunta, 120 víctimas pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas. Respecto a los líderes y lideresas que pertenecían a organizaciones o movimientos políticos, la información documentada en la misma base de datos, permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo cual indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición.

Ante la generalidad en los crímenes contra las personas defensoras y en medio de la estigmatización que persiste, este informe afirma que la respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción es el eslabón que falta en el análisis de la sistematicidad en el asesinato contra los líderes, lideresas sociales, personas defensoras y excombatientes, y debe ser hallado en el marco de las obligaciones del Estado, teniendo en cuenta la adopción de una serie de recomendaciones sobre los siguientes aspectos:

- Considerar los antecedentes, las causas y móviles de los casos en las investigaciones de asesinatos a líderes y lideresas sociales, teniendo como hipótesis del proceso la labor de liderazgo social y defensa de los derechos que ellas y ellos desempeñaban, el enfoque diferencial, así como los contextos y territorios en los que ejercían su labor, los factores de riesgo asociados a la labor de liderazgo de las personas defensoras.

- Vincular las investigaciones de los casos entre sí, teniendo como criterios el factor territorial, el sector o sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, los derechos y reivindicaciones defendidos, entre otros aspectos.

- Identificar y caracterizar las estructuras y las alianzas, tras estos crímenes, a nivel local, regional y nacional.

- Establecer los intereses, determinadores, cómplices y beneficiarios de este tipo de conductas criminales.

- Identificar la responsabilidad de agentes estatales, por acción u omisión,

*Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.

El informe Sistematicidad e impunidad en el asesinato de líderes y lideresas sociales, publicado este martes, y elaborado por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Somos Defensores, y la Comisión Colombiana de Juristas, identificó una serie de patrones que revelan la generalidad y sistematicidad en los asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes; así como la estigmatización contra los dos colectivos y la impunidad respecto a estos crímenes. El análisis se centró en el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 al 30 junio de 2020, en los territorios de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños, vinculando información de siete bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, sobre violaciones a los derechos humanos.

Las amenazas, los asesinatos, los atentados y el desplazamiento forzado, entre otras violaciones a los derechos de quienes lideran causas sociales, identificados a través de los casos documentados y de las historias de vida de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, sus comunidades y organizaciones, continúan presentándose. Las violaciones a estos derechos no cesan en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz, en territorios estratégicos para diferentes actores armados, económicos, políticos y militares, y en regiones con predominio de conflictos ambientales, por la propiedad de la tierra, la permanencia en el territorio y el uso del suelo.

Ante este panorama, los precarios avances en materia de investigación por parte de Fiscalía General de la Nación (FGN) no han logrado identificar las causas estructurales de esta violencia y su relación con los intereses que confluyen en el silenciamiento de las personas defensoras y de los excombatientes.

Según información de la FGN, publicada en el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 diciembre de 2020, el ente investigador reportó los siguientes avances en materia de esclarecimiento:”La aplicación de las líneas de acción de la estrategia y la metodología de investigación han permitido que la Fiscalía eleve el índice de avances en el esclarecimiento en materia de casos de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Así, pese al elevado número de homicidios contra esta población y las limitaciones dadas por la pandemia, la Fiscalía ha dado un salto importante durante el año 2020, en el que se logró avanzar en 10 puntos porcentuales, de febrero de 2020 a febrero de 2021. Se pasó de 52% a 62,74% de avance de esclarecimiento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos”.

Al respecto, cabe precisar que la FGN emplea la categoría “avance en esclarecimiento” señalando en sus informes de gestión que “se entienden incluidas dentro de esta categoría aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado”. La información reportada por la FGN respecto a las investigaciones sobre estos crímenes es confusa y pretende mostrar resultados que distan de la realidad y la dimensión de los hechos, sin precisar en cuántos casos fue posible identificar a los autores intelectuales, las estructuras o alianzas tras los crímenes, los cómplices y los determinadores. Además, no aborda la magnitud de los crímenes contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, ni cuenta la realidad vivida por quienes fueron asesinados defendiendo derechos, denunciando la violencia, creyendo en la construcción de paz y exigiendo al Estado las garantías en materia de protección y seguridad humana en los territorios.

Los casos documentados, en el informe Sistematicidad e impunidad en el asesinato de líderes y lideresas sociales corresponden a 255 víctimas de las regiones referidas, entre el 1 noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020. De ellas, 213 fueron caracterizadas como líderes y lideresas sociales y 42 como excombatientes. Estos casos dan cuenta de la sistematicidad y generalidad de estos crímenes, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Respecto a la sistematicidad, se identificó que el asesinato es la agresión predominante contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y contra los excombatientes. Los crímenes contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales se concentran en determinados sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos. Los más victimizados son los sectores comunal, indígena, político, campesino y sindical. También han sido victimizados los líderes y lideresas afrodescendientes, personas defensoras que lideran o participan en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, líderes y lideresas que participan en procesos de restitución de tierras y defensa de los territorios, y ambientalistas.

Aunado a lo anterior, el asesinato de líderes y lideresas sociales es considerado una conducta grave, teniendo en cuenta la masividad y continuidad de esta violación al derecho a la vida. Por ello Colombia ha sido identificado por los organismos internacionales como el primer país en Latinoamérica en el predominio de asesinatos de líderes y lideresas sociales y es, además, considerado como un país en el cual la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las causas sociales representa una labor de alto riesgo.

En relación con la estigmatización, según la base de datos conjunta, 120 víctimas pertenecían a organizaciones políticas, comunales y campesinas. Respecto a los líderes y lideresas que pertenecían a organizaciones o movimientos políticos, la información documentada en la misma base de datos, permitió identificar 57 víctimas, de las cuales 44 pertenecían a Marcha Patriótica, lo cual indica que la violencia contra líderes y lideresas vinculados a movimientos políticos afecta en mayor medida a sectores de oposición.

Ante la generalidad en los crímenes contra las personas defensoras y en medio de la estigmatización que persiste, este informe afirma que la respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción es el eslabón que falta en el análisis de la sistematicidad en el asesinato contra los líderes, lideresas sociales, personas defensoras y excombatientes, y debe ser hallado en el marco de las obligaciones del Estado, teniendo en cuenta la adopción de una serie de recomendaciones sobre los siguientes aspectos:

- Considerar los antecedentes, las causas y móviles de los casos en las investigaciones de asesinatos a líderes y lideresas sociales, teniendo como hipótesis del proceso la labor de liderazgo social y defensa de los derechos que ellas y ellos desempeñaban, el enfoque diferencial, así como los contextos y territorios en los que ejercían su labor, los factores de riesgo asociados a la labor de liderazgo de las personas defensoras.

- Vincular las investigaciones de los casos entre sí, teniendo como criterios el factor territorial, el sector o sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, los derechos y reivindicaciones defendidos, entre otros aspectos.

- Identificar y caracterizar las estructuras y las alianzas, tras estos crímenes, a nivel local, regional y nacional.

- Establecer los intereses, determinadores, cómplices y beneficiarios de este tipo de conductas criminales.

- Identificar la responsabilidad de agentes estatales, por acción u omisión,

*Coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas.